Fallo que anuló las multas contra la corredora abrió flancos al argumento de la SVS
Si la Corte de Apelaciones confirma el fallo de primera instancia que liberó de responsabilidad a LarrainVial y Leonidas Vial en el emblemático caso, la teoría del esquema correrá peligro. En medio de esto, el ex SVS Alejandro Ferreiro lanzó fuego amigo aunque olvidó su propio accionar en el pasado. Con todo, una eventual derrota de la SVS le da mayor peso a la teoría de Julio Ponce: que Piñera y Moneda, fueron parte de un caso con pies de barro. Las claves del caso y algunos párrafos del mayor escándalo de la Bolsa chilena.
Desde el 2 de diciembre pasado, en los pasillos de LarrainVial –la corredora de Leonidas Vial y Fernando Larraín Cruzat– la esperanza volvió después de más de dos años de estar en el ojo del huracán y recibiendo nada más que malas noticias. En septiembre de 2013, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) la involucró en el llamado esquema de operaciones que ideó Julio Ponce Lerou –controlador indirecto de SQM– y en enero de 2014 le formuló cargos por su rol “instrumental” en el caso.
Dicho golpe fue ratificado en septiembre de 2014, cuando la sancionó con US$ 8 millones. A Leonidas Vial lo sancionaron con una multa de US$ 20 millones , y a los ejecutivos Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz con US$ 8 y US$ 4 millones, respectivamente.
El reciente fallo de primera instancia de la magistrada María Cecilia Morales echó abajo la multa de la SVS a la corredora y Vial, abriendo una sombra de dudas sobre el futuro del caso para la autoridad, que juega parte importante de su credibilidad en este asunto, en especial el ex titular de la SVS, Fernando Coloma, así como su sucesor y actual jefe del regulador, Carlos Pavez.
Si los tribunales confirman la decisión de Morales, al menos una parte del caso para la SVS quedaría en el suelo y, con ello, gran parte de los cuestionamientos a la forma en que funciona el mercado de capitales local, su lógica autorregulatoria a través de la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) y el Comité de Buenas Prácticas, amén del impacto que ha tenido para la corredora y los acusados en todo este tiempo.
Pero las consecuencias pueden ir aún más allá. Si el caso de la SVS fue un error técnico, de interpretación de la norma, Coloma y Pavez serán identificados como responsables de abrir una profunda grieta en el mercado local y afectar la imagen ante inversionistas extranjeros que han visto cómo la Bolsa chilena ha ido perdiendo atractivo en los últimos años, con montos transados en mínimos históricos y reducción también al mínimo de aperturas bursátiles. Parte de ese escenario negro de hoy, dicen los que se sienten afectados por el caso Cascadas, viene de la resolución sancionatoria de Pavez y del origen del caso con Coloma.
Más aun, la sospecha volverá sobre los reguladores y el Gobierno de Sebastián Piñera, y en particular el propio ex Presidente, sobre quien pesa la duda sobre el nivel de influencia que tuvo en el caso, directa e indirectamente, por la cantidad de amigos y socios que intervinieron previo a las acusaciones, como asimismo por la cantidad de negocios que hizo siendo socio de las cascadas.
Por el contrario, si las cortes revierten el fallo de Morales que anuló las multas sobre LarrainVial y su socio, la SVS podrá enarbolar la bandera de la justicia y los privados deberán guardar silencio al igual que cada uno de los que han defendido a la corredora.
El lunes de la semana pasada, el ex titular de la SVS, Alejandro Ferreiro, apareció en una entrevista con El Mercurio Inversiones. Allí criticó duramente a la SVS y, de paso, fijó posición en favor de la inocencia de LarrainVial.
En el artículo acusa a la entidad que dirige Pavez de “inconsistente”, por no emitir nuevas normativas para corregir lo que acusa: que las operaciones del caso Cascadas son ilegales pese a haber cumplido con lo establecido en los reglamentos y normativas vigentes, de la SVS y la Bolsa.
“Me parece inconsistente que por un lado se diga que las transacciones en bolsa son vulnerables a una distorsión en la formación de los precios y que en paralelo no se haya promovido una corrección equivalente, radical, para esos mecanismos de transacción bursátil. En el fondo, la superintendencia le ha dicho al mundo que los sistemas de formación de precios de las transacciones bursátiles hoy día reglamentados no funcionan y por ello se prestaron para el fraude que justifica las sanciones aplicadas en el caso cascadas. Si eso fuera así, no parece razonable dejar abierto ese mismo riesgo sin corregirlo”, sostiene.
Y también defiende a la corredora: “Es difícil haber incurrido en una irregularidad sustantiva mediante el cumplimiento estricto de la regularidad formal”.
