Informe se usó en discusión del Presupuesto 2017
Un estudio que encargó la Dirección de Presupuestos del Ejecutivo da cuenta de los factores que explican la llamada deuda hospitalaria, que en 2015 alcanzó un máximo de $255.131 millones y crece un promedio de 18% anual desde el 2008. El promedio por año de la deuda hospitalaria desde el primer Gobierno de Bachelet ha sido de alrededor de $100.000 millones. Entre 2008 a 2015, promedió un sobregasto de 7,2%, llegando a un máximo de 9,5% el año pasado. Diez servicios de salud concentran el 65% de las deudas que arrastra el sistema y las situaciones más críticas se hallan en regiones. El 98% de esta deuda la explica la compra de insumos médicos, el resto es por gastos en personal, donde la alerta está puesta en la alta dotación de trabajadores a honorarios, difícil de calcular año a año. Los mismos servicios de salud piden menos de lo que necesitan para cada ejercicio. La mayor sorpresa es que el mayor impacto en la presión al alza proviene de factores no demográficos. El documento dice que es urgente rediseñar la organización del sistema público de salud o el sobregasto seguirá en alza en el tiempo. (ACLARACIÓN)
En Quillota tuvieron que suspender 17 cirugías porque no había antibióticos posoperatorios. Faltan cosas tan básicas como hojas de bisturí y vendas en pabellones, así como medicamentos para cumplir con las recetas de los pacientes, decía ayer La Tercera. Pero se trata solo de un caso crítico de una realidad aún más negra, como es la crisis económica de la salud pública.
Todos, efectos de una problemática que atraviesa a distintos gobiernos y que hasta ahora no ha podido superarse.
Un estudio reservado que encargó la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ejecutivo da cuenta de los factores que explican la llamada deuda hospitalaria, que en 2015 alcanzó un máximo de $255.131 millones y crece un promedio de 18% anual desde el 2008. Entre 2008 a 2015 en promedio hubo sobregasto de 7,2%, llegando a un máximo de 9,5% el año pasado.
Diez servicios de salud concentran el 65% de las deudas que arrastra el sistema y las situaciones más críticas se hallan en regiones. El 98% de esta deuda la explica la compra de insumos médicos, el resto es por gastos en personal, donde la alerta está puesta en la alta dotación de trabajadores a honorarios, difícil de calcular año a año. Los mismos servicios de salud piden menos de lo que necesitan para cada ejercicio.
La mayor sorpresa es que el mayor impacto en la presión al alza proviene de factores no demográficos. El documento dice que es imperante rediseñar la organización del sistema público de salud o el sobregasto seguirá en alza en el tiempo
El Gobierno ha hecho gestiones por ir superando una cuestión que data desde hace años y el estudio de la Dipres es parte de esos esfuerzos. El informe se mantuvo en reserva pero, desde hace un par de semanas, ya circula en distintas oficinas gubernamentales, aunque con ciertas restricciones.
Se trata de un estudio que arroja conclusiones lapidarias respecto de lo que debe hacerse para revertir esta crisis, lo cual no será nada fácil, pues se trata de un problema con múltiples factores, lo que hoy explica por qué Hacienda destina recursos excepcionales para tapar hoyos, provocando subejecuciones en proyectos de inversión del sector salud.
Cifras de la OECD, con tope al 2013, muestran que el país gasta US$1.204 per cápita en esta área, monto equivalente al 13% del que gasta EE.UU., cuya sociedad tiene la misma expectativa de vida que los chilenos, cuestión que contrasta con el aumento del gasto en salud que desde 2005 sube más de un 5% anual, según la misma organización. No es suficiente, en todo caso, pero la solución tampoco es simple, considerando el avance en el gasto fiscal de los últimos años, lo cual ha sido tema de preocupación para Hacienda y economistas en general.
El informe, elaborado por tres expertos que trabajan y asesoran el Sector Salud de la Dipres, da cuenta de que los recursos que asigna el Estado son insuficientes, pero asimismo no están bien asignados, porque los propios servicios de salud piden menos de lo que deberían y también están mal gestionados.
La discusión se ha polarizado en dos posturas: por un lado, la insuficiencia de recursos sumada a una deficiente asignación de los mismos; y, por otra, fallas en la gestión por parte de los directivos de la salud. Sin embargo, el informe sostiene que se trata de una realidad con múltiples factores.
Todo esto, en momentos en que la salud privada vive sus propios problemas, teniendo enfrentados a prestadores (clínicas) e isapres.
Entre los años 2008 y 2015 se alcanzó en promedio un sobregasto –diferencial entre el gasto devengado y el presupuesto vigente– de 7,2%, llegando a un máximo el año pasado de 9,5%. Ello ha tenido como reflejo la llamada “deuda hospitalaria”, que se ha traducido en el no pago oportuno a proveedores, particularmente las compras de insumos médicos, pues este factor explica el 98% de la misma.
En 2015 esta deuda alcanzó los $255.131 millones, en circunstancias que el promedio anual entre 2008 y 2015 es de $100 mil millones. Esto se explica, en parte, porque “los establecimientos de salud dejan de cumplir sus obligaciones con las facturas comprometidas en el subtítulo 22 (insumos médicos), ya sea porque su presupuesto aprobado no da cuenta del nivel de gasto efectivo que generan y/o con la finalidad de disponer de recursos adicionales para el subtítulo 21 (gasto en personal)”.
