Ex reguladores ofrecieron ayudar a Pavlovic:
Para muchos la caída de la isapre Masvida, más que un secreto a voces, fue una bomba de tiempo. Y estalló, afectando a un sinnúmero de actores, entre ellos la propia Superintendencia, hoy acusada ante la Contraloría por no haber cumplido con su deber. Pero antes de la hecatombe, ex reguladores acudieron en ayuda de Sebastián Pavlovic, advirtiéndole lo que se venía. A ello se sumó la alta rotación de personal del organismo fiscalizador en los últimos cambios de Gobierno, viéndose afectada su competencia técnica, factor no menor en la crisis de la aseguradora.
En general son tres las críticas que se le hacen a la Superintendencia de Salud a propósito de la penosa situación de la isapre Masvida: que no haya manejado información que le permitiera conocer la verdadera situación de esa isapre, antes de los síntomas públicos que preveían su caída; que haya actuado fuera de plazos, no interviniendo antes a la aseguradora; y el hecho de que las competencias del organismo se han visto afectadas con los últimos cambios de Gobierno. Es precisamente este último factor lo que llamó a distintos actores del rubro a ofrecerle ayuda a Sebastián Pavlovic, titular de una institución que hoy está en ojos de la Contraloría por su rol en la crisis de la aseguradora.
En más de una ocasión se le ofreció apoyo a la autoridad. El primer gesto concreto no tenía relación con Masvida, sino con la reforma que se les haría a las isapres. En agosto de 2015, un grupo liderado por Héctor Sánchez, a quien le tocó armar la Superintendencia en 1990, organizó un almuerzo privado con todos los ex reguladores del ramo, siendo Pavlovic el invitado especial.
Allí estuvieron Alejandro Ferreiro, Manuel Inostroza, César Oyarzo, María Elena Etcheverry, Luis Romero, Liliana Escobar, además de Sánchez. Dicha instancia fue solo una bonita iniciativa, pues no hubo resultados concretos de lo que podía ser una mesa de trabajo para armar el “mejor proyecto posible”, según dijo Sánchez en esa ocasión.
Tiempo después, parte de este grupo le extendería nuevamente una mano, ahora con Masvida como leitmotiv. En ese momento el tema estaba al rojo. Eduardo Serradilla, gerente de la Clínica Las Lilas, le envió una carta al superintendente el 18 de enero, contándole de un complicado ajuste patrimonial que sufriría dicha clínica, y solo unos días después, el 26 de ese mes, Pavlovic le ordena al holding Masvida que presente un Plan de Ajuste y Contingencia (PAC), lo que motivó la posterior intervención de la isapre.
Fue en ese contexto que el propio Sánchez, junto con Inostroza, le ofrecieron ayuda a un superintendente que entonces creía que la insolvencia de la isapre era algo todavía lejano a la realidad, considerando que Masvida seguía cumpliendo con los límites exigidos por ley.
Fuentes que conocieron de este encuentro dijeron que Sánchez propuso una especie de comité de crisis, pudiendo incluir a un tercer miembro, como Alejandro Ferreiro, aunque no fue contactado formalmente por esto. Pero el asunto tampoco prosperó. “Sabían que este tema podía ser delicado y lo mejor era, quizás, acumular la mayor experiencia para enfrentarlo”, indican conocedores del tema.
Ni Sánchez ni Inostroza quisieron confirmar que se acercaron a Pavlovic, aunque distintas fuentes al tanto del caso Masvida aseguran que así fue. Los tres son democratacristianos, lo cual les daría piso para trabajar en conjunto, pero nada pasó. En todo caso, dicha iniciativa se gestaba con el antecedente de que la Superintendencia es uno de los organismos públicos con mayor rotación de personal, en particular en los últimos dos gobiernos.
Tras revisar la estructura orgánica que ha tenido la Superintendencia de Salud después del primer Gobierno de Bachelet, EL Mostrador Mercados comprobó la alta rotación de cargos que ha tenido el organismo.
Entre 2003 y 2010, el superintendente fue Manuel Inostroza, quien mantuvo sin mayores cambios su equipo de trabajo, algunos nombrados por él y otros elegidos sobre la base del sistema de alta dirección pública (ADP). Sin embargo, no es sino hasta el primer Gobierno de Sebastián Piñera que la “retroexcavadora” empezó a operar.