No es primera vez que critica a la SVS. Antes ya había emitido opiniones de un tenor similar. En octubre del año pasado dijo a Pulso que “de confirmarse el modelo de esquema que señala la Superintendencia se arrastra inevitablemente la credibilidad de la bolsa chilena y probablemente se genera un manto de duda respecto de muchas otras operaciones realizadas de modos formalmente idénticos a las que hoy se cuestionan”.
Ambas frases van en el sentido de una de las principales líneas argumentales de la defensa de los principales involucrados en el caso y que apunta a que las operaciones no tienen nada de ilegal. Esto, a pesar de que la SVS ha insistido en distintas instancias que las operaciones no pueden analizarse por sí solas, sino que en el marco de un esquema de operaciones fraudulentas en el cual, si bien cada transacción cumple formalmente con las normas, las violan en su espíritu.
Por eso sus declaraciones no pasaron inadvertidas. Ferreiro lideró la SVS entre 2003 y 2006, durante el Gobierno de Lagos. Luego con Bachelet sería ministro de Economía hasta 2008.
A Ferreiro no le importó el impacto de sus dichos en medio del proceso judicial. Particularmente porque ya hay fallo en primera instancia y la Corte de Apelaciones deberá zanjar en los próximos meses sobre el caso. Pero aun más, porque Ferreiro fue director de Norte Grande entre el 29 de abril de 2010 y el 8 de marzo de 2012, período en el que no pocas cosas pasaron.
De hecho, un grupo de operaciones cuestionadas a Norte Grande, y por las que fueron sancionados, entre otros, Ponce y Motta, ocurrieron en el período en que fue director Ferreiro. Sin embargo, en un hecho hasta ahora poco explicado por la SVS, ningún director de las cascadas, a excepción de los sancionados, tuvo cargo ni sanción, lo que dejó al ex SVS liberado de multa y sobre todo de culpa. Porque además la SVS se preocupó de aclarar que fue el único director que alguna vez levantó la mano frente a Motta y Ponce en los directorios, cosa que el resto de los integrantes de dichas mesas, al parecer, jamás hizo, incluidos representantes de Moneda Asset Management, el ambivalente persecutor de Ponce, pero fiel socio y amigo de LarrainVial.
Pero la crítica de Ferreiro omite o, al menos, matiza su propia actuación cuando era jefe de la SVS. En 2004 le aplicó una multa de UF300 a LarrainVial por haberse concertado fuera de rueda para una operación con Deutsche Securities en el contexto de la apertura a bolsa de La Polar. LarrainVial hizo la colocación, la cual se adjudicó a través de un libro de órdenes y las acciones serían asignadas por esta vía, salvo aquellas que correspondían a las AFP. En ese momento, Deutsche tenía la orden de venta de Comercial Siglo XXI (La Polar) mientras LarrainVial la instrucción de compra por parte de las AFP. Se ejecutaron dos operaciones en condiciones de que no pudieran ser interferidas por terceros.
LarrainVial inscribió las órdenes de tal manera que no tuvieran que cumplir con las obligaciones de difusión, que en ese momento era de 30 minutos para lotes superiores a las UF 100.000. Lo hizo por montos menores, dividiendo el lote en dos transacciones, las cuales fueron calzadas al segundo por Deutsche Securities en circunstancias de que en ese minuto todavía no se transaban acciones de La Polar en el mercado.
El fallo de los tribunales respecto de la sanción que aplicó entonces la SVS demostró que las operaciones, ajustándose a la norma, pueden igualmente constituir una infracción. En dicha sentencia del 16 de agosto de 2010, la Corte de Apelaciones sostiene la tesis de la SVS y afirma que, si bien en la formal las corredoras obraron en concordancia con la normativa de la Bolsa y la SVS, en la práctica se trató de una convención fuera de rueda que simplemente luego pasaron por Bolsa.
“Que si bien las actuaciones de las reclamantes para cerrar el negocio en estudio, en forma aislada se ajustan a las modalidades previstas por las normas que regulan la materia y, desde esa perspectiva, no podrían ser objeto de reproche –las corredoras no están obligadas a utilizar una determinada modalidad para llevar a cabo una transacción bursátil (la OD, por ejemplo), ni tampoco es regla que deba ofrecerse vender antes que comprar, por mencionar algunas de las conductas descritas– ocurre que, analizadas en su conjunto, como una operación terminada, aparecen utilizadas para lograr el objetivo previsto por las reclamantes, lo que hace que ‘la operación en rueda’ no hubiere sido sino un mecanismo meramente formal, que en definitiva dejó fuera de competencia a otros inversionistas y que permitió manejar el precio de venta, tal cual las corredoras se lo habían propuesto, según consta de sus propios dichos”.
