Estamos en un momento clave de nuestro devenir económico y social. Los desafíos del país exigen una alta dosis de liderazgo público y privado, capacidad de convocar y fuerza para transformar. La Agenda Digital que se impulse a partir del 2018, tomando como aprendizaje el largo y exitoso camino recorrido en los 20 años precedentes, debe estar a la altura de los anhelos de progreso que el país merece y demanda.
De mi mayor consideración,
ASIET (Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones) es una asociación sin fines de lucro, que tiene como objetivo fundamental apoyar e impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información en Latinoamérica, mediante el diálogo público-privado y el apoyo a iniciativas que favorezcan la reducción de la brecha digital y el vance de la región hacia la Sociedad de la Información.
El desarrollo económico y social de Chile solo será posible si somos capaces de crear oportunidades para todos. Para lograr aquello es indispensable entender las transformaciones tecnológicas de las últimas décadas y sus profundos impactos en la forma de producir y consumir bienes y servicios, y a partir de allí, definir las políticas públicas que permitan incrementar la eficiencia y productividad del país, generando crecimiento económico, progreso social y mayor equidad.
La economía chilena -todavía fuertemente vinculada a la explotación de recursos naturales de baja sofistificación- ha sufrido regularmente los avatares de los shocks económicos externos y ha perdido reiteradamente ventanas de oportunidad para modificar su estructura productiva hacia los sectores más dinámicos del comercio mundial.
En los últimos 15 años, de acuerdo a la Comisión Nacional de Productividad, el país no ha avanzado en eficiencia productiva. Ello significa que el crecimiento económico ha dependido críticamente de la incorporación de más fuerza laboral al mercado y del precio de los productos de exportación, condiciones que no se pueden garantizar para los próximos años.
En ese sentido, hace pocos meses atrás McKinsey Global Institute alertaba que, sin un cambio significativo en la productividad, el crecimiento económico esperado para los próximos 15 años en América Latina será entre un 40 a 50% inferior que el de los 15 años precedentes. Y como es evidente, el crecimiento económico es la base para generar más y mejor empleo y financiar políticas redistributivas y de inversión pública. En definitiva, el crecimiento es indispensable para mejorar la calidad de vida y brindar oportunidades de progreso a la población.
Es por tanto prioritario y urgente abordar como país el desafío de la productividad, que conjuntamente con el de la equidad, debieran ser las tareas centrales del próximo gobierno.
Vivimos en la era que se ha denominado “la cuarta revolución industrial” sustentada en la digitalización, la inteligencia artificial, la conexión de alta velocidad, el “Internet de las Cosas”, el big data y la automatización. No estamos hablando del futuro, sino de un presente tecnológico que está redibujando la economía global.
En ese contexto, es fundamental tener presente que la capacidad del país para revertir el estancamiento y la baja productividad, generar crecimiento económico y ofrecer oportunidades para todos, depende críticamente de la incorporación intensiva de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos productivos y en los servicios del Estado. Es por ello que es tan importante la definición de una Agenda Digital ambiciosa para los próximos cuatro años y cuente con respaldo político al más alto nivel. Se requiere de visión, voluntad de
diálogo y sentido de urgencia, con liderazgos comprometidos con la digitalización del país tanto en el ámbito público como el privado.
La revolución digital se sostiene en la infraestructura de conectividad. Chile ha tenido avances notables en los últimos años en el desarrollo de sus redes de telecomunicaciones, posicionándose como un líder de América Latina. En acceso a Internet, la penetración total (fijo y móvil) supera el 88%, la telefonía móvil un 127% y la TV de pago un 54%. Este avance ha estado acompañado por una constante reducción en los precios de los servicios y mayores anchos de banda. El pago medio mensual del usuario móvil ha pasado de 17 dólares en 2006 a cerca de 10 dólares en 2016, mientras la velocidad media de conexión a internet ha aumentado desde menos de 3 mbps en el 2011 a más de 9 mbps al cierre del 2016.
Los chilenos estamos hoy más y mejor comunicados que hace poco tiempo atrás, lo que ha sido posible gracias a la inversión, competencia e innovación de las empresas, con políticas públicas que en términos generales han contribuido al desarrollo sectorial.
