Otra vez en conflicto, ahora por el caso Exalmar
Banco de Talca, el caso Chispas, la sanción por no respetar el deber de abstención al comprar acciones de Lan teniendo en su poder información privilegiada, las operaciones vinculadas con Cascadas, el link a los casos Penta y SQM y el último affaire: los peces peruanos.
Sebastián Piñera sabe jugar en el límite. Miles de páginas se han escrito al respecto y su imagen sigue incólume.
Esta semana explotó un nuevo escándalo que involucra al ex Presidente y, como siempre, acusó persecución política (“campaña sucia”), al tiempo que descartó ilegalidades, faltas a la ética o conflicto de interés por haber adquirido acciones de Exalmar –pesquera peruana–, en medio del diferendo marítimo con el país andino ante La Haya.
Pero lo cierto es que sus redes son amplias y su participación en negocios está ampliamente diversificada.
Con un pasado vinculado a asesorías a Manuel Cruzat, a fines de los 70, Piñera llegó a la gerencia general de Banco de Talca poco antes que estallara la crisis financiera que afectó, entre otros, a la entidad financiera que él conducía y respecto de la cual la justicia investigaba operaciones crediticias a sus accionistas. Piñera es encargado reo y sorpresivamente desaparece 28 días hasta que la Corte de Apelaciones resuelve liberarlo. En los años posteriores han surgido diversas revelaciones sobre esas semanas en que Piñera no fue encontrado en su casa ni en su oficina y las gestiones que hiciera la ministra de Justicia de la dictadura, Mónica Madariaga, para lograr su salida del caso.
A fines de los 90 estalló el caso Chispas. Piñera era accionista y, si bien había quedado fuera del acuerdo que ejecutivos y dueños de acciones de Enersis –liderados por José Yuraszeck– firmaron con Endesa España, nuevamente de manera sorpresiva Piñera logró un acuerdo bajo cuerda, obteniendo beneficios económicos superiores a los otros minoritarios.
En 2006, Piñera aparece nuevamente, esta vez adquiriendo acciones de la aerolínea Lan –hoy Latam– en los minutos posteriores a la sesión de directorio en que se aprobaba la publicación de los estados financieros de la compañía. La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) formula cargos contra él y su socio y actual controlador de la empresa, Juan José Cueto Plaza.
A Piñera lo sancionan con una multa de más de 360 millones de pesos que finalmente acepta pagar sin dar la pelea en la Corte de Apelaciones, dado que, de acudir a dicha instancia en ese momento (2007), podría haber provocado que el caso siguiera abierto cuando en 2009 se postulara nuevamente a la Presidencia, la que finalmente alcanzó en marzo de 2010.
En dicho caso, la SVS decide no acusarlo por uso de información privilegiada, esto ante los antecedentes que Piñera entrega y que, a juicio del titular de ese momento, Alberto Etchegaray, confirmaban que la información de que disponía –Fecu y reparto de dividendos– no había sido fundamental en su decisión de invertir.
En ese mismo año Piñera inicia la parte más dura de su disputa con Julio Ponce Lerou, relación que le traerá dolores de cabeza en La Moneda.
En 2006 es cuando Piñera logra acceder a un puesto en el directorio de dos de las sociedades Cascada, Pampa Calichera y Oro Blanco, siendo representado por Juan Luis Rivera.
En 2008, Piñera decide vender sus acciones y quien las adquiere es Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet y controlador indirecto de la minera no metálica.
Esta operación, que le generó al ex Presidente ingresos por casi US$ 180 millones, fue reiteradamente aludida por el propio Ponce y por distintos diputados de la Nueva Mayoría a propósito de la comisión investigadora que se abrió en la Cámara de Diputados y en particular desde septiembre de 2013, cuando la SVS le formula cargos a Ponce y un grupo de sus colaboradores cercanos por el “esquema” de operaciones con acciones de las Cascadas, donde no fue incluido Piñera.
“Sin su excelencia el Presidente Piñera, no habría caso Cascada”, dijo Ponce en su única declaración pública, a las afueras del Ministerio Público, deslizando una supuesta intervención de La Moneda en el proceso.
Las operaciones por las cuales son sancionados Ponce y su círculo más cercano parten en 2009 y concluyen en 2011, y se les acusa de perjudicar a las sociedades Cascadas en beneficio de sociedades personales de los acusados.
Según relatan cercanos al caso, Piñera nunca quedó conforme con los precios a los cuales vendió a Ponce y esto habría generado una seguidilla de gestiones ante el controlador de SQM para que le compensara. De hecho, el amigo de Piñera, José Cox, fue parte de algunas negociaciones con representantes de Ponce (Darío Calderón) y Moneda (Pablo Echeverría) en 2012, para intentar destrabar el conflicto, lo que finalmente no ocurrió y se desatan las denuncias ante la SVS y la investigación posterior.
Lo cierto es que, al momento de la investigación del caso, siendo Piñera Presidente, aún mantenía en su poder acciones de dos sociedades Cascadas, pero en ese caso la excusa fue que él tenía dichos papeles en el fideicomiso ciego gestionado por LarrainVial, Moneda Corredores de Bolsa y Celfin (BTG Pactual), por lo que no sabía acerca de lo que hacían con dichas acciones.
Hasta ayer, el último gran foco sobre la actuación de Piñera en los negocios en paralelo con su labor política, estaba en los casos Penta y SQM.
Con el grupo de Carlos Alberto Délano –amigo personal de Piñera y ex presidente de la Fundación Teletón– y Carlos Eugenio Lavín, Piñera aparece vinculado a través de operaciones financieras forward.
La primera involucra a Bancorp con CB (Cruzat) y Penta, y asciende a $ 50 millones.
La segunda arista es en SQM, donde se investigan boletas por $ 340 millones emitidas por Bancorp a SQM
Y la tercera vertiente de platas políticas es un extraño episodio hasta ahora no aclarado. Mientras Piñera era dueño de Chilevisión (CHV), esta compañía debió pagarle bonos y supuestas asesorías al ex ejecutivo del canal, Jaime de Aguirre, por $ 130 millones . Dichos dineros no los pagó CHV sino que fueron entregados a la sociedad del ejecutivo De Aguirre, con boletas falsas emitidas a Aguas Andinas, Pampa Calichera, Asesorías e Inversiones Ilihue y SQM, existiendo hasta hoy la duda sobre si esas platas fueron a financiar campañas políticas vinculadas al ex Mandatario. De Aguirre ha dicho que lo hizo a petición de uno de los ejecutivos claves de Bancard, la sociedad que administra los activos del ex Presidente.
En estos últimos casos, solo ha respondido Santiago Valdés, ejecutivo de Bancard.
Ahora, Piñera debe explicar cómo es que su sociedad Bancard International invirtió en una pesquera peruana mientras La Moneda enfrentaba el diferendo marítimo con Perú ante La Haya. El ex Mandatario asegura que abandonó la gestión de dicha sociedad, pero los socios de la misma justamente son sus hijos, su mujer y él.