Así de tajante es la Corte para desestimar los alegatos de las corredoras y así de tajante fue la SVS en la actualidad para cuestionar a LarrainVial, sus ejecutivos y Leonidas Vial, por su rol “instrumental” en el esquema de Ponce.
Consultamos a Ferreiro por estas contradicciones y también le preguntamos qué hizo para enfrentar esas irregularidades que vio que se cometían aun cumpliendo las formalidades de la Bolsa y la SVS.
El ex SVS respondió, como normalmente lo hace, pero esta vez por escrito. En la entrevista –que puede ver en esta misma edición– Ferreiro se hace cargo a su manera de los cuestionamientos que le planteamos.
“Más que una contradicción, este ejemplo –que corresponde a un caso distinto– confirma mi preocupación: si el pleno cumplimiento de los procedimientos aplicables da lugar a situaciones anómalas o incompatibles con un mercado de capitales sano, es preciso revisar y corregir esos procedimientos. Ese camino es mejor que dejar abierta la incertidumbre de mantener vigentes regulaciones insuficientes o vulnerables que se presten a un cuestionamiento acerca de la intención de las partes. Esto siempre generará conflictos, interpretaciones contradictorias e incertidumbres regulatorias acerca de un punto esencial: la correcta formación del precio”, sostiene.
Agrega que “por eso, el camino correcto es ajustar los procedimientos para que las transacciones, por diseño y definición, se realicen en condiciones que favorezcan la participación simultánea y competitiva de todos quienes puedan tener interés en comprar o vender un instrumento”.
Concluye este punto afirmando que “en suma, si bien es teóricamente posible que bajo la apariencia de cumplimiento formal se haya realizado una operación cuyo sentido último sea cuestionable (sería una expresión de abuso de derecho), el objetivo de las regulaciones en estas materias es definir reglas para las operaciones bursátiles que impidan que eso ocurra y que sean autosuficientes para garantizar resultados justos e incuestionables. Ese debiera ser el objetivo regulatorio”.
En ningún momento Ferreiro explica qué medidas tomó para superar los puntos ciegos de la normativa –a la cual califica lúcidamente como escrita “a dos manos”–, pues son impuestas por la SVS (en consulta previa al mercado) o, en el caso de los reglamentos bursátiles, propuestos por el ruedo y validados por la superintendencia.
A Ferreiro no le calza que, habiendo existido un escándalo de la magnitud del caso Cascada, no haya –a su juicio– cambios normativos que impidan que algo similar ocurra en el futuro, aunque ha habido modificaciones sobre la materia.
Insiste en que el corazón de su crítica radica en que no ha habido cambios regulatorios después del caso, por tanto, el impacto del fallo de la SVS no es consistente con las multas del mismo. Sin embargo, ha habido varias normativas después de este sonado asunto, algunas de las cuales apuntan directamente a los cuestionamientos que hizo la Superintendencia sobre las operaciones fraudulentas.
Un ejemplo es la Bolsa de Santiago, la cual actualizó su manual de operaciones en acciones en mayo de 2015 y amplió el plazo de difusión de los remates de 20 a 24 horas. También fijó tiempos de publicidad con respecto al tamaño de las subastas y su equivalencia en la propiedad de una empresa. Asimismo, estableció mayores exigencias de difusión para las operaciones OD con tal de favorecer la intervención de terceros.
Por otro lado, en enero del año pasado, la Bolsa le presentó a la SVS una propuesta para minimizar los conflictos de interés en la industria a través del documento “Manual de Derechos y Obligaciones de Corredores”, el cual se hizo a partir de las recomendaciones del Comité de Autorregulación compiladas en las “Normas de Prevención y Manejo de Conflictos de Interés por los Corredores de Bolsa”.
Después de la resolución del caso Cascada, la SVS emitió en marzo de 2015 la Norma de Carácter General N°380, con nuevas regulaciones para la relación de las corredoras con sus clientes.
En ella destaca la obligación para los intermediarios de celebrar contratos con inversionistas, en los cuales se establecen condiciones y términos de la relación entre ambos, detallando derechos y obligaciones de las partes. Hasta la emisión de esta norma, la relación se establecía a través de la firma de la «Ficha de Cliente». Dicho documento exige al intermediario velar por que cada transacción se realice en las mejores condiciones para el inversor, comunicando oportunamente cualquier potencial conflicto de interés que pueda surgir y asegurándose que los clientes tengan acceso a información relevante que les permita evaluar características, costos y riesgos de las operaciones o productos ofrecidos.
