Kast no tiene uno sino seis problemas

¡Hola! “Todo va a estar bien”. La famosa frase empleada por el Presidente Kast durante su campaña y en varias alocuciones públicas ya como Mandatario, acaba de ser aquilatada en la última encuesta Criteria, demostrando que el concepto suma más decepción que esperanza en la ciudadanía. Un 46% de los encuestados aseguró sentirse desilusionado y otro 30% con rabia. Emociones que preocupan, considerando que un 68% siente que el Gobierno es incapaz de lograr que al país le vaya bien.

En resumen, pesimismo total.

• El escrutinio a la frase –paradójicamente– se da justo en medio de una semana cargada de acontecimientos políticos, como la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat, el paro de los camioneros y la entrega “con custodia” en el Congreso de los decretos por rebajas de condenas a pederastas, solo por mencionar algunos episodios que le han movido el piso al Gobierno estos últimos días. Analistas coinciden en que cuando los actores políticos convierten el malestar social en pesimismo, las expectativas de cambio pueden volverse un búmeran que retorna con fuerza a cobrar lo prometido.

“Profecía autocumplida”, le llaman los agoreros.

El paro de camioneros fue otro episodio complejo. Kast estuvo a punto de despegar rumbo a Asia dejando un país con los caminos en manos de los camioneros. La Moneda subestimó a dos asociaciones medianas, confiada en que las grandes cúpulas gremiales tenían todavía el control de las rutas, pero fueron los pequeños transportistas los que terminaron marcando el ritmo de la protesta. Tras 72 horas de presión y con el reloj de la APEC encima, el Gobierno tuvo que abrir la billetera –muy a pesar del ministro Quiroz– con una rebaja de $150 al diésel y tarifas congeladas hasta marzo.

• Los decretos de rebajas de condenas a agresores sexuales llegaron finalmente al Congreso, pero con más candados que un secreto de Estado: bajo reserva, sin copias y custodiados en la secretaría del Senado. Fernando Rabat, que ni siquiera asistió a explicar los criterios de su decisión, calificó el envío como una “primera entrega”. La oposición presentó de todos modos la acusación constitucional, mientras Vlado Mirosevic pidió al Consejo para la Transparencia (CPLT) revisar el blindaje documental. En Justicia, al parecer, la transparencia también quedó con beneficios carcelarios.

La recesión técnica llegó acompañada de un desempleo que ya supera el millón de personas y que en Ñuble alcanza un preocupante 11,8%. Mientras Hacienda apuesta por reformas cuyos resultados requieren tiempo, en la UDI, RN y Evópoli comienzan a pedir medidas urgentes para reactivar la contratación. La economía empieza a pasarle la cuenta a La Moneda, con una aprobación presidencial que ronda el 26% y un desempleo que amenaza con convertirse en el talón de Aquiles de Kast.

• El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, está dando la pelea en varios frentes. Entre una recesión técnica que antes descartaba, un Presupuesto 2027 que salió de la Cámara con seis partidas rechazadas y camioneros que lo quieren sentado a la mesa, se le acumulan varios incendios juntos. Para peor, el acuerdo con los transportistas elevó la cuenta fiscal desde US$ 500 millones a cerca de US$ 900 millones. Ahora le toca negociar los recursos recortados y hacer cuadrar una billetera fiscal cada vez más apretada.

Mientras La Moneda concentra sus esfuerzos en cuadrar sus esfuerzos presupuestarios, en la calle comienza a tomar forma otro frente de resistencia. Secundarios, universitarios, sindicatos y organizaciones de pobladores están articulando un Frente Común contra los recortes a la educación pública y el Presupuesto 2027. La coordinación ya tuvo varias pruebas de fuerza y prepara una nueva jornada para el 18 de noviembre. Un movimiento que hasta ahora ha pasado bajo el radar, pero que amenaza con convertirse en otro dolor de cabeza para Kast.