Pero a pesar de los innegables avance del país, todavía persisten desafíos relevantes. Una parte importante de la población, alrededor de un 30%, aún está al margen de la sociedad de la información y las velocidades medias de conexión en el país (9 mbps) todavía son inferiores a las de la OECD (12 mbps) y muy lejanas a la de los países líderes (19 mbps en Estados Unidos, 24 mbps en Noruega, 29 mbps en Corea del Sur).
La desigualdad en el acceso y en la calidad del acceso (sólo el 15% de las conexiones en Chile supera los 15 mbps de acuerdo a AKAMAI) es un factor que profundiza las inequidades del país en lugar de contribuir a revertirlas. Por ello debe ser señal de preocupación el estancamiento que han mostrado algunos indicadores claves en el último tiempo, en particular los referidos a la inversión. Lo anterior es consecuencia de múltiples factores, en el que la desaceleración de la economía tiene un peso relevante, así como la madurez del mercado que se traduce en menores
espacios de crecimiento. Pero también es evidente que los márgenes de rentabilidad de las inversiones son hoy menores como consecuencia de las reducciones en los precios reales y el incrementos de los costos de inversión y operacionales, en cierta medida como consecuencia de regulaciones que afectan el despliegue de infraestructuras y la calidad de servicio.
El cierre de la brecha digital, la llegada del 5G, el Internet de las Cosas (IoT), el despliegue de fibra óptica hacia los hogares, entre otros, requiere importantes inversiones del sector privado.
Es por ello que invitamos al próximo gobierno a trabajar conjuntamente con la industria en la identificación de los factores que permitan acelerar el ritmo de inversiones en el sector, al mismo tiempo que revise las regulaciones que dificultan el despliegue de redes de conectividad, haciendo de la infraestructura de telecomunicaciones nuevamente una prioridad política, entendida como estratégica para el desarrollo económico y social.
El llamado es a evitar el riesgo del conformismo y el estancamiento. Debemos ser capaces de cerrar la brecha digital y desarrollar una infraestructura de conectividad de clase mundial durante la próxima década.
Para ello es indispensable retomar la senda de los exitosos acuerdos de colaboración público-privados entre el Estado y la industria que nos permitieron llegar hasta donde hoy estamos. Es indispensable para el retomar el liderazgo con políticas públicas que favorezcan las inversiones y la competencia, así como estimular la innovación tecnológica y comercial en la industria, actualizar el marco normativo para ajustarlo a las transformaciones tecnológicas y competitivas de la convergencia tecnológica, y establecer las condiciones para el despliegue acelerado de servicios de 5G y de fibra óptica.
La conectividad es una condición necesaria, pero no suficiente. Al mismo tiempo que es indispensable cerrar la brecha digital en los pŕoximos años e incrementar la capacidad de las redes, es necesario abordar la forma en la que se usan las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito productivo. Más allá de los avances en este sentido, las iniciativas emprendidas por el gobierno y las empresas, -en particular de las más grandes-, se requiere una agenda mucho más ambiciosa con las empresas, en particular las PYMES, para lograr saltos en
competitividad en los próximos años.
Indudablemente ello también exige una reforma importante en la formación de recursos humanos desde la escuela, integrando en los programas elementos de educación digital como la programación y la informática, que permitan dotar a nuestros niños y jóvenes de nuevas habilidades, y permitir que se expresen los talentos que están siendo requeridos en la economía digital, favorecer la innovación y el emprendimiento, y pasar así de ser usuarios a creadores de contenidos y servicios.
También, entre otros, exigirá una nueva estrategia de modernización digital del Estado, adaptándolo al mundo móvil, y abordar en serio los temas complejos que se derivan de la economía digital, como la privacidad y la protección de datos, los efectos tributarios de la deslocalización de los servicios digitales, la competencia a través del ecosistema digital y los aspectos éticos de los algoritmos y la inteligencia artificial.
Estamos en un momento clave de nuestro devenir económico y social. Los desafíos del país exigen una alta dosis de liderazgo público y privado, capacidad de convocar y fuerza para transformar. La Agenda Digital que se impulse a partir del 2018, tomando como aprendizaje el largo y exitoso camino recorrido en los 20 años precedentes, debe estar a la altura de los anhelos de progreso que el país merece y demanda.
Atentamente
Pablo Bello Arellano
Director Ejecutivo
ASIET