La SVS estuvo trabajando en esa norma entre 2012 y 2013. En octubre de 2013 se puso en consulta y, a la luz de los antecedentes recabados con motivo de algunos casos, como el Cascada, hubo cambios en el borrador. Una vez emitida en marzo del año pasado, se le dio nueve meses a la Bolsa para que adecuara su iniciativa sobre conflictos de interés a esta norma.
Desde que la Bolsa presentara la primera propuesta en el 2014, ha habido diferencias en cuanto a cuáles son las regulaciones que mejor abordan la problemática y respecto a los alcances de la Norma 380. Mientras la SVS establece una mayor responsabilidad en el corredor hacia el cliente, la Bolsa se centra más en lo que, en su opinión, serían mejoras a los sistemas de negociación y que, supuestamente, podrían evitar conductas poco deseadas.
En marzo de este año debería entrar a operar la norma en cuestión.
Conocedores en materia de regulación de mercado, sostienen que hay que considerar que el actuar de la SVS se enmarca dentro de lo que la ley le permite y no puede legislar por la vía normativa. En caso de vacíos legales, el regulador puede recomendar al Ministerio de Hacienda cambios en esta materia y, si se trata de asuntos normativos, puede ajustar sus propias normas. Hoy uno de los principales vacíos legales en materia económica guarda más relación con los conglomerados financieros que con aristas relativas a las cascadas.
Cuando Ferreiro advierte que el de 2004, respecto de la apertura en Bolsa, es un caso distinto, efectivamente alude no solo al hecho de que fueron dos corredoras las coludidas en esa ocasión –como recuerda una fuente vinculada al caso actual–, sino también a que la SVS presentó, en tribunales y en su resolución administrativa, documentos en que las corredoras reconocen que tuvieron un contacto fuera de rueda para que una publicara la venta de acciones en el sistema y la otra la calzara con una oferta de compra de las AFP. Es decir, hubo una evidencia palpable de acuerdo fuera de rueda.
El reclamo en el caso Cascadas de LarrainVial, Leonidas Vial y los ejecutivos Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, es que la SVS no presenta evidencia de ese tipo sino solo presunciones. Por ello hicieron tanto hincapié –el que asumió como propio la magistrada Morales y algunos medios de comunicación– en la declaración de Víctor Zapata, funcionario de la SVS, donde este señalaba –aunque advertía que no era una novedad del caso– que no había evidencia de reconocimiento de los involucrados en algún acuerdo fuera de rueda.
Sin embargo, el mismo fallo de Ferreiro en 2004 indica explícitamente que la evidencia palpable no es la única en juego sino una serie de elementos, propios de las operaciones realizadas –tiempos de difusión y la coincidencia de que una publicara la venta y la otra la calzara con la compra– que permitieron a las acusadas simular la legalidad y ocultar el ilícito.
Otros elementos similares a los que se le cuestiona a la SVS ahora ayudan a su razonamiento actual. En la resolución se evidencia que ni Deutsche ni LV lucran grandiosamente. La primera obtiene dos millones de pesos de comisión mientras la firma de León Vial no gana nada. El argumento de la ausencia de comisiones o ganancias acotadas también es reiteradamente señalado por las defensas de Vial, la corredora y los ejecutivos Errázuriz y Bulnes. Es más, cuando LarrainVial veía cómo las AFP dejaban de operar con ellos, en el mercado se advertía del efecto en la compañía, no tanto por los ingresos que generan, sino por el volumen que les da y que permite a los corredores visibilizarse con inversionistas extranjeros que son los que mejor pagan el corretaje.
Pero el caso de la corredora Larrain Vial y de su socio contra la SVS –que por ahora ganan por puntos los dos primeros– tiene elementos adicionales en juego.
La corredora solo debe enfrentar la disputa jurídica de las operaciones realizadas desde septiembre de 2010 en adelante. Y parte importante de los hechos denunciados por la SVS son de 2009 y la primera parte de 2010, todos los cuales no pueden ser sancionados con multa por estar prescritos, ya que la resolución sancionatoria llegó solo en septiembre de 2014, ayudando en ello la gran cantidad de acciones judiciales de los distintos actores del esquema denunciado por la SVS, tanto a nivel administrativo como judicial –incluyendo la llegada de Motta al Tribunal Constitucional– y sin contar las acciones penales de alto carácter mediático de Julio Ponce en el Ministerio Público, las que nunca tuvieron consecuencias y son parte de último capítulo de este artículo.
