ntre una investigación por corrupción, un juicio político, y denuncias de un golpe de estado, este año ha sido difícil seguirle el ritmo a Brasil.
Dilma Rousseff, que fue reelegida presidenta por estrecho margen en el 2014, gobernó con un parlamento que le bloqueó su intento de recortar costos. El presidente de la Cámara Baja, separado ahora de su cargo por la Suprema Corte, abandonó abiertamente la coalición gubernamental, una movida que seguiría su partido. La economía se fue hundiendo cada vez más en la recesión, y se prevé que llegue a los peores números en más de un siglo. Las empresas no invierten y el desempleo sube mientras la inflación sigue alta y los consumidores reducen sus gastos.
La investigación por corrupción conocida como “Lavado de autos”, sobre presuntos sobornos en la petrolera estatal Petrobras, involucra a decenas de políticos y ejecutivos. El juicio político se basa en otra serie de denuncias, que acusan a Rouseff de haber adulterado ilícitamente las cuentas fiscales para tapar el volumen del déficit fiscal. Rousseff ha acusado a su vicepresidente Michel Temer, quien ahora ha asumido la presidencia y concita la esperanza y ansiedad de los inversores, de orquestar un golpe de estado en su contra.
Las primeras semanas de Temer en sus funciones no han sido buenas. Designó al favorito del mercado, Henrique Meirelles, como ministro de Finanzas, pero fue criticado por haber armado un gabinete de todos hombres y eliminado el Ministerio de la Mujer, la Igualdad Racial y los Derechos Humanos. Por otra parte, ha perdido dos miembros de su nuevo gabinete debido a filtraciones de información vinculadas con el “Lavado de autos”.
A Rousseff no se la investiga por el “Lavado de autos”.
