Batirá récord en montos y hectáreas adquiridas
Casi 24 años después de nacer la Ley Indígena, las proyecciones oficiales de la Conadi son cerrar el 2017, el último de Gobierno de Bachelet, como un año histórico en adquisiciones: 56.069 hectáreas (ha), la cifra más alta desde la administración de Eduardo Frei. Al dejar La Moneda, la Mandataria habrá gastado 253 mil millones de pesos. A diferencia de su mandato anterior, en esta pasada se beneficiará casi al doble de familias.
Hace poco más de dos semanas, Mario Kreutzberger entrevistó a los candidatos presidenciales. Sebastián Piñera convocó al estudio, para la entrevista, a su familia, pero también a un público de su gusto que lo aplaudía a rabiar en cada de sus intervenciones. En un paneo se distingue a Jorge Luchsinger, hijo del matrimonio que murió en su casa, luego de ser incendiada supuestamente por comunidades mapuches.
El caso ha enfrentado políticamente al Gobierno y Sebastián Piñera, después que los 11 acusados en la causa fueran absueltos. El candidato de Chile Vamos habló de la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, quien criticó el «uso político» del hecho, por parte del abanderado presidencial de derecha, tras la absolución de los 11 comuneros mapuche en el caso Luchsinger-Mackay.
El ex Presidente, tras conocer el fallo a fines de octubre, dijo que era un «fracaso del Gobierno, porque el actual Gobierno no ha combatido el terrorismo ni el narcotráfico ni la delincuencia con la fuerza, con la voluntad y con la eficacia que los chilenos necesitamos y merecemos». El aludido salió a responderle a través de la ministra vocera de Gobierno, quien dijo que le parecía “inaceptable” la utilización política del caso.
Pero tras la batahola mediática de lo que parece representar la peor cara del conflicto mapuche, varios ceros ayudan a entender cuál ha sido la política histórica de los Gobiernos de la Concertación y del de Piñera.
Un programa de adquisición de tierras que le ha costado al Estado varios de cientos de millones de dólares desde su inicio, en el mandato de Eduardo Frei, y que, pese a las posturas adversas en la arena presidencial, que se circunscriben a debatir sobre si hablamos o no de terrorismo, los gobiernos han mantenido bastante estable la billetera del gasto público en la ejecución de los artículos 20 A y 20 B, independientemente del color político.
Son varias las reformas que Bachelet se llevará inscritas en su libro personal como rupturistas y también inéditas tras su segunda pasada por La Moneda, como la reforma tributaria o la gratuidad universitaria, pero otro título pesará en su récord. Será el Gobierno con el récord en montos y hectáreas adquiridas desde la puesta en marcha de la Ley Indígena (la 19.253) y que permite a través de dos artículos, el 20 A y el 20 B, solicitar que sea el Estado el que financie la adquisición de hectáreas.
Fue en la Región de Los Ríos, puntualmente en Panguipulli, cuando la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi) compró el primer predio: el fundo Tayos Bajos, por el que pagó $52 millones. 342 hectáreas entregadas a la comunidad Ampaniguén.
Casi 24 años después, las proyecciones oficiales de la Conadi son cerrar el 2017, el último de Gobierno de Bachelet, como un año histórico en adquisiciones: 56.069 hectáreas (ha), la cifra más alta desde la administración de Eduardo Frei, cuando se adquirieron 35 mil ha.
“Al hacer un análisis comparativo, la actual administración es la que más tierras ha adquirido para personas y comunidades indígenas, y la que a más familias ha beneficiado. En el siguiente gráfico se puede observar la superficie adquirida y N° de familias beneficiadas por periodo de gobierno (sumando compras 20 A y 20 B) desde la promulgación de la Ley N° 19.253”, explica el organismo.
Los dos gobiernos de la actual Mandataria doblarán con creces lo realizado en la administración de Piñera. Al fin de este mandato, Bachelet habrá restituido 109.780 hectáreas a los pueblos originarios.
Pero ¿cuánto le ha costado al Gobierno esta política? De acuerdo a cifras entregadas por la Conadi y por Transparencia, el gasto durante estos cuatro últimos años tuvo su peak en 2015, cuando el Estado desembolsó un total 70.420 millones de pesos en la compra de 11.500 hectáreas, la mayoría de ellas en La Araucanía. En total, durante los cuatro años de su mandato, Michelle Bachelet habrá gastado 253 mil millones de pesos, es decir, unos US$ 390 millones.