Los plazos de prescripción son claves. Es en 2009 cuando la corredora y León Vial son particularmente activos en el esquema que denuncia la SVS. Según el relato de esta, en su resolución sancionatoria, en 2009 el 86% de los montos operados por los participantes del “esquema” fueron intermediados por LV y agrega que el 93,6% de los montos operados por la corredora ese año con dichos títulos correspondieron a negocios de sociedades de Ponce, Roberto Guzmán, Alberto Le Blanc y Leonidas Vial.
Esto es determinante en el caso de la SVS y dependerá de que la Corte valide su inclusión en el fallo para definir el futuro del juicio. De hecho, en su apelación la entidad que lidera Carlos Pavez, representada por el CDE, hace fuerte hincapié en aquello, sabiendo que la subordinación que le asigna a Leonidas Vial, la corredora y los ejecutivos de esta, parte en 2009 y, si no fuera por los plazos de prescripción, la multa también los habría incluido. Deduce la SVS que, aun cuando en 2010 y 2011 las operaciones de LV y Leonidas Vial bajan sustancialmente respecto del año previo, por las características que tienen y por el antecedente de lo ocurrido en 2009, resulta válido estructurarlas en el “contexto” del mismo esquema.
Por contrapartida, la estrategia de los “Larra” es compartimentar los grupos de operaciones, evitando el vínculo que hace la SVS, con lo cual limita la evaluación del caso al cumplimiento formal de los reglamentos y normativas. Fue esta línea la que tomó María Cecilia Morales cuando falló en su favor y en contra de ello es que el CDE litiga estos días.
En primer lugar la SVS estima que Leonidas Vial obtuvo ganancias de UF 1,76 millón por su rol instrumental en el esquema entre 2009 y 2011. Si bien nunca hubo reconocimiento de Vial y la corredora de haber tenido participación en dicho esquema, lo cierto es que para la autoridad hay evidencias de que su inversión y desinversión tenían necesariamente como correlato un acuerdo externo a la Bolsa y previo a las operaciones.
Para ello la SVS demuestra que las acciones cascada –sobre todo Oro Blanco y Norte– tenían poca liquidez y su compra o venta estaba fuertemente vinculada a la decisión de Ponce de comprar o vender. Siendo así –señala la SVS–, el grupo que participaba de dichas transacciones era cuasicerrado, partiendo por Ponce y las cascadas y seguido por los diferentes agentes vinculados, relacionados e instrumentales, a saber: Vial, Roberto Guzmán, Alberto Le Blanc. A ellos se agregaban las AFP, Moneda Asset Management y, hasta que vende en mayo de 2008, Sebastián Piñera.
En esa línea, para la SVS, juegan los dichos del propio Vial, quien afirma que Ponce era un controlador “persistente”, de quien era poco esperable que diera mucha flotación en Bolsa a los papeles. Según la SVS, esto es evidencia de que las transacciones con papeles de las cascadas no eran un mercado perfecto y estaba supeditado a lo que hicieran 6 o 7 actores. Es decir, el riesgo que Vial alega que corrió en las distintas transacciones cuestionadas, no es el mismo que en otros negocios, pues su participación sostenida en el tiempo le permite presumir que conocía el patrón de inversión y desinversión de Ponce y de las cascadas, controladas en el directorio por Ponce y conducidas por Motta, mano derecha del ex yerno de Augusto Pinochet.
Y justamente eso es lo que hacen las cascadas, Ponce, Guzmán y Vial en 2009 –el año más intenso aunque no considerado para las multas debido a la prescripción, pero sí en el relato de la sanción para evidenciar las conductas–, en 2010 y en 2011, estos últimos dos años con menor número de transacciones en el llamado esquema, si bien concentradas en actores similares.
Para atacar a León Vial y su corredora, la superintendencia recuerda los negocios que Bulnes y Errázuriz le ofrecían, en algunos casos antes que a otros inversionistas, agregando el antecedente de que Vial es socio de la corredora y, por ende, presume que dicho vínculo influyó.
Sin embargo, parte de estos mismos argumentos son usados por la corredora y León Vial para explicar su actuación y liberarse de responsabilidades. Dicen que Vial opera con su corredora porque es una obligación, por tanto, advierten que no puede ser un argumento en contra.
Luego explican las operaciones de 2009 y las de 2010 y 2011 como consecuencia de que las cascadas pusieron a disposición del mercado acciones, no por decisión de Vial ni de la corredora. Es un contrafactual de la SVS, afirman las fuentes, pues la relevante participación de Vial es evidencia de su conducta histórica de “apostar fuerte” cada vez que invierte y no de una colusión con Ponce y Guzmán. Si Bulnes y Errázuriz le ofrecían participar en las operaciones, agregan, era porque Vial venía con interés por los papeles desde antes y porque, ya se ha dicho, los interesados en las cascadas –Oro y Pampa, las más cercanas al subyacente SQM– eran un grupo acotado de inversionistas. Y, finalmente, si continuó participando en dichas transacciones es efecto de lo anterior, al igual que el nivel de participación de LV en las operaciones, sobre todo en 2009.