Solamente Héctor Espinoza, jefe del área de auditoría interna, se ha mantenido estoico en el cargo. El resto ha respondido a una puerta giratoria que, si bien es resultado de concursos de ADP, haría que no necesariamente sean las personas mejor evaluadas las que ocupan cargos clave en una entidad eminentemente técnica, sino aquellas que son del “signo de uno”, como puntualiza una fuente.
Por ejemplo, en el Departamento de Control y Fiscalización –área que precisamente se encarga de supervisar el estado de situación de las isapres–, la gestión de Inostroza tuvo como jefa a Francisca Navarro. Pero con la llegada del Gobierno de Piñera, el superintendente Luis Romero redujo de categoría este departamento, desde el segundo al tercer nivel, afectando las remuneraciones del jefe del área. Recién en esta administración volvió a su nivel habitual, aunque de igual manera ha habido cambios.
Solo en la administración de Pavlovic, este departamento estuvo en manos de Cristián Tortella, Marcelo Ricci Bäuerle, quien es sobrino de José Bäuerle –ex gerente de finanzas de la isapre y, a su vez, ex gerente general de MV Financial Group–, relación que el primero nunca transparentó; y hoy la maneja Marcos Puebla Aguirre.
El área de Fiscalía, encargada de revisar resoluciones administrativas del regulador, tuvo en los tres últimos gobiernos, por lo menos, a tres ejecutivos: Ulises Nancuante, Fernando Riveros y hoy a Jaime Junyent.
La historia es la misma en el resto de los departamentos del organismo, como los de Regiones, Atención de Personas y Participación Ciudadana; la Intendencia de Prestadores; la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud; la jefatura de Planificación y Control de Gestión, hoy llamada Unidad de Tecnologías de la Información e Inteligencia de Negocios; el Departamento de Estudios y Desarrollo y el Departamento de Gestión de Recursos Humanos, Financieros y Tecnológicos.
Ante esta situación, Inostroza contestó, pero en su calidad de miembro del Consejo de Alta Dirección Pública: “El mínimo de un periodo para un plan de gestión son tres años, aunque la práctica internacional recuerda un periodo de 4 a 6 años para que un alto directivo público ejerza con propiedad un proceso de modernización o mejora de gestión. Por eso que el sistema ADP contempla hasta dos períodos de renovación para llegar a un máximo de nueve años. En general, en el sector salud, y lo que estamos viendo en el caso de la Superintendencia y jefatura de fiscalización, es que han durado menos de dos años promedio en el cargo, lo cual conspira con una política más permanente, rigurosa y exhaustiva”, plantea.
El también ex superintendente agrega que “una de las cosas que estaba en el plan de convenio de desempeño de la Superintendencia era la instalación de un modelo de supervisión basada en riesgo, cuya ejecución depende de la unidad de Fiscalización y una de las cosas que, creo, conspiró es la demora en cómo se implementó este modelo”.
Consultado también Sánchez sobre este tema, aunque declinó referirse al ofrecimiento de ayuda a Pavlovic, sostuvo que las superintendencias «son organismos estrictamente técnicos, no son organismos políticos. El superintendente puede ser alguien de confianza del Presidente de la República, pero de ahí para abajo todos los cargos son eminentemente técnicos. Mientras más experiencia hay, mejor es su desempeño. No olvidemos que el rol de la Superintendencia es de garantizar que un sector industrial, en este caso de las isapres, sea transparente, eficiente y resguarde la fe pública como elementos centrales. Esto se logra con equipos que tengan continuidad a través del tiempo”.
“Los cambios empiezan en el Gobierno de Piñera, los cuales continúan con el Gobierno de Bachelet. En estricto rigor, creo que estos dos últimos gobiernos han hecho cambios que en vez de fortalecer la Superintendencia la han debilitado”, agrega.
Como sea, dentro de la larga cadena de factores que hoy tienen por el suelo al holding de médicos, una razón más que explica esta situación parece ser la pérdida de competencia del organismo. Y, hoy, aparece la Contraloría como la institución llamada a pronunciarse sobre qué pasó acá.