Sebastián Piñera, en tanto, destinó durante su periodo presidencial otros 47.456 millones, mostrando en ese minuto una tendencia que luego se profundizaría en el segundo Gobierno de Bachelet.
Si bien la Presidenta solo sumó poco más de 3 mil millones de pesos a la partida entre su primer Gobierno y el segundo, la cantidad de familias mapuches involucradas cambió radicalmente. Mientras desde 2010 a 2014 el beneficio se repartió entre 4.208 grupos, con Piñera la cifra saltó a 5.988 familias y el último Gobierno de Bachelet elevará ese número hasta las 8.188 familias.
El último trimestre del año es intensivo en la gestión de compra de tierras mapuches. Es el momento en que la Conadi espera más vistos buenos de Contraloría para cursar las compras y ejecutar el porcentaje de gasto anual más importante. Es un trabajo que nadie tiene claro cuándo va a parar.
Ningún Gobierno ni candidato presidencial ha cazado con cambios potentes a la política de compras, que, pese a que Bachelet ha impreso un sello de entregarles a más familias el beneficio, este parece no haber tenido eco en mermar el conflicto y, por el contrario, ha sido un año particularmente duro para el Gobierno en la materia, trayendo varios dolores de cabeza la explosión de hechos violentos, pero también conflictos al interior de La Moneda en relación con cómo Bachelet ha hecho frente al aumento de los enfrentamientos.
Sin embargo, la adquisición de tierras tampoco es una política que un eventual regreso de la derecha a La Moneda pueda variar significativamente. Esto, porque cualquier cambio a la Ley Indígena debe ser discutido de manera vinculante con las comunidades a partir de lo establecido en el Convenio 169. La palabra de las comunidades sería decisiva.
Otro punto que genera finales abiertos es hasta cuándo los diferentes gobiernos seguirán comprando tierras. Al inicio del actual mandato de Bachelet, se comentó que la idea era comprar cerca de 50 mil hectáreas, pero eran cifras distantes de otros representantes de la zona.
El ahora diputado electo y ex intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, estimó que el Gobierno debía hacerse cargo de comprar cerca de 100 mil ha, mientras que las comunidades mapuches radicalizadas han hablado de que expectativa que supera el medio millón de hectáreas.
Los gobiernos están lejos de cumplir con esta última meta, al cierre de 2017, y luego de más de dos décadas de la aplicación de la política de compra de tierras, se habrán adquirido y restituido 241 mil hectáreas, beneficiando a 25 mil familias mapuches.
Pero ¿qué tan efectivo ha sido el programa de adquisición de tierras y sería algún Mandatario capaz de poner en pausa la política que se ha desarrollado sin perder continuidad durante más de dos décadas? El coordinador del programa de Política y Sociedad de Libertad y Desarrollo (LyD) es crítico a la hora de poner las cifras en contexto.
Jorge Ramírez asegura que el problema no se circunscribe al Gobierno de turno, sino que abarca al Estado, que no ha tomado una determinación de tener una política integral que apoye la sola adquisión de terrenos. No existen programas de acompañamiento ni que midan el impacto que tiene en la vida de las comunidades la entrega de predios.
«Cuando uno mira ese patrón, no tiene relación con el alza o disminución del conflicto mapuche. Los números finalmente no tienen relación con el espíritu de apaciguar la situación de tensión en comunidades que reclaman tierras. Todos los gobiernos han mantenido esta política, con acentos, más o menos estable. Eso revela que la política ha fracaso porque no tiene afecto alguno sobre la paz social que se persigue», apunta Ramírez.
El profesional de LyD, que reconoce haber trabajado en una de las comisiones programáticas de Sebastián Piñera para proponer cambios en la materia, agrega que parecería relevante que el próximo Presidente asuma el compromiso de realizar un trabajo técnico que hasta ahora no se ha hecho: un catastro que aterrice cuál es el volumen más certero de tierras que el Estado debería comprar.
Eso incluye aterrizar la demanda, sostiene, pero además que no se convierta en una partida presupuestaria infinita. «Debe haber una certeza jurídica de quiénes reclaman tierras, que beneficiaría al Estado y las comunidades. Hasta qué generación se ejercen derechos, qué efectos concretos ha tenido hasta ahora el programa de adquisiciones e, incluso, si estos beneficios se pueden canjear por otros más afectivos para algunas familias o grupos, son temas que están en el aire», manifiesta.
Quién se hará cargo del debate. Eso se decide el próximo 17 de diciembre.