Los argumentos de la corredora, sus ejecutivos y Vial van mucho más allá. Advierten que las AFP y Moneda venían desinvirtiendo aguas abajo –más cerca de SQM– y apostando por el descuento de Norte Grande, aguas arriba. Pero, recuerdan, como lo ha publicado este medio, que no solo ellos participaron de las operaciones cuestionadas sino también las AFP y Moneda. Si no accedieron a montos mayores, advierten, es porque simplemente no quisieron apostar por más, no porque se los impidieran los acusados de ser parte del esquema.
A LarrainVial se le multa por un remate de 42 millones de acciones de Calichera el 23 de septiembre de 2010 y por OD con difusión de tres minutos con SQM-A entre Pampa y Oro el 23 y 24 de diciembre de 2010 y el 14 y 17 de enero de 2011.
A la corredora y su socio les parece una aberración que la SVS olvide que únicamente son un intermediario y que nunca conocieron las intenciones de sus clientes. Pero el infinito número de operaciones intermediadas por la corredora que gerenciaba Bulnes era tal, que la SVS considera imposible que no existiera algún conocimiento del ida y vuelta de papeles, que beneficiaban en la ida a unos y perjudicaban en la vuelta otros.
Si la SVS pierde en la Corte, las lecturas son varias. Primero, un cuestionamiento severo a la calidad de los tribunales –María Cecilia Morales– y ministros de las cortes para comprender la complejidad del caso. Lo mismo pensarían, por cierto, los acusados, en sentido inverso, si pierden.
Segundo, que la SVS –primero con Coloma y luego con Pavez– se embarcó en un caso difícil de demostrar y que trajo consigo una crisis de proporciones en el mercado, incertidumbre bursátil total y renuncias en directorios y gerencias de empresas y la Bolsa, presionadas por el impacto mediático del caso.
Sin embargo, existe una tercera arista, la más compleja y oscura que es posible de imaginar, pero que ha rodeado el caso desde septiembre de 2013.
En enero de 2011, cuando recién arribaba a la gerencia general de la corredora de bolsa del banco Santander, Ignacio Pérez, procedente de Merrill Lynch, pidió reuniones con sus superiores de la entidad de capitales españoles.
En sus manos tenía un Excel, que él mismo había elaborado y que desde hacía tiempo le quitaba el sueño. Eran las operaciones principales que dieron finalmente cuerpo al esquema desarrollado por la SVS. Un documento sencillo, sin redacción, y con números que parecían no admitir dudas de irregularidades en el funcionamiento del mercado local.
Pérez reconoce la autoría del documento y sabe que a su planilla se le identifica como el origen del “panfleto”.
Fuentes del sector aseguran que Pérez quería proteger al banco, pues presumía que algo raro ocurría y no quería que se viera involucrada la entidad. Sobre todo, considerando los cuestionamientos que planteó en junio de 2009 el, a la sazón, ejecutivo de Celfin (hoy BTG), Rafael Ariztía, respecto del remate del 20% de Oro Blanco realizado en esos días.
«¿Dónde están los reguladores en este país? ¿Cómo puede ser que 20% de una compañía que se supone regulada por la SVS sea puesta en un remate en bandeja para un director, con un descuento considerable respecto de su precio de mercado?», escribió Ariztía en la carta que El Mercurio publicó el sábado 20 de junio de ese año.
Las fuentes afirman que Santander no había tenido mayor participación en las operaciones con cascadas, aunque uno de los hoy involucrados en el esquema sí habría recibido algún financiamiento de la entidad bancaria.
Según la información que recibió este medio de una fuente externa al banco, Pérez acudió a sus superiores para advertirles del riesgo de trabajar con Ponce. En ese momento, el presidente de Santander era Mauricio Larraín, el gerente general Claudio Melandri y el superior de Pérez, Felipe Hurtado.
Aunque hay discrepancia entre las fuentes sobre la reacción exacta de los jefes de banco, lo cierto es que al parecer lo escucharon, porque hacia adelante Santander nunca más tuvo vínculos con las cascadas ni con los cercanos a Ponce.
Algunos de los imputados en el caso advierten que Pérez tenía un interés personal. A través de su sociedad San Joaquín, manejaba acciones de las cascadas, lo que lo habría motivado a perseguir a Ponce, por la pérdida de patrimonio en el ir y venir de las transacciones que había tenido el dueño de SQM. Sin embargo, el propio Pérez advierte que los papeles los tenía desde varios años antes, que nunca los vendió y que no representaban más del 5% de su portafolio de acciones.
