Decisión contó con la aceptación de todos los querellantes
El Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación contra los ejecutivos de LarrainVial y Canio Corbo (CHL y ex Linzor Capital), al concluir que no hay elementos para llevarlos a juicio. Si bien tal decisión no impide a futuro la reapertura de este capítulo, la relevancia de estos tres nombres no radica en su calidad de imputados sino de testigos para el juicio que la Fiscalía prepara contra Aldo Motta, el paso previo para luego perseguir a los peces gordos de este histórico escándalo financiero: Julio Ponce, Roberto Guzmán y Leonidas Vial.
Antes de irse a la renovada Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Andrés Montes, ex fiscal a cargo del caso Cascada, dejó firmada la decisión de no perseverar contra un pequeño grupo de imputados del sonado escándalo financiero: Manuel Bulnes, Felipe Errázuriz y Canio Corbo.
Montes –hoy jefe de la Unidad de Investigación de la CMF (ex SVS)– había llegado a la conclusión de que no había elementos para llevar a juicio penal a estos tres imputados (de un total de 12), a pesar del carácter de “instrumental” que les asignó la entonces SVS en el retorcido esquema de transacciones bursátiles, a través del cual un pequeño grupo liderado por Julio Ponce, ex presidente de SQM, se habría beneficiado en perjuicio de los accionistas minoritarios de las famosas sociedades cascada (Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera).
Con esta decisión, comunicada ayer en el Séptimo Juzgado de Garantía y que contó con la aceptación de todos los querellantes del caso (Moneda, AFP Habitat y el abogado Mauricio Daza), la fiesta se desató en LarrainVial. Pasaron más de cuatro años desde que el Ministerio Público abriera la investigación contra sus ejecutivos Bulnes y Errázuriz, hoy exculpados de cualquier responsabilidad penal en el famoso esquema.
Los comentarios fueron instantáneos y apuntaron directamente a la renovada CMF y los cargos que formuló en 2013 y 2014, cuestionando una investigación cuyas 700 sesudas páginas han sido estériles para ratificar delitos en el ámbito penal.
La corredora no tardó en enviar un comunicado, deslizando críticas al proceso que inició el ex regulador Fernando Coloma y que heredó Carlos Pavez. “Recibimos con satisfacción la decisión adoptada, que confirma lo que hemos sostenido desde el comienzo: que Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz son inocentes y su desempeño como corredores de bolsa en estas operaciones fue irreprochable y ajustado a la legislación vigente”.
¿Se equivocó la SVS? “Aportamos una gran cantidad de antecedentes para demostrar la completa inocencia de los señores Bulnes y Errázuriz. En virtud de eso, la Fiscalía llegó a la conclusión de que legalmente no procedía acusarlos y llevarlos a juicio. La investigación de la Superintendencia, el Ministerio Público la tomó como base y la profundizó muchísimo, analizó los elementos y concluyó lo ya sabido: que procedía excluirlos del caso, manteniendo su condición de inocentes”, afirmó a este medio el abogado Juan Domingo Acosta.
Sin embargo, más allá de que en los hechos el Ministerio Público descartó existencia de ilícitos por parte de Bulnes, otras razones también justificarían su actuar, y es que la relevancia de estos tres involucrados del caso no radicaría en su calidad de imputados, sino en la potencial condición de testigos para el juicio oral que la misma Fiscalía prepara en contra de Aldo Motta, que sería el paso previo para perseguir penalmente a los peces gordos de este entramado: Julio Ponce, Roberto Guzmán y Leonidas Vial.
Si bien la decisión la tomó Montes, fue el fiscal Marcelo Cabrera el encargado de anunciar la decisión de liberar a Bulnes, Errázuriz y Corbo del caso Cascada. Cabrera es el Fiscal Regional suplente