Fiscal Guerra y platas políticas: “No podemos generar en la población una expectativa de que todos estos casos van a terminar sí o sí en la cárcel cuando no es así”

El Fiscal Regional Oriente, Manuel Guerra, quien lleva la investigación en el caso Penta, bajó las expectativas respecto a que la mayoría de los políticos que se han visto involucrados en delitos por financiamiento irregular de campañas puedan terminar en prisión, como es actualmente el caso del senador ex UDI Jaime Orpis –quien está con una medida cautelar–, debido a que las penas a las que están sometidos tienen una baja penalidad.

Ayer, en entrevista con La Tercera, el persecutor dijo compartir las declaraciones del ex Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, quien señaló que era baja la probabilidad de que hubiera condenas con cárcel para estos casos.

“Bajo nuestra prognosis al día de hoy sí, pero en definitiva no somos nosotros quienes definimos. Ahora, yo creo que en general la mayoría de las personas que puedan ser condenadas probablemente no lo sean a penas de cárcel y eso pasa por las bajas penas que tienen señalados los delitos tributarios”, explicó.

Y agregó que “los delitos tributarios por regla general no tienen señalada pena de crimen y la forma de llegar  a tener pena de crimen es mediante la configuración de circunstancias agravantes como la reiteración u otras circunstancias que señala la ley o en que en realidad tengan más de un delito. Por ejemplo, es lo que hemos visto en la situación de senador Orpis, donde en definitiva el delito de crimen es el delito de fraude al fisco. Por lo tanto, lo que dijo el fiscal Chahuán es bastante acertado: no podemos generar en la población una expectativa de que todos estos casos van a terminar sí o sí en la cárcel cuando no es así”.

Respecto a lo declarado por la esposa de Orpis, Ana Luis Jouanne, que acusó a los fiscales de un afán por figurar y conseguir un botín político, Guerra lo descartó de plano.

“Yo descarto absolutamente que el actuar de cualquier fiscal del Ministerio Público que haya intervenido en estos casos sea por un afán de figuración. Nosotros no buscamos crear estos casos. Aquí los hechos que dan origen a estos casos y que tienen al día de hoy formalizados a una buena cantidad de personas, inclusive, al día de hoy, con un senador privado de libertad, no los originó el Ministerio Público. Nosotros no buscamos investigar esto. Esto nos llegó a nuestras manos y simplemente lo que hemos hecho es nuestro trabajo”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que “nosotros no andamos detrás de entregarle ningún botín de ninguna índole. Aquí da lo mismo quién cometió el delito. Circunstancialmente se trata de personas que son personajes públicos ligados a la política en algunos casos, por ende, para nosotros no hay ningún botín del cual estemos detrás”.

Laurence Golborne

En cuanto a la arista en donde existen 10 nuevas empresas investigadas a partir de aportes al ex candidato presidencial Laurence Golborne, el fiscal detalló que existe una querella deducida por el Servicio de Impuestos Internos (SII), por la emisión de boletas y facturas que significaron recursos para su campaña y “con ese aval podemos indagar seriamente la situación de estas empresas no solo en cuanto a las facturas de Golborne, sino que además ver si hay delito por parte de los representantes legales de estas, como también respecto de otras facturas que aparezcan rectificadas y que den cuenta de servicios que no fueron prestados. Vamos a indagar y si tenemos que formalizar a personas vinculadas a estas otras diez empresas, porque llegamos a la convicción de que hay delito, lo vamos a hacer”.

En ese orden, dijo que esto significa que podrían aparecer más políticos vinculados a este hecho, ya que “si nosotros determinamos que aquellas facturas o boletas que aparezcan rectificadas en estas empresas lo fueron porque se trató de servicios no prestados –sin importar si la plata fue destinada o no a una campaña política, porque en realidad eso para nosotros es irrelevante– estaríamos frente a delitos tributarios. Y nosotros tenemos que formalizar a las personas que hayan participado de eso, ya sea como emisores de la boleta, ya sea como facilitadores, o sea, como representantes de las propias empresas que también cometen delito tributario”.

También despejó dudas sobre un posible acuerdo y que enfrente una misma situación que Jovino Novoa. Sobre este punto, precisó que “yo creo que no es bueno homologar situaciones, se trata de situaciones distintas. El señor Novoa fue acusado y condenado por dos delitos distintos. Respecto al señor Golborne tenemos un solo delito, pero estamos hablando también de montos muy superiores y de una cantidad de documentos tributarios bastante superiores”.

Bancorp y Piñera

Sobre la solicitud a que algunos bancos levantaran el secreto bancario para conocer si Bancorp posee cuentas en tales instituciones, el persecutor lamentó no poder referirse a una diligencia de investigación concreta.

“Lo que puedo decir es que obviamente nosotros tenemos que examinar las cuentas para conocer el destino del dinero desde su origen hasta su destinatario final. Pero al día de hoy, en el caso de Bancorp, la persona imputada es el señor Santiago Valdés, que era el representante legal a la época correspondiente de Bancorp y también dice relación con la empresa Vox Populi”, explicó.

También declinó referirse a si Piñera puede eximirse de una persecución penal por el hecho de que tuviera un fideicomiso ciego, mencionando que “lo que sí puedo decir es que al día de hoy el ex Presidente Piñera no es imputado, no es sospechoso en la investigación que llevamos adelante”.

En ese sentido, en cuanto a una eventual declaración del ex Mandatario, puntualizó que “va a depender de las conclusiones a las que lleguemos con las diligencias de investigación que hemos desarrollado respecto de Bancorp y Vox Populi, el determinar si existe o no la necesidad de que el ex Presidente declare”.

“No podemos descartar la necesidad de citarlo al día de hoy, pero tenemos que examinarlo. Lo único que puedo decir es que él no es imputado el día de hoy”, finalizó.