Pero el Excel de Pérez lo vieron más personas. Fuentes que conocieron del documento afirman que diversos inversionistas institucionales lo tuvieron, entre ellos las AFP, pero que gran parte no le dio importancia.
El hilo de la historia pierde claridad en los siguientes pasos, pero distintas fuentes vinculadas al mismo concuerdan en que entre Consorcio, con Tomás Hurtado como uno de los protagonistas, y Moneda –donde era socio el grupo de Juan Hurtado Vicuña y Eduardo Fernández León– terminó de fraguarse un documento más extenso y completo.
Algunos adjudican un rol en las conversaciones a Raimundo Valenzuela, entonces socio de Moneda; a Juan Luis Rivera, también socio de la misma entidad y ex mano derecha de Sebastián Piñera –a quien incluso representó en el directorio de las cascadas–; y a Pablo Echeverría, presidente de Moneda.
Ese año no hubo grandes novedades. Solo, a fin de año, un enigmático accionista minoritario de las cascadas, Carlos Wulff, entonces ejecutivo de Codelco, acudió a la SVS a entregar antecedentes sobre los estados financieros de las sociedades que controlan SQM. Ahí fue que comenzó el baile.
En marzo de 2012, la SVS ordena a las cascadas reversar utilidades por US$ 235 millones generadas en operaciones de 2011 –donde participó Linzor Total Fund, Global Mining e intermedió Banchile– y, de paso, suspender la junta de acciones prevista para el mes siguiente, donde distribuirían dividendos por US$ 326 millones. Este fue el primer capítulo del caso cascadas.
Ya en junio de 2012 la guerra de Moneda contra Ponce es declarada. En esos días se realizan juntas de accionistas de las cascadas y en ellas Moneda enarbola por primera vez la bandera de la justicia y acude a la SVS. Pedro Pablo Gutiérrez –abogado de la firma– y Pablo Echeverría se reúnen con media docena de funcionarios de la SVS y denuncian con papeles en mano lo que les parecía un patrón extraño de operaciones de las cascadas, Julio Ponce y Roberto Guzmán.
A esas alturas –revelaría más tarde Fernando Coloma–, la superintendencia ya investigaba el caso, con los datos entregados por el enigmático Wulff ocho meses antes. Representantes de Moneda irían dos veces más a la SVS en el futuro. Una de ellas, luego que en octubre de 2012 los demandara civilmente y, posteriormente, en febrero de 2013 los querellara, acciones que no generarían ningún efecto en los siguientes años.
Fue en el primer trimestre de 2013 cuando Moneda presenta un escrito a la SVS que dirigía Coloma, solicitando investigar las operaciones que hoy son parte del esquema denunciado por la autoridad y que está viviendo el primer paso clave con la disputa LarrainVial-León Vial contra la SVS.
Cercanos a Ponce han dicho que la SVS fue dirigida por Moneda para armar la teoría del esquema, las formulaciones de cargos de septiembre de 2013 y las sanciones de un año después. Incluso, acusan que cercanos al conocido gestor de fondos tenían en la SVS “santos en la corte”. Nada de eso ha sido demostrado hasta ahora y este medio no ha encontrado evidencia alguna de que sea cierto.
Pero lo cierto es que las mayores dudas sobre un eventual origen espurio del caso Cascada apuntan más al fondo, a una cuestión meramente de plata y a peces gordos. En particular, al rol que pudo tener, directa o indirectamente, Sebastián Piñera.
“Si su excelencia el Presidente hubiera participado en las cascadas, no habría caso cascada”, fue la frase preparada, pensada e irónicamente lanzada el 7 de marzo de 2014 por Julio Ponce a las afuera del Ministerio Público, luego de declarar en el marco de la querella que presentó contra funcionarios de la SVS por los cargos que ocho meses antes le habían notificado.
El ex Presidente es conocido en el mercado bursátil por su agresividad y su afán de ganarles a todos. Recordada es la entrevista que dio en julio de 2010, ya instalado en La Moneda, al Financial Times y donde el periodista describía que Piñera tenía una pantalla de Bloomberg en su oficina en el Palacio de Gobierno. Su carácter intempestivo lo traicionó una y otra vez, incluso quiso descender en el cilindro que subiría a tierra a los 33 mineros encerrados en la mina San José.
Por eso, no son pocos los que dan cierta credibilidad al hecho de que habrían sido sus cercanos amigos de negocios los que impulsaron a Moneda a declarar la guerra a Ponce en 2012. Algunos nombran a Juan Luis Rivera, con quien tenía un vínculo estrecho.