El carguero Danstar todavía no zarpa hacia las Malvinas, pero la tensión diplomática entre Chile y Argentina amenaza con viajar a bordo. Mientras el nacionalismo malvinense vuelve a ganar terreno en el país de Javier Milei, en Santiago crecen las dudas por la respuesta de Cancillería y, especialmente, por un supuesto “errorazo técnico” del canciller Francisco Pérez Mackenna sobre el derecho de paso marítimo. El excomandante en Jefe de la Armada Miguel Ángel Vergara ya levantó la voz: ojo con que Argentina termine instalando una aduana en la puerta del estrecho de Magallanes.

En síntesis, el Gobierno en esta última semana acumuló seis problemas, ninguno fácil y ninguno que pueda arreglarse con la fe de que “todo va estar bien”.

• Antes de comenzar la lectura de esta nueva edición de +Política de El Mostrador, los invitamos a compartir este newsletter y sumar a más personas inscribiéndose aquí. Así podremos seguir haciendo crecer esta comunidad de lectores interesados en los entretelones de la política.

Paro de camioneros: reacción tardía, subestimación y gira en el horizonte

Foto: Hans Scott/ Agencia Uno

Pese a que este jueves ya se conocía en La Moneda la amenaza de un paro indefinido de dos de las seis principales asociaciones del transporte de carga, la manifestación de los camioneros se consolidó como el trance político más complejo para el Gobierno de José Antonio Kast hasta ahora.

Lo que en Palacio se proyectó como una protesta acotada, comenzó a escalar hasta amenazar la conectividad de varias regiones del país. La reacción tardía forzó el mayor despliegue ministerial del Ejecutivo para evitar el peor escenario: un país bloqueado con el Mandatario fuera de Chile.

• Tres ejes de la crisis resultaron determinantes para que el Gobierno cediera inusitadamente, tras 72 horas de presión, a un largo pliego de peticiones nada fácil de aceptar para Hacienda.

El conflicto desnudó la subestimación del Ejecutivo al paro de dos agrupaciones de tamaño mediano, el quiebre de un gremio donde las cúpulas de las principales asociaciones ya no controlan las rutas y el apuro por cerrar la crisis antes del viaje del Presidente J. A. Kast a Asia.

La primera arista radica en la subestimación de la protesta por parte del Ejecutivo. La movilización no fue sorpresiva: había sido advertida formalmente desde el 5 de noviembre por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, liderada por Cristián Sandoval. No obstante, en La Moneda primó el exceso de confianza, porque el Gobierno contaba con el respaldo y diálogo con los grandes empresarios de carga.

• Desde inicios de año, el oficialismo –a través de los subsecretarios Máximo Pavez y Karlfranz Koehler, junto al asesor del Segundo Piso Cristián Valenzuela– cultivó fluidos nexos con las cúpulas históricas de los transportistas: la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), presidida por Sergio Pérez, y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), liderada por Juan Araya.

El Comité Político de La Moneda asumió que, al no sumarse las dos más grandes federaciones, la protesta se reduciría a escaramuzas menores. Esa lectura, explican en el oficialismo, impidió atender a tiempo el malestar de las bases por el alto costo de los combustibles y el impacto del cambio en el Mepco.

El segundo elemento reveló una mutación radical: los grandes empresarios ya “no tenían la sartén por el mango” como en años anteriores, debido a la fragmentación del sector. Aunque la CNTC y la CNDC conservan la representación tradicional, el poder real de paralización en las rutas perfectamente podía descansar en “los chicos” si paulatinamente se sumaban. Según explican conocedores del rubro, son los pequeños transportistas –dueños de uno o dos camiones– quienes mueven la carga diaria y resienten el impacto directo en sus costos.

• La firmeza demostrada por la Confederación Centro Sur, de Freddy Martínez, y Fuerza del Norte, de Sandoval, evidenció que grupos independientes y de bases pequeñas desbordaron a las cúpulas más influyentes. Cuando líderes tradicionales llamaban a deponer las protestas, los camioneros en ruta los desautorizaban. Esto obligó al biministro Claudio Alvarado a negociar directamente con los movilizados y hacer regresar a Santiago desde el Congreso a su par de Hacienda, Jorge Quiroz, asumiendo que los pactos cupulares eran inútiles si las bases en carretera no firmaban.

