Las administradoras ya le habían comentado su intención de alcanzar una salida extrajudicial con la corredora de bolsa. En 2014, el regulador les había exigido tomar todas las medidas para indemnizar a sus afiliados y estas no descartan un acuerdo en términos similares con el resto de los involucrados.
Mayores detalles sobre el acuerdo extrajudicial que recientemente alcanzaron las AFP con LarrainVial es lo que por estos días les está pidiendo la Superintendencia de Pensiones.
Tras el anuncio del miércoles, en el cual las administradoras se comprometían a levantar las demandas civiles contra la intermediaria a cambio de una compensación económica –que para el caso de Habitat, Capital y Cuprum alcanza en total los US$2,3 millones–, el regulador previsional las ofició para conocer la letra chica de los mismos.
Tras ser consultada, la entidad fiscalizadora comunicó que “antes de hacer pública su decisión, las AFP comentaron a la Superintendencia de Pensiones de los acuerdos antes mencionados (…). Como es habitual en cualquier proceso en el que participan las AFP en representación de los fondos de pensiones, la Superintendencia solicitará los antecedentes de los acuerdos”.
A la espera de lo que resuelva Provida, dicho acuerdo marca un punto de inflexión para las AFP, porque les abre la posibilidad de que los afiliados recuperen la pérdida de valor que les habría generado el caso Cascada, que en cuanto a Habitat fue $5.900 millones; $2.950 millones en Cuprum; y US$3.800 millones en Capital. Para todos estos montos, LarrainVial se comprometió a pagar el equivalente al 11,9%, que es la porción que le correspondió de los US$171 millones en sanciones de la SVS, incluyendo a sus ejecutivos Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz.
La Superintendencia de Pensiones constantemente ha mostrado señales de preocupación por el caso. Ya en septiembre de 2014, tras la primera formulación de cargos de la SVS, había oficiado a Capital, Cuprum, Habitat, Planvital y Provida y a la AFC para que cuantificaran los perjuicios del caso Cascada e informaran las acciones legales que emprenderían para resarcir las eventuales pérdidas. El resultado de esos documentos fueron unas pérdidas estimadas entre US$31 millones a US$44 millones.
En ese entonces, la entonces titular del organismo, Tamara Agnic, dijo que este no se pronunciaría sobre las estrategias que desarrollen las AFP para obtener compensaciones, con el fin de no entorpecer o afectar el resultado positivo de las acciones que iniciaran o que ya hubiesen iniciado en tribunales.
Aún está por verse si la puerta que abrieron las AFP es lo suficientemente ancha para que alcance para Julio Ponce y el resto de los involucrados. Si las administradoras levantan sus demandas civiles contra este grupo y a su vez este no asume culpa, sería un precedente no menor para la arista penal del caso, en el cual solo Habitat y la gestora de fondos Moneda son los inversionistas institucionales que han presentado querellas.
