Cálculo que hacen abogados del club es que el CDF se vendería en unos US$ 1.348 millones y cada entidad se quedaría con US$ 42 millones
Barnechea, equipo controlado por Marcelo Cordero, interpuso demanda ante el TDLC, que ordenó al gremio de Quilín pagarles los sueldos a los jugadores y equipo técnico mientras se define si la organización ha infringido la libre competencia. A la par, la acción judicial pone en tela de juicio el esquema de ganancias provenientes del CDF, justo en momentos en que se define su venta. Fecha clave es el 28 de septiembre, cuando los poderosos abogados del canal entregarán la respuesta a la referida demanda.
En Quilín, donde se encuentra la sede central de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), flamean las banderas de los clubes que son parte del gremio. Pero una de ellas falta, la de Barnechea, el club de barrio que demandó a la ANFP ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), acusando que el cobro de 50 mil UF que le exigió para subir a primera división era una barrera de entrada a ese mercado.
Pero la historia partió mucho antes, en otra Corte y con otros colores. El mayo del año pasado, Deportes Valdivia ganaba su ascenso a Primera B y, con ello, también se hacía cargo de una obligación histórica: cancelar 50 mil UF a la ANFP por el hecho de subir a este nuevo estatus, que le permitiría asimismo gozar de algunos beneficios, entre ellos, participar de los excedentes del Canal del Fútbol (CDF).
Pero el cuadro acusó que no tenía la plata y presentó un recurso en tribunales, que finalmente en octubre del año pasado fue rechazado por la Corte de Apelaciones. Valdivia entonces acordó pagar su ascenso en cómodas cuotas y el tema pareció apagarse. Pero hay quienes dicen que, por el contrario, ese día se encendieron las alarmas de una pelea que hoy incomoda a los líderes de Quilín y que este 28 de septiembre escribirá un nuevo capítulo.
Ese día los abogados del estudio de Claro y Cía., liderados por Cristóbal Eyzaguirre, entregarán la contestación a la demanda que Barnechea presentó y que no solo persigue que se revise la validez de cobrar dicha cuota sino que también abre otra caja de Pandora. El club indicó que debe revisarse cómo se reparten las platas del CDF. La demanda, encabezada por el abogado Ciro Colombara, propone que los excedentes del canal debieran repartirse entre los 32 clubes de Primera A y B en partes iguales. Todo llega justo en medio de la discusión de la venta de la señal deportiva, que atraviesa momentos clave.
El cálculo que realizan es que el CDF se vendería en unos US$ 1.348 millones y que de ellos cada club debería recibir su parte, es decir, US$ 42 millones. La propuesta parece una locura a los ojos de los antiguos dirigentes de Quilín, que en noviembre del año pasado acordaron una fórmula –firmada ante notario, según conocedores– para vender el canal y repartir los excedentes tanto de la venta (mediante un bono cash de US$ 2 millones por club) como por los derechos de transmisión.
El acuerdo, que rige hasta el año 2027, implica que, una vez que se concrete la venta, los clubes grandes –la Católica, la Universidad de Chile y Colo-Colo– recibirán en conjunto el 25% de las ganancias. Dicha participación irá disminuyendo gradualmente hasta recibir el 16% de los dividendos del CDF de aquí a 10 años, cediendo participación al resto de los clubes de Primera A.
Pero hay un grupo que no experimentará alzas en los beneficios: los clubes de Primera B, el segmento al que pertenece Barnechea y que por la próxima década seguirá percibiendo el 25% de los excedentes. El botín en discusión no es menor, pues las ganancias garantizadas del canal estimadas por la ANFP se fijaron en $32.500 millones.
La demanda de Barnechea cuestiona, por primera vez en una instancia regulatoria, que la decisión podría ser discriminatoria.
Una vez que Barnechea logró el ascenso, su controlador, Marcelo Cordero, preparó una planilla para jugar en la Primera B, mucho más cara y a la que debía pagarle una serie de compromisos. A la par, tenía que cumplir con la obligación con la ANFP y cancelarle la cuota de incorporación, pero no tenía la plata. Firmó entonces un cheque por $ 600 millones al gremio, mientras acudía a los factorings para hacer caja. Su idea era pedirle plata a cargo de lo que comenzaría a recibir del CDF.
Cordero le pidió a la ANFP cálculos sobre los flujos del canal para endeudarse, pero el gremio le puso un parelé. ¿La razón? En la era Jadue los clubes fueron presionados a pedir un crédito sindicado precisamente con cargo a los flujos del CDF, que se repartió entre todos los equipos para pagar deudas. Cada club debía cancelar poco más de $ 500 millones para devolver el capital. Barnechea debía gran parte de esa cuota. Desde Quilín entonces le dijeron a Cordero que debía cancelar primero ese saldo y, por ende, no podía factorizarlo. “Eso lo dejó con el agua al cuello y ahí él tuvo que activar otra vía”, asegura un cercano.
La última semana de julio, Cordero recibía más presión de la ANFP. Por las razones que fuera, no había pagado la cuota y no podría estrenarse en Primera B. Si no jugaban estaban fuera del campeonato y fuera de la repartija del CDF. El dueño de Barnechea recordó entonces la movida que había salvado a Valdivia casi un año antes. Un recurso judicial era la única alternativa para jugar ese domingo el partido con San Marcos de Arica.
Los jugadores presionaban a Cordero que, en consecuencia, llamó al abogado Ciro Colombara, del estudio Rivadeneira, Colombara y Zegers. El bufete tenía menos de 72 horas para pensar qué hacían. Los socios optaron entonces por proponerle una salida alternativa: llevar por primera vez a la ANFP al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Pese a que Colombara no tiene experiencia en causas de libre competencia, su agudo ojo en casos civiles le hizo pensar que esta era una mejor salida, porque abría una discusión más profunda. Ante la urgencia del partido, el staff de abogados –integrado además por Aldo Díaz y María José Zegers– pasó, literalmente, 48 horas sin dormir. Tras ello presentaron ante el tribunal una medida prejudicial, pidiendo que permitiera jugar a Barnechea.