El tercer factor decisivo fue la asfixiante presión temporal sobre el Ejecutivo. El conflicto debía resolverse antes del viernes por la noche, plazo fatal en que Kast debía partir a su gira por Asia para asistir a la cumbre de la APEC y sostener bilaterales en Vietnam, China y Japón. A ello se sumaba la estadística de que los movilizados suelen cohesionarse más durante los fines de semana.

El cálculo político era categórico: no es lo mismo que el conflicto se agudice con el Presidente en el país. Su ausencia durante un paro activo habría dejado la crisis en manos de un vicepresidente no electo en urnas, arriesgando cortes de ruta y desabastecimiento sin la máxima autoridad. Ello forzó a Alvarado a abrir La Moneda al diálogo y a sumar al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz –quien dejó la tramitación del Presupuesto en el Congreso–, para sellar una rebaja al diésel de $150 y congelar tarifas hasta marzo, desactivando el paro justo antes del vuelo presidencial.

Los archivadores con “candado” del ministro Rabat

Personal del ministerio de Justicia / Archivo.

Los decretos demoraron quince días en llegar al Congreso y lo hicieron con la misma parafernalia de siempre. Primero fue el ministro Quiroz, cargando el presupuesto del año 2027 en un maletín con candado, y ahora un grupo de funcionarios del Ministerio de Justicia trasladando –en cuatro archivadores– 309 decretos de rebaja de condenas a pederastas.

Esta vez también hubo candados, pero no físicos.

Los documentos arribaron a la Comisión de Constitución del Senado este miércoles, un día antes de que la oposición presentara una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien ni siquiera acudió a la sesión para explicar por qué decidió excluir a criminales de lesa humanidad y miembros del crimen organizado, tal como habían solicitado los parlamentarios.

• “¿Dónde están los de los violadores de derechos humanos? ¿Dónde están los del Tren de Aragua? ¿Los de la mafia italiana? (…) Lo que yo veo es un ánimo deliberado de no entregar la información para efectos de que se conozcan los verdaderos motivos que tuvo el ministro de Justicia para entregarles beneficios a violadores sexuales”, planteó la senadora Paulina Vodanovic (PS) en la misma sesión.

Los decretos llegaron al Congreso en calidad de reserva y con órdenes de custodia, disponibles para la consulta de parlamentarios en la secretaría del Senado, sin copias que permitan una circulación abierta del contenido. O sea, con una llave institucional que castiga las filtraciones e impide que estos sean conocidos por más personas.

Al abandonar el Congreso, Fernando Rabat calificó el envío de “primera entrega” y se excusó de no haber aportado más antecedentes porque eran “muchísimos”, pero que iba a contestar las más de 50 solicitudes de información que habían presentado distintos parlamentarios, en una actitud percibida como abiertamente provocadora.

• “Una falta de respeto a la ciudadanía”, dijo la senadora Daniella Cicardini (PS) en la comisión.

La falta de transparencia en la entrega de los documentos llevó al presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Vlado Mirosevic (PL), a solicitar un pronunciamiento del Consejo para la Transparencia (CPLT) para verificar si la reserva realizada por el Ejecutivo se ajusta o no a derecho. “Lo que estamos solicitando es que el organismo especializado examine la calificación efectuada por el Gobierno y se pronuncie dentro del ámbito de sus competencias”, puntualizó.

Pese a la falta de antecedentes que impedían ejercer el rol fiscalizador parlamentario, la oposición decidió ingresar de igual forma la acusación constitucional, convirtiendo la disputa por la información en el argumento de uno de sus capítulos, acusando a Rabat de faltar a la verdad, entregar información inexacta y omitir antecedentes ante el Congreso y la opinión pública.

• El secretismo no necesita transformarse en confabulación para tener consecuencias políticas. Basta que la información se entregue tarde, en un recinto vigilado, sin copias y de forma parcializada, para que la sospecha ocupe el espacio que debería llenar la evidencia. La opacidad institucionalizada con que el Gobierno está ejerciendo sus facultades discrecionales se ha convertido en una verdadera caja negra, como aseguró a El Mostrador Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente.

