La histórica multa sentaría un precedente y la industria sigue el caso con atención
Esta semana CorpBanca pidió a la Suprema no admitir la queja de la Sbif por el fallo de la Corte de Apelaciones que dejó sin efecto la multa por US$ 30 millones. Al enfrentamiento judicial con el superintendente de Bancos, se sumó ayer la aparición en La Tercera –que Saieh controla– de un reportaje en que defiende el rol de Rafael Guilisasti al frente de las sociedades Cascadas, firmas financiadas por el polémico crédito y que dieron origen a la disputa con la superintendencia. También se refiere a su rol en el directorio de la Corfo, aunque en ninguna parte se transparenta el vínculo del controlador del matutino con el banco protagonista de la contienda legal. Puede parecer una casualidad, pero la publicación no hace más que reinstalar el debate acerca del uso que el empresario, directa o indirectamente, ha dado al medio en los temas que lo involucran.
Esta semana la batalla entre el regulador de la banca y el Grupo Saieh subió de temperatura.
El martes se supo que CorpBanca pidió a la Corte Suprema no admitir la queja de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) por el fallo de la Corte de Apelaciones que dejó sin efecto la histórica multa por US$ 30 millones que, a fines de 2015, aplicó la entidad liderada por Eric Parrado.
La disputa es acerca de una serie de créditos que CorpBanca otorgó a las sociedades Cascadas, que –a juicio de Parrado y su equipo– superan los límites que se pueden aplicar a una misma empresa. Y de esto derivó la multa. CorpBanca, en ese entonces aún 100% controlada por la familia Saieh, recurrió ante la Corte de Apelaciones y ganó. Parrado retrucó acudiendo con un reclamo ante la Corte Suprema y ahí es donde está la pelea ahora.
De acuerdo a El Mercurio, en su escrito CorpBanca pidió declarar inadmisible el recurso de queja de la Sbif, afirmando que es una apelación encubierta que se “se basa en alegaciones de hecho imposibles de demostrar o controvertir en esta sede, y que ya fueron desestimadas en el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones”. Y agrega que la superintendencia referida pretende someter a conocimiento de la Corte Suprema el mismo asunto que ya fue conocido y resuelto por el tribunal de alzada, transformándolo en una nueva instancia.
Al enfrentamiento judicial con la Sbif se sumó ayer uno mediático.
Aduciendo el cumplimiento de su primer año como presidente de las sociedades Cascada, este martes el diario La Tercera publicó, en su sección de Negocios, una especie de perfil de Rafael Guilisasti Gana.
En dicho artículo se destacan, sin fuentes identificadas, las distintas virtudes que –según el medio– ha mostrado Guilisasti como timonel de las sociedades que permiten a Julio Ponce Lerou manejar la minera no metálica. Tampoco en parte alguna del reportaje se transparenta el vínculo del controlador del matutino con el banco protagonista de la contienda legal (aunque una nota relacionada, publicada en Pulso, su diario financiero, sí transparenta tal relación).
Puede parecer una casualidad, pero la publicación no hace más que reinstalar el debate acerca del uso que el empresario ha dado, directa o indirectamente, al medio en los temas que lo involucran.
Justamente, Guilisasti ha estado en la polémica en los últimos doce meses, después que en septiembre de 2015 dejara su cargo como consejero de Corfo, para asumir como presidente de las sociedades ligadas a Ponce Lerou. Su salida generó escándalo, pues Guilisasti también ejercía como director de CorpBanca, banco que en ese momento controlaba Saieh y que había anunciado nuevos financiamientos a las Cascadas días antes de que el ex timonel de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) asumiera su actual puesto.
De hecho, en ese momento la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) inició una fiscalización al banco, proceso que terminó con la histórica multa de US$ 30 millones aplicada el último día de 2015, a través de una carta enviada a la entidad financiera, factor determinante en el hecho de que hace pocos días la Corte de Apelaciones echara abajo la sanción, por considerar que no cumplía con el debido proceso garantizado en la Constitución.