El recurso se ingresó a las 13:45 horas del día miércoles 26 de julio. “A esa altura los jugadores decían que Cordero estaba loco, nadie creía que iban a jugar. Pero el tribunal abrió la puerta a discutir la demanda y aprobó que Barnechea participara del campeonato, aunque no tenía cómo pagar las 50 mil UF. A la ANFP le cayó como un balde de agua fría, porque estaba preparada para responder una demanda en tribunales civiles, pero jamás se imaginaron que llegarían al TDLC”, cuenta un testigo.
Nadie sabe de dónde ni cómo, pero Cordero consiguió subir a los jugadores a un avión y los mandó al partido del domingo. Perdieron 1-0. La tensión escaló y la ANFP ejerció todo su poder. No solo no dejó entrar más a Cordero al Consejo de Presidentes, sino que además le retuvo cualquier excedente del CDF, que por derecho le correspondía.
Los jugadores del cuadro empezaron a presionar el pago de sus sueldos y llegaron hasta el Sindicato de Futbolistas Profesionales. Su plan era que ellos exigieran a la ANFP el pago de los sueldos, a cargo de los excedentes del CDF. La medida no prosperó.
Sin plata, Barnechea nuevamente estaba entre la espada y la pared. Cordero llegó una vez más donde sus abogados. El equipo entonces decidió hacer otra solicitud al TDLC. El objetivo era que el organismo obligara a la ANFP a pagarles a los jugadores y al cuerpo técnico lo que queda del campeonato. “Es eso o la quiebra”, le dijeron los abogados a Cordero.
“El tribunal le dio la razón. La lectura es que lo hizo no con intención de intervenir en la ANFP, sino que, si no le daban ese aire, el club quebraría y discutir cualquier demanda perdía todo sentido. Ahora, si lo miramos con cierta subjetividad, claro que en Quilín cayó pésimo que los obligara a pasarles la plata”, dice una fuente. El cheque, por cerca de $ 30 millones, fue finalmente cobrado esta semana.
Así, las cuentas en Colombara hasta ahora son alegres. Primero ganaron el recurso para jugar el campeonato, luego la suspensión del cobro de las 50 mil UF, tras ello se rechazó una apelación de la ANFP de dejar sin efecto la causa y, por último, se ordenó cursar los pagos. 4-0, se ha escuchado de forma anecdótica.
Cristóbal Eyzaguirre es un peso pesado en causas de libre competencia. Ha asesorado a las principales empresas del país, entre ellas, a CMPC, luego de verse envuelta en la colusión del papel. “En la ANFP quisieron tirarse con todo a la carga, no querían un abogado cualquiera”, añade un cercano. Cristóbal Eyzaguirre estaba fuera de Chile cuando estalló el caso y, pese a que es el socio principal a cargo del caso, aún no ha tenido relación directa con los presidentes del fútbol. Su equipo –donde se cuenta al abogado José Miguel Huerta– ha sido el encargado de ir a la sede del gremio a exponer parte de la estrategia.
La propuesta del staff ha sido clara: que no cunda el pánico. Y no se trata de una frase hecha. La apuesta de la ANFP y sus asesores, que se reflejará en la respuesta a la demanda, será que este no es un asunto de actuación del TDLC. “No hay consumidores afectados, no hay mercado del fútbol, se trata de una disputa entre privados. De haber diferencia, hay una serie de instancias civiles para discutirlas, pero hacerlo en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no tiene ningún sentido. Hay que preguntarse si el TDLC va a gastar recursos y tiempo en una pelea que afecta a 32 clubes”, agrega un dirigente.
El meollo de la defensa de la ANFP será argumentar, ante el TDLC, que el fútbol nada tienen que ver con un bien jurídico de libre competencia. Otra de las cosas que se comenta en la ANFP es que además Cordero nada dijo cuando la cuota se les cobró a otros equipos, como Valdivia o Deportes Iberia.
Ahora, entre los presidentes del fútbol hay un aspecto que preocupa. Es lo relacionado con el cobro de las 50 mil UF al club deportivo como cuota de ascenso. Les preocupa porque, justo cuando estalló el caso, el Consejo de Presidentes decidió rebajar la cuota de incorporación a la mitad, luego de revisar un extenso informe de Econsult y del presidente de Copiapó, Felipe Muñoz, que apoyaron las razones para el ajuste.
Pese a ello, la cuota cobrada a Barnechea fue de 50 mil y no de 25 mil UF. “Existieron conversaciones en torno a cómo se iba cobrar esa plata, pero al final quedaron en que se cobrara el total y después veíamos cómo ajustarlo”, dice un dirigente.
Con todo, el nerviosismo está también puesto en que a fin de mes se recibirán las ofertas vinculantes por el CDF y en qué tanto ruido pueda hacer la demanda junto con la intervención del tribunal en el caso. “Claro que podrían pedirse antecedentes de la venta y también otros clubes, que han sido pasivos en las quejas sobre el sistema de repartos, aleonarse amparados en el TDLC y aprovechar que se revise el sistema, pero bajo la tutela de una instancia legal”, concluye un dirigente.
Para copar la agenda legal de la ANFP, se halla además vigente otra investigación que se abrió cuando Valdivia inició las gestiones para suspender los pagos. Una investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) encabezada por la Unidad Anticarteles, que determinará si el partido de la ANFP se vuelve aún más en su contra.