“Sin criterios escrutables ni datos abiertos, el resultado inevitable es la desconfianza ciudadana (…). En pleno siglo XXI, la información pública debe ser interoperable, digital y en formatos abiertos para que la sociedad civil y la prensa puedan cruzar o analizar datos. Encerrar 309 decretos en un cajón para que no puedan ser copiados anula el control democrático y reduce la transparencia a un mero trámite burocrático”, recalcó.

Ñuble: el rostro de la crisis laboral que golpea la credibilidad de Kast

Desempleo / Archivo.

El reconocimiento del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de que Chile atraviesa una recesión técnica abrió no un flanco, sino un forado para el Gobierno de José Antonio Kast. 

El miércoles 11 de noviembre, en una entrevista con Bloomberg, el secretario de Estado admitió que la economía acumula dos trimestres consecutivos de contracción, después de haber descartado anteriormente ese escenario.

• Aunque atribuyó el deterioro principalmente a la caída de la producción de cobre y aseguró que espera una recuperación, el reconocimiento multiplicó las dudas sobre las perspectivas económicas del país. En ese contexto, el desempleo se ha convertido en uno de los problemas políticos más delicados para La Moneda, aunque lo reconozcan a regañadientes.

Pero hay un indicador que permite observar con especial preocupación la profundidad del deterioro laboral: Ñuble. La región alcanzó una tasa de desocupación de 11,8% en el trimestre julio-septiembre, convirtiéndose en la más alta del país y superando en dos puntos porcentuales el promedio nacional, que llegó a 9,8%.

La cifra no solo refleja las dificultades del mercado laboral en esa zona, sino que también instala una señal de alerta para el resto del país. Ñuble ha mostrado niveles elevados de desempleo y su evolución constituye un termómetro de las tensiones que enfrenta el mercado laboral, especialmente en la zona centro-sur.

• La preocupación es que, si la tendencia continúa extendiéndose, otras regiones terminen acercándose a esos registros y el promedio nacional siga escalando.  La brecha entre Ñuble y el indicador nacional muestra la magnitud del deterioro.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) refuerzan esa preocupación. Durante 2026, la desocupación pasó de 8,9% en enero-marzo a 9,1% en febrero-abril y 9,4% en marzo-mayo. Luego se mantuvo en ese nivel en abril-junio, antes de volver a subir a 9,5% en mayo-julio, 9,6% en junio-agosto y 9,8% en julio-septiembre.

Es decir, con una breve estabilización, la trayectoria ha sido persistentemente ascendente durante el año. El último registro representa un incremento de 1,3 puntos porcentuales en doce meses, mientras que la cantidad de personas ocupadas disminuyó 1,1%. El país ya supera el millón de personas desocupadas, un escenario que complica las expectativas del Ejecutivo y pone a prueba su promesa de reactivar la economía y recuperar el empleo.

• El deterioro también ha comenzado a generar inquietud dentro del propio oficialismo. Durante septiembre, representantes de la UDI, Renovación Nacional y Evópoli transmitieron a La Moneda la necesidad de complementar la estrategia de estímulo a la inversión privada con medidas capaces de impulsar la contratación en el corto plazo.

La presión revela una diferencia de énfasis dentro del oficialismo: mientras el equipo económico apuesta por reformas estructurales cuyos efectos requieren tiempo, los partidos oficialistas advierten que el deterioro laboral exige respuestas inmediatas.

A las dificultades económicas se suma el desgaste en la evaluación ciudadana de la administración. La encuesta Cadem del 8 de noviembre situó la aprobación presidencial en 29% y la desaprobación en 68%. Entre quienes rechazan la gestión de Kast, un 42% mencionó la caída del crecimiento económico y el aumento del desempleo como razones de su evaluación negativa.

• En tanto, el consolidado semanal de Qualiz, correspondiente al período del 9 al 13 de noviembre, registró una aprobación de 26,5% y una desaprobación de 67,5%. Aunque se trata de mediciones distintas, ambas reflejan un escenario de bajo respaldo presidencial, en el que la situación económica comienza a pesar cada vez más en el juicio sobre la gestión del Gobierno de Kast.

