Opinión
«Existe un importante traspaso del costo de los beneficios sociales a cuenta del empleador hacia el empleado. Algunos señalan incluso que en el largo plazo dicha transferencia sería casi total. No obstante, el reajuste en los salarios sería necesario para que los niveles de desempleo no aumenten. De lo contrario, como muestra el caso colombiano, un menor traspaso se podría traducir en mayores niveles de desempleo».
El anuncio de la Presidenta de la República en relación con el alza de la cotización en 5% a cuenta del empleador, es un paso importante en respecto a fortalecer el actual sistema mixto. Sin embargo, el debate debe continuar y los detalles que se definan próximamente serán cruciales en determinar si el anuncio se transforma en lo prometido o un fracaso.
Por ello es importante entender las consecuencias que este tipo de medidas pueden tener. Algunos economistas han señalado públicamente que dicha cotización es un impuesto al trabajo. La razón de ello es que toda cotización adicional que no se destine al fondo de capitalización individual, se convierte inmediatamente en un subsidio hacia un tercero. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, fue claro: “Una parte (se destinará) de manera solidaria a los pensionados, de manera que los que trabajamos hoy ayudaremos a los jubilados de hoy; mientras que otra parte se distribuirá de manera solidaria entre los actuales trabajadores, para que los que ganamos más ayudemos a que los que ganan menos, para que puedan ahorrar más para su vejez”.
Según el economista de la Universidad de Nottingham, Richard Disney, para que este tipo de contribuciones sea considerado como un impuesto, quienes aportan lo deben hacer a un fondo de carácter público (como es el caso actual) y con la expectativa de recibir nada a cambio. De lo contrario, no puede ser considerado puramente como un tributo. Bajo lo anterior cada peso de ese aporte adicional, que no se destine al fondo de ahorro individual, puede ser considerado como un impuesto.
La crítica original hacia los impuestos descontados por planilla (“payroll taxes”) nace de la idea de que un alza del impuesto al trabajo incrementaría el costo de este, disminuyendo la competitividad de las empresas y, por consiguiente, una caída del empleo. Ejemplo de ello serían los altos niveles de desempleo mostrados en Europa desde los años 60, argumentan algunos.
La teoría económica señala que la existencia de programas de retiro financiados por contribuciones públicas o privadas, provocaría que los individuos alteren su oferta laboral. Si el empleado es quien carga con este nuevo costo, habrá una diferencia entre los salarios anteriores y posteriores a la entrada de la nueva obligación, alterando la oferta de horas y participación laboral. Por el contrario, si es el empleador quien asume dicho costo, este buscará traspasarlo a los consumidores mediante un aumento del precio. Lo que afectará la demanda de trabajo.
¿Cuánto de la cotización a cargo del empleador sería traspasada a los empleados?
La evidencia internacional es amplia. Para el caso de China, por ejemplo, Ingrid Nielsen and Russell Smyth (2006) concluyen que por cada 1% de alza en la tasa contributiva, los salarios caerían un 0.3% en promedio. Lo anterior debido a que cerca de un 10% de la contribución que carga el empleador es traspasado a los empleados. Para Estados Unidos, en tanto, la mayoría de los estudios señala que más del 50% de dicho costo es transferido a los empleados: Gruber y Krueger (1991), Anderson y Myer (2000), Baiker y Chandra (2006), entre otros.
En Japón los resultados van en la misma línea. De acuerdo a Komamura y Yamada (2004), un alza de 1% en el pago de beneficios sociales a cargo del empleador, se traduce en una caída de 1% en los salarios. Por su parte, Azémar y Desbordes (2009) concluyen que para los países de la OECD un alza de 1% de las contribuciones provoca una caída de 0.55% en los salarios.
Para Chile, Gruber (1997) se basó en el período 1979-1986, específicamente en el sector manufacturero, donde la contribución al sistema de protección social descendió en promedio un 25%. El estudio indica que una reducción completa de los impuestos por planilla –resultado de la privatización del sistema de seguridad social chileno a principios de los años 80–, se tradujo en mayores sueldos. Si bien dicha medida tuvo un efecto directo en los salarios, los datos señalan que no hubo efectos sobre los niveles de empleo.
Edwards y Cox (2002), por su parte, establecieron que una reducción del impuesto implícito al trabajo, como sería el pago de parte del empleador a un fondo de pensión solidario, resultaría en un alza en los sueldos del sector informal cercana a un 2%. En relación con el desempleo, su impacto también sería acotado.
Resultados similares se encuentran para el caso colombiano, donde un alza de un 10% en el tributo descontado por planilla, generaría una caída entre 1.4% y 2.3% de los salarios. No obstante, los efectos en el empleo formal tendrían un impacto negativo entre 4% al 5%. El traspaso de la contribución hacia el empleado se calcula en 20%. Este menor traspaso de la carga tributaria hacia los trabajadores, se traduciría en un impacto mayor en los niveles de desempleo. Específicamente a nivel de los trabajadores menos calificados (Kugler y Kugler, 2003).
La evidencia es clara. Existe un importante traspaso del costo de los beneficios sociales a cuenta del empleador hacia el empleado. Algunos señalan incluso que en el largo plazo dicha transferencia sería casi total. No obstante, el reajuste en los salarios sería necesario para que los niveles de desempleo no aumenten. De lo contrario, como muestra el caso colombiano, un menor traspaso se podría traducir en mayores niveles de desempleo.
De suma importancia es tener en cuenta los efectos antes señalados, ya que deberán estar en el debate que continúa. Pero igualmente importante es tener claro quiénes se verán beneficiados con este tipo de medidas. El alza del 5% a la cotización favorecerá el Pilar solidario actual y futuro, pero no las pensiones de todos.
Matías Estay Landaeta
Economista
