El 22 de marzo próximo el fiscal estrella del caso Penta lo acusará por violar la Ley del Mercado de Valores, incluyendo uso de custodia, mientras la corredora que presidía su padre bordeaba la quiebra.
Francisco Montaner profundiza su crisis.
El ex socio de Euroamérica, sancionado por uso de información privilegiada en 2010 y cuyo último negocio, la corredora FIT, cayó en desgracia en 2015 por la insuficiencia de su capital para seguir operando, deberá enfrentar a la justicia nuevamente.
Pero esta vez, el escenario es aún peor. Desde hace algunos meses Carlos Gajardo, el fiscal clave en destapar los casos de delitos tributarios y financiamiento irregular a la política en la arista Penta, se hizo cargo de la causa por la caída de FIT y una serie de denuncias de clientes contra la corredora.
La investigación avanzó a tal nivel que a las 12 horas del próximo 22 de marzo, según publica hoy diario Pulso, junto a su padre Ricardo (que presidía la firma) y el ex gerente general de la firma, Gerardo Rojas, por delitos contra la Ley de Mercado de Valores, incluyendo el uso de custodia.
La acusación apuntaría a los delitos contemplados en los artículos 59 letra a), 60 letras b), i) y j) de la ley 18.045, relativos a proporcionar antecedentes falsos a la Superintendencia, a una bolsa de valores o al público en general. También lo formalizará por actuar “directamente o en forma encubierta como corredores de bolsa, agentes de valores o clasificadores de riesgo, sin estar inscritos en los registros”, por utilizar indebidamente “en beneficio propio o de terceros, valores entregados en custodia”, y por alterar, modificar o destruir “documentos, soportes tecnológicos o antecedentes de cualquier naturaleza, impidiendo o dificultando con ello la fiscalización de la Superintendencia”.
Además, Gajardo también los formalizará por el delito de estafa del artículo 468 del Código Penal, que sanciona al “que defraudare a otro usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o créditos supuestos, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación imaginarios, o valiéndose de cualquier otro engaño semejante”.
La causa comenzó cuando a mediados de 2015 se presentaran una serie de querellas por estafa, falsificación y apropiación indebida por ex clientes de la firma, ente ellos Inversiones Ramaja, la sociedad que a fines de 2014 pidió la quiebra de la corredora por deudas cercanas a los $1.100 millones, causa que fue la terminó provocando la caída total de la empresa.
Aunque Montaner se esforzó por dar a entender que no incluía en la gestión de la corredora dado que no tenía cargos formales en ella, lo cierto es que, revela Pulso, distintos ex ejecutivos declararon en su contra en la investigación, describiendo su rol en las operaciones diarias y la toma de decisiones de la compañía, incluso en medio de la suspensión de la corredora por parte de la Bolsa de Comercio y la SVS, período en que también pidió créditos a ex empleados por cifras millonarias y que aún no se pagan.
En esa línea, habría sido el ex conductor de programas de televisión de Canal 13, quien dio órdenes de conseguir recursos de clientes para cumplir con los ratios exigidos por el regulador.
Además, Gerardo Rojas se comprometió a conseguir recursos para concretar un aumento de capital por US$25 millones que supuestamente subsanaría los indicadores de patrimonio y liquidez que le impedían revertir la suspensión aplicada por la SVS. Aunque Rojas dijo en varias ocasiones a medios que tendrían el dinero y que este llegaría de la asesoría en la venta de una minera -Sierra Miranda al norteamericano Roger Kennedy-, los $14 mil millones que supuesta entrarían a las arcas nunca llegaron.
Montaner fue multado en 2007 por uso de información privilegiada mientras trabajaba en EuroAmerica, caso que provocó su salida -junto al socio y gerente de inversiones Roberto Guzmán- de FIT y más adelante ceder el control a los argentinos de InvertirOnline, los que en 2015 volvieron a vender a los antiguos socios.
Las acusaciones del fiscal Gajardo por infracciones cometidas entre 2012 a 2014, “en carácter de consumados, y en calidad de autores”, implican penas entre 541 días a tres años y un día.
