En una carta enviada a El Mercurio, los economistas señalan que «en una época en que se privilegiaron los intereses empresariales en la negociación colectiva, con daño para el bien común, no podemos ahora privilegiar el interés sindical, dañando ese mismo bien común». En ese sentido, exigen tanto al gobierno como al Senado corregir la reforma de manera que permita el reemplazo interno y extensión de beneficios a personas no sindicalizadas.
Cuatro economistas ligados a la Concertación enrostraron su preocupación al gobierno por la tramitación de la Reforma Laboral y sus posibles impactos en el mercado.
En una carta enviada a El Mercurio firmada por los economistas José Pablo Arellano, René Cortazar, Manuel Marfán (todos ex ministros de gobiernos de la Concertación) y Joseph Ramos, actual presidente de la comisión presidencial de productividad designado por la presidenta, indican que si no se perfecciona el actual proyecto, «podrían afectar negativamente tanto la competitivdad como la generación de empleos».
Es por esto que en su misisva al matutitno, los académicos indican que es necesario quitar la prohibición del reemplazo en huelga, dando como ejemplo al mundo desarrollado donde sí se permite, con tal de «evitar que un grupo pequeño de trabajadores pueda paralizar al conjunto de la empresa».
Además, y como segunda petición, piden que se remueva la la facultad del sindicato para extender los beneficios de negociación colectiva a los trabajdores no sindicalizados, ya que «rompe el principio de igualdad de remunieraciones y condiciones de trabajo de personas que desarrollan la misma función», añadiendo que «induce a la afiliación sindical obligatoria».
Agregan además que les genera preocupación que se haga obligatoriedad la negociación con sindicatos interempresas.
Los economistas indican que si bien «en una época en que se privilegiaron los intereses empresariales en la negociación colectiva, con daño para el bien común, no podemos ahora privilegiar el interés sindical, dañando ese mismo bien común».
En ese sentido, apuntan como respaldo a la experiencia internacional en materia laboral para no cometer errores que «cuesta mucho corregirlos», doblando el llamado tanto al gobierno como al Senado para que velen por el bien común.
