Ahora fue el turno de dos comunidades indígenas que, bajo el amparo de la Fundación Desierto de Atacama, quieren llevar nuevamente a la compañía a tribunales. Piden que se cite a declarar a Julio Ponce y Patricio Contesse, ex presidente y gerente general, respectivamente. Las razones están en línea con los incumplimientos que ya constató la Superintendencia del Medio Ambiente, entidad que levantó cargos en junio y, eventualmente, podría suspender sus actividades en el Salar de Llamara, pieza clave dentro de la cadena de negocios de la firma.
Las presuntas irregularidades de SQM en su proyecto Pampa Hermosa están abriendo un nuevo capítulo. El Ministerio Público declaró admisible una querella presentada contra quienes resulten responsables de los delitos de daños calificados y usurpación fraudulenta de aguas, a propósito de los cargos que en junio levantó la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) contra la empresa.
Las acusaciones corrieron por cuenta de dos comunidades indígenas de la zona, que apuntaron al detrimento de un bien nacional de uso público, el cual consideran esencial para su ecosistema y que, precisamente, buscaba resguardar una Resolución de Calificación Ambiental que no habría sido cumplida por la empresa.
El recurso le mete presión no solo a SQM sino también a la SMA, que todavía no se pronuncia respecto del plan de cumplimiento que presentó la minera para resarcir los cargos presentados hace unas semanas.
Estos, eventualmente, podrían derivar en el impedimento de seguir explotando el Salar de Llamara, pieza clave dentro de la cadena de negocios de la compañía, considerando que de este dependen las producciones de yodo y nitrato de sodio, toda vez que este último material es imprescindible para la producción de nitrato de potasio, uno de los productos que más utilidades le genera a la empresa, como explicamos hace unas semanas.
La querella se suma a la larga lista de contingencias legales que enfrenta la compañía, la cual se vio en el ojo del huracán tras conocerse su vinculación en casos de aportes irregulares al mundo político.
La acusación sostiene la existencia de una extracción ilegal y masiva de aguas, por sobre el caudal total autorizado ambientalmente, siguiendo la línea de los cargos de la SMA.
“En términos generales, los ilícitos que se cometen por abuso de confianza tienen su origen en actos legítimos, como lo es en el presente caso los derechos de aprovechamiento de aguas que obtuvo SQM S.A. legítimamente ante la DGA (Dirección General de Aguas); pero luego, el agente abusa de este vínculo actuando en su propio beneficio y perjudicando deliberadamente a la víctima. De esta forma, en el presente caso y más allá de los graves daños al patrimonio ambiental de nuestro país, se daña gravemente a mi representada en sus derechos sobre el acuífero del Salar de Llamara”, consigna parte de la acusación presentada por el abogado Alonso Barros, quien a su vez es investigador senior de la Fundación Desierto de Atacama.
Consultado respecto de la querella, Barros insistió en que “existe un atropello permanente grave y manifiesto por parte de Soquimich a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del proyecto Pampa Hermosa –que fue otorgada a solo unos meses de asumir el Gobierno de Sebastián Piñera–, RCA que le ha permitido a SQM lucrar de manera abusiva, infringiendo la ley, y con grave daño al Salar de Llamara, violando el derecho al agua y el patrimonio territorial, material e inmaterial de las comunidades indígenas Aymara y Quechua, que dependen de dichos recursos para sobrevivir».
El abogado agregó que “esperamos que la conocida red de corrupción que la empresa controlada por el ex yerno de Pinochet logró instalar en el aparato público, a través del financiamiento ilegal de todos los sectores políticos, haya quedado desmontada, para que no se logre impedir que este caso sea efectivamente investigado y castigado, evitando así que SQM siga obteniendo ganancias ilegales a costa de la explotación ilegal de los puquios de los Quillagua y de los Huatacondinos, en la Reserva Natural Pampa del Tamarugal, que es tanto de uso ancestral de los indígenas directamente afectados, como perteneciente a todos los chilenos».
Precisamente el principal accionista de SQM, Julio Ponce, es el blanco de las diligencias que considera la querella, pues la presentación pide que se le cite a declarar como testigo, “toda vez que se desempeñó como presidente del directorio de la titular del proyecto Pampa Hermosa, durante el período de tiempo en que acaecieron los hechos que fundan la acción que se entabla en lo principal del presente libelo”. Junto a él, la querella también pide el testimonio de Patricio Contesse, ex gerente general, quien cedió su cargo a Patricio de Solminihac tras conocerse el escándalo de las platas políticas.
Consultada la compañía, afirmaron desconocer esta denuncia. Sin embargo, en cuanto a la formulación de cargos por parte de la SMA, la firma reiteró que ya presentó un programa de cumplimiento con el objetivo de atender las “no conformidades” identificadas por la autoridad ambiental.
“Consideramos importante mencionar que las faltas identificadas por la SMA no aluden a extracciones de agua por sobre los niveles autorizados, sino que se refieren en lo principal a la forma de implementar una medida de mitigación en el sector de los Puquios de Llamara. Así también, reafirmamos que estas diferencias en la implementación de la medida no han afectado negativamente al ecosistema que se busca proteger”, añadió.
El Salar de Llamara cumple un rol fundamental dentro de la cadena de negocios de SQM. Solo considerando la información por segmentos de operación, la firma registró utilidades por US$199,4 millones, las que se explican en gran parte por los productos que se extraen de dicho salar.
Como publicamos hace algunas semanas, SQM se nutre del Salar de Atacama para producir litio y potasio, minerales que en dicho período le generaron ganancias por US$216,1 millones y US$29,5 millones. Sin embargo, el segundo ítem que más utilidades le reporta a la empresa es el nitrato de potasio, el cual le generó utilidades por US$116,2 millones y que se produce gracias al potasio extraído del Salar de Atacama y el nitrato de sodio que se extrae del Salar de Llamara, lugar desde el cual también se da la extracción de yodo, producto que le reportó otros US$29,4 millones al tercer trimestre de este año.
Es por lo anterior que el asunto no es en absoluto trivial para la empresa, considerando además que está fuertemente enfrentada con Corfo, entidad que le entregó en arriendo pertenencias mineras del Salar de Atacama para su explotación, pero que mediante un juicio arbitral busca ponerle término a esta alianza.
Hace solo unos días, la compañía informó que sus utilidades netas en el tercer trimestre se vieron fuertemente impulsadas gracias al boom del litio, registrando ganancias de US$55,8 millones versus los US$13,7 millones del periodo comprendido entre junio y septiembre de 2015. Sus ganancias acumuladas hasta septiembre de este año fueron de US$197,4 millones, por sobre los US$168,6 millones que registró en el mismo lapso de 2015.