Así lo deja en evidencia la llamativa presencia de Piñera en 2010, siendo ya Jefe de Estado en la despedida de Rivera, quien partía a Nueva York a manejar la oficina de Moneda en Estados Unidos. En la noche del evento, conspicuos invitados iluminaban el departamento de quien fuera por años mano derecha del hoy ex Presidente.
Allí estaba Pablo Echeverría, presidente de Moneda. También acudió a la comida el gerente general de la corredora LarrainVial, Manuel Bulnes, hoy acusado de ser parte del esquema denunciado por la SVS. Pero también estaba Ponce.
Quienes participaron de esa fiesta recuerdan lo activo que estuvo Piñera en el evento. Incluso, un asistente relata que el entonces Presidente aduló graciosamente a la mujer de Rivera, estando presente Cecilia Morel.
El evento ocurría en los mismos días en que supuestamente Ponce se coludía con Leonidas Vial, la corredora de este y el propio Bulnes. Toda una paradoja.
La historia es registrada por algunos acusados por la SVS como una evidencia de que la más tradicional corredora del país no podía sospechar que Ponce tramaba hacerse pasadas en la Bolsa a costa de Moneda y las AFP.
En esa línea se entiende la conversación de Pablo Echeverría con Manuel Bulnes y José Miguel Barros, ambos de LarrainVial, sobre el río Támesis, en el marco del Chile Day, en octubre de 2013 en Londres. En esas mismas horas se conocía en Chile la formulación de cargos de la SVS contra Ponce, Guzmán, Le Blanc y Motta.
Echeverría lucía feliz. Su enemigo era acusado públicamente de liderar operaciones fraudulentas en la Bolsa y sancionado con US$ 70 millones de multa. Pablo se acercó a sus amigos de “Larra” y les hizo ver su alegría de que no fueran acusados por la superintendencia.
Pero aunque en el documento de la SVS no se acusaba a LarrainVial ni a su emblemático socio, lo cierto es que la inquietud de la corredora era real, pues su participación en las operaciones aventuraba que la SVS tarde o temprano podría caerle encima. Y eso ocurrió en enero de 2014, cuando la autoridad acusó a la corredora, Leonidas Vial y sus ejecutivos de ser actores instrumentales del esquema.
La noche, entonces, se le vino encima a Vial y su gente. La molestia con Moneda surgió espontánea. Fuentes bien informadas aseguran que representantes de la corredora tuvieron encuentros privados con representantes de Moneda, donde desplegaron excusas de que lo ocurrido era un lamentable “daño colateral” de la investigación contra Ponce.
El vínculo personal, afectivo, de Leonidas Vial y su corredora con Moneda, era profundo. Por eso evitaron castigarlos más. Tanto se querían, que mientras las AFP interrumpieron operaciones con la corredora, Moneda nunca lo hizo.
Otro evento nocturno es el que ya se conoce y que fue ratificado por el amigo de Ponce, Patricio Phillips: la comida en casa de Esperanza Cueto, hermana de los actuales controladores de Lan. Allí, describió Phillips, Piñera le habría pedido a Darío Calderón mantener negociaciones con Ponce para que este los compensara con US$ 70 millones a través de Moneda y otras sociedades, asegurando que en paralelo Piñera habría dicho que, a cambio, él se “encargaría” del caso que investigaba la SVS.
Por otra parte, José Cox, íntimo amigo de Piñera, mantenía contactos con el propio Calderón y representantes de Moneda en 2012 para cerrar el acuerdo y olvidarse de la disputa que en ese momento se encumbraba en la SVS. Cox dijo en su momento que lo hizo como una colaboración ad honórem, sin más motivo que el de ayudar a terminar un conflicto.
La intervención de Julio Dittborn, siendo subsecretario de Hacienda, ante el titular de SVS, Fernando Coloma, en 2013, también suma pelos a la sopa. Aunque Dittborn negó en una ocasión que fuera a representar el interés de Ponce, lo cierto es que el motivo de su actuación nunca fue develado y la investigación de José Morales –liberando de responsabilidad a la SVS– ante las denuncias de Ponce, tampoco dejó nada claro.
Si la historia enarbolada por Ponce, de que el caso Cascadas solo fue la consecuencia de una trama originada en el interés de Piñera y arengada por Moneda, a estas alturas puede ser solamente un mito. Pero el fin del caso –que en las próximas semanas continuará con el enfrentamiento de LarrainVial y Leonidas Vial con la SVS en la Corte de Apelaciones– seguirá condimentando la trama más oscura del mercado de capitales en las últimas décadas.