A pesar de este peak de $255 mil millones –la cifra más alta de la historia–, la deuda promedio en 2015 fue de $184.850 millones, dando cuenta de un incremento real anual de un 18% entre los años 2008 y 2015. Fue gracias a los aportes extraordinarios realizados por el Estado a finales del año pasado, que la cifra se redujo a $131.477 millones, deuda que heredó este 2016.
El 65% de la deuda máxima alcanzada en 2015 la explican 10 servicios de salud, de un total de 29, más tres establecimientos experimentales. Aunque esos 10 no son siempre los mismos, igualmente hay un alto nivel de permanencia de ciertos centros de salud, como los servicios de la Región Metropolitana de las zonas Norte, Oriente, Sur-Oriente, Occidente y Central, más el de Viña del Mar-Quillota y Concepción. Esto no quiere decir, sin embargo, que sean los de mayores problemas.
Son los servicios de regiones los de mayor criticidad entre 2010 y 215, entre estos los de Chiloé, Iquique, Araucanía Norte, Relocanví y Talcahuano.
“En vista de que casi todos los hospitales y servicios de salud presentan deuda en algún momento del año y que la gravedad, tanto en términos de magnitud como de su criticidad, presenta un comportamiento reiterativo, se puede pensar que esta situación no responde solo a eventos fortuitos y/o estacionales, sino que más bien es una consecuencia tanto de los mecanismos de asignación de recursos y formulación del presupuesto anual, como de los factores inductores del gasto que afectan de manera distinta a cada unidad de análisis”, dice el documento.
Son varios los factores que explican la deuda y el consecuente desabastecimiento de los centros de salud. Sin embargo, uno de estos dice relación con las propias decisiones presupuestarias de los servicios de salud locales, los cuales, por inercia, siguen pidiendo cifras que no alcanzan para fines de año.
En este sentido, el informe destaca que “a nivel central no se tiene mayor injerencia en las decisiones y asignaciones locales, aun cuando los desequilibrios financieros locales sí están impactando en la administración financiera del Estado. Por lo anterior, es que se debiesen estudiar mecanismos y nuevas fórmulas de asignación desde el nivel central que permitan hacerse cargo de las necesidades financieras locales y a la vez analizar el rol y la responsabilidad que tienen los Servicios de Salud en la coordinación financiera de su propia red”.
“Los Servicios de Salud cuentan con un presupuesto altamente basado en la historia presupuestaria, y por tanto inercial, que en general se ajusta frente a cambios normativos o creaciones de programas de salud. El mecanismo de transferencia más relacionado con la producción es el Programa de Prestaciones Valoradas (PPV), sin embargo, presenta falencias en su configuración, en su objetivo, en los incentivos que genera en el sistema de salud, y en su valorización, la cual no refleja adecuadamente el costo de la prestación”, agrega.
Esa es la base, pero a esto se suman los gastos en personal y de insumos médicos. Respecto del primer ítem, sus explicaciones se sustentan en el incremento de remuneraciones, la dotación autorizada y un sobreúso de la contratación a honorarios. “Este último aspecto se considera el más crítico, ya que las diferencias entre lo presupuestado y el gasto efectivo son de más de un 100% alcanzando valores de casi 240%”, se detalla. “Puede ser que el presupuesto no esté reflejando correctamente la carrera funcionaria, modificaciones de la dotación, cambios de las asignaciones, la necesidad efectiva de personal transitorio y su valorización, entre otros”, consigna el documento.
En cuanto a los insumos, lo más relevante es la compra de productos farmacéuticos (34% del gasto en este ítem) y la compra de prestaciones (intra y extrasistema, con una representación de un 11%). “Ambos están determinados por las necesidades asistenciales derivadas de la producción, dinámicas de los mercados respectivos y la propia capacidad de los establecimientos, y están fuertemente influenciados por los llamados factores no demográficos inductores del gasto. Para contener su crecimiento es necesario tomar medidas que afecten los factores que determinan cada uno de estos gastos. En particular se requiere profundizar el análisis de los mecanismos de adquisición, de las políticas de logística, almacenamiento y entrega de los productos farmacéuticos y definir mecanismos de control para la compra de prestaciones”.
A propósito de estos factores no demográficos, el informe afirma que es imperativo rediseñar la organización del sistema público de salud. “Cobran relevancia los mecanismos de compra de prestaciones y de factores productivos, el cambio tecnológico, el modelo de atención sanitaria y el mercado del recurso humano capacitado y especializado. En cada uno de ellos las opciones de política pública son diversas, pero todas debiesen tener como objetivo mejorar el estado de salud de las personas al menor costo posible (…) Es en este último aspecto donde el rol de las instituciones del Estado es clave y es en donde a su vez se presentan las mayores debilidades”, sostiene.
(N.de la Redacción: Este medio recibió una carta de la Dirección de Presupuesto en la que dice que el estudio no tiene carácter reservado, es de uso público y es parte de la serie de documentos y publicaciones que anualmente desarrolla la Dirección de Presupuestos. Se puede encontrar en nuestra página web http://www.dipres.gob.cl/594/w3-propertyvalue-2133.html en el banner Últimas Publicaciones.
Agrega que el informe de publicó el día 9 de noviembre y se informó masivamente a los medios. El objetivo del estudio era hacer un diagnóstico acerca de un tema tan importante como el financiamiento de la salud pública y como es habitual en este tipo de temas, las conclusiones se pusieron a disposición de la ciudadanía y todo quien desee consultar sobre la materia . A mayor abundamiento, el informe se utilizó en la discusión de la Partida del Ministerio de Salud, en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos).