En estos días el caso está radicado en la Suprema, donde el fiscalizador busca revertir el fallo, aunque CorpBanca ya pidió que se rechace su admisibilidad.
La discusión entre la Sbif –que lidera Eric Parrado– y CorpBanca, ha estado plagada de ataques públicos entre ambas entidades, incluyendo la intervención de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), que en una comunicación pública el día en que apareció el fallo del tribunal de alzada reclamó públicamente que la Sbif clarificara su definición de grupo económico, en alusión a la conceptualización que efectuara el regulador y que le permitió multar a CorpBanca por violar límites individuales de crédito.
“Ejecutoriado el fallo y si no hay un pronunciamiento sobre el fondo, la Asociación de Bancos considera indispensable que la Sbif clarifique su interpretación sobre la aplicación de las normas sobre límites de crédito”, rezaba el comunicado.
El documento también criticaba al regulador, al señalar que la sentencia “confirma la acertada decisión del Ministro de Hacienda de proponer la creación de una Comisión para el Mercado Financiero, lo que debiese permitir que la facultad sancionatoria sea ejercida por un órgano colegiado, especialmente en materias tan relevantes como la analizada por la Corte de Apelaciones”, deslizando, así, otro cuestionamiento al rol de Parrado frente a CorpBanca.
Cabe mencionar que en el gremio de la banca uno de los directores es Jorge Andrés Saieh, hijo de Álvaro, director de Itaú-Corpabanca y presidente de Copesa, el controlador de La Tercera.
Con la salida de Guilisasti de Corfo hace un año y su aterrizaje en las sociedades Cascadas, se abría el flanco más político, pues la corporación estatal se enfrentaba en una disputa arbitral con SQM por contratos de arriendo para explotar litio en el Salar de Atacama y se cuestionó que Guilisasti tuviera información confidencial de la estrategia jurídica de Corfo, justo antes de asumir en las sociedades a través de las cuales Julio Ponce, indirectamente, controla la minera.
Guilisasti se ha quejado públicamente –incluyendo una entrevista concedida al propio diario La Tercera– de los cuestionamientos efectuados por el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, quien ha acusado su actuación y además ha pedido públicamente que Ponce deje la propiedad de SQM, para buscar una salida a la disputa arbitral.
De hecho, en estos días avanza el proceso para que Ponce abandone el control de la minera, aunque no está claro si efectivamente el ex yerno de Pinochet dejará de ser el accionista dominante, ya que encontró una fórmula que le permitirá mantener un porcentaje de acciones pequeño a través de Potasios, que le posibilita tener un director, quien teóricamente tendría el voto clave en cualquier disputa en el directorio.
En efecto, Bitran ha acudido a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) para exigir que se ordene el lanzamiento de una Oferta Pública de Acciones (OPA) de quien busque controlar Pampa Calichera, la Cascada más cercana en la cadena a SQM.
En esa línea, la publicación de ayer en La Tercera defiende el rol que ha jugado en las Cascadas el ex director del banco.
Asegura el artículo que Guilisasti estableció una ‘muralla china’ entre SQM y las Cascadas, que ha impedido la influencia de Ponce en la gestión de las sociedades, al tiempo que logró evitar que se crucen directores de la minera y de las firmas que él preside.
Pero más incisivo aún es el hincapié que hace el artículo en las “duras” críticas que ha recibido Guilisasti. Que este, asegura el medio, considera injusta la duda respecto a si intervino en los créditos otorgados a las Cascadas cuando era director de CorpBanca, como asimismo los cuestionamientos al eventual revelamiento de información del juicio de Corfo con SQM.
Fuentes afirman que en la Sbif existe una sensación de que Saieh les está dando batalla a través de sus medios. Apuntan a editoriales y diversos reportajes que dejan a la institución y al regulador mal parados, sin transparentar el vínculo del diario con el controlador del banco.