Si el desempleo continúa escalando y la recuperación no se traduce en nuevas contrataciones, la cesantía podría terminar convirtiéndose en el principal talón de Aquiles de la administración, erosionando no solo su respaldo ciudadano, sino también la confianza política en la capacidad del Gobierno para cumplir su programa.

Al ministro Quiroz se le juntaron los problemas y con recesión técnica

Ministro de Hacienda Jorge Quiroz / Agencia Uno.

Al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se le juntaron los problemas. Mientras intenta sacar adelante un Presupuesto 2027 que acumula rechazos en el Congreso, tuvo que reconocer que Chile atraviesa una recesión técnica, la misma que en agosto había descartado. Eso sí, atribuyó el frenazo principalmente a la caída de la producción de cobre. Y, por si faltaba algo, los camioneros del norte exigieron que se sumara a las negociaciones.

La discusión presupuestaria tampoco le dio tregua. La Cámara despachó el proyecto con seis partidas cuyos gastos variables fueron rechazados, entre ellas, Educación e Interior. A estas se suma Ciencia, cuyos recursos venían rechazados desde la Comisión Mixta.

• En Educación, Quiroz tendrá que negociar en el Senado la reposición de recursos, incluidos los computadores escolares, para los que anticipó posibles ajustes.
• En Interior, pesaron los recortes a Senapred y la Ley Cholito. Justicia, en cambio, consiguió aprobarse, aunque entre gritos y enfrentamientos por los derechos humanos, en medio de la controversia del ministro Fernando Rabat.

Y mientras Hacienda hacía malabares con los votos, Quiroz tuvo que dejar el Congreso y partir a La Moneda para participar en las negociaciones con los camioneros. Los dirigentes habían reclamado su presencia, pero finalmente fue el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien recibió los principales elogios por destrabar el conflicto.

• “El hombre estuvo a la altura”, dijo Cristián Sandoval, líder de Fuerza del Norte, desde La Moneda y con Quiroz presente.

La cuenta quedó para Hacienda: el costo fiscal estimado del acuerdo pasó de los US$ 500 millones anunciados inicialmente por Quiroz a cerca de US$ 900 millones entre 2026 y 2027, según el subsecretario Sebastián Vallebona. La cifra definitiva sigue pendiente.

Ahora Quiroz deberá enfrentar al Senado, donde la oposición presiona por reponer recursos sociales y el Gobierno necesita recuperar las partidas rechazadas. Todo con una economía en recesión técnica y nuevas exigencias fiscales sobre la mesa.

El ministro asegura que el Presupuesto va “bien encaminado”. Pero entre la billetera, los votos y los camioneros, el camino se le puso bastante cuesta arriba.

¿Quién lleva la batuta?: Confech articula a universitarios, secundarios y sindicatos

Foto: Stringer/ Agencia Uno.

La marcha que este viernes reunió a estudiantes secundarios y universitarios en la Alameda fue la segunda protesta con participación de ambos sectores en Santiago esta semana. La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) convocó a manifestarse por el alza de los combustibles, entre otras demandas. En paralelo, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) ha sostenido desde octubre una coordinación con secundarios y sindicatos en torno al financiamiento de la educación pública.

Pero la coordinación entre universitarios y sindicatos tuvo un primer hito en el paro nacional por la educación del 1 de octubre. La Confech convocó a esa jornada para defender los recursos de la educación pública en el inicio de la discusión del Presupuesto 2027. Al día siguiente, la confederación y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunciaron que mantendrían el trabajo conjunto durante los meses siguientes.

• En Temuco, la discusión presupuestaria se sumó a los conflictos internos de dos universidades. El 28 de octubre, estudiantes de la Universidad de La Frontera (UFRO) y de la Universidad Católica de Temuco (UCT) marcharon por el centro de la ciudad junto con secundarios. Ambas casas de estudios estaban en paro por demandas internas y por el rechazo a los recursos previstos para el sector en 2027.

La Confech volvió a convocar a una jornada nacional el miércoles 11 de noviembre. En el centro de Santiago se manifestaron universitarios y secundarios contra las medidas educacionales del Gobierno. El llamado contemplaba también concentraciones frente al Congreso, en Valparaíso, y ante las secretarías regionales ministeriales de Educación en el resto del país.

Esa jornada abrió el calendario de noviembre del denominado Frente Común, que reúne a la Confech, la CUT, la Red Nacional de Centros de Estudiantes (Renace) y el Movimiento Nacional de Pobladores y Pobladoras. Las organizaciones presentaron su agenda en medio de la discusión del Presupuesto 2027 y de la negociación por el reajuste del sector público.

• La próxima convocatoria del Frente Común es para el miércoles 18 de noviembre. Las organizaciones llamaron a concentrarse desde las 11:00 horas frente a las delegaciones presidenciales del país, para pedir que se frenen los recortes presupuestarios, incluidos los secundarios que preparan un petitorio de demandas de infraestructura escolar y apoyo en salud mental.

Aunque han pasado un poco bajo el radar por otros hechos noticiosos, las movilizaciones estudiantiles se están transformando en un frente adicional que debería comenzar a preocupar al Gobierno.

La causa nacionalista argentina: Magallanes y las Malvinas/Falkland

Barco Danstar / Archivo.

Lugares comunes. El viejo cliché periodístico de “la tensa calma” nunca ha sido más exacto que en estos días, mientras el barco Danstar prepara su viaje con mercaderías desde Punta Arenas a las islas Malvinas/Falkland y muchos apuestan a que Argentina, finalmente, nada hará al respecto.

• Lo cierto es que para entender la coyuntura hay que entender el contexto, que es mucho más amplio que la boca oriental del estrecho de Magallanes o el paso de Drake: es todo el sur del Atlántico y ello se ha visto insuflado por un espíritu nacionalista que se expresa en las principales ciudades del sur de Argentina con carteles carreteros que muestran la distancia hacia “Puerto Argentino” (Puerto Stanley), merchandising con la efigie de las islas y rayados en las paredes que dicen “Malvinas argentinas”, entre otras expresiones.

El museo. Incluso, en septiembre de 2025, fue inaugurado en Bariloche (ciudad ubicada casi al frente de Osorno) el “Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur”, enfrente del cual, en pleno lago Nahuel Huapi, se encuentra emplazado uno de los aviones Mirage que combatió en 1982 contra los británicos. Hay una política oficial del Estado al respecto, como es evidente.

El viejo truco del nacionalismo. No son pocos los analistas que coinciden en que la carta nacionalista será uno de los principales argumentos con los cuales Javier Milei enfrentará la elección de 2027.

• ¿Cómo dice que dijo? En medio de todo ello, el canciller Francisco Pérez Mackenna dijo el miércoles, en referencia al viaje del Danstar, que Chile confiaba en el derecho a paso consignado en la Convemar, pero fuentes del mundo diplomático dijeron que eso es “un errorazo técnico”, dado que ese derecho a paso “sería el marco si Chile y Argentina no fueran vecinos y no tuvieran un tratado bilateral limítrofe”.

El téngase presente del almirante. Otro hecho que no pasó inadvertido en el mundo de las RR.EE. fue la carta enviada a El Mercurio por el excomandante en Jefe de la Armada chilena Miguel Ángel Vergara, quien se declaró sorprendido por las declaraciones del canciller argentino en orden a que Danstar debería pedir autorización a ellos para navegar hacia Las Malvinas/Falkland.

A su juicio, aceptar aquello “significaría que no existe libertad de navegación desde y hacia la boca oriental del estrecho de Magallanes” y que Argentina “habría dispuesto una verdadera aduana para autorizar lo que circula o no por ese paso”.

• Con sarcasmo, concluyó indicando que “al parecer no estaba equivocado el almirante que hace poco nos comunicó que la boca de ese paso marítimo era de Argentina. Espero que nuestra Cancillería no se quede de brazos cruzados”.

Hasta aquí llega esta edición de +Política. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirnos a maspolitica@elmostrador.cl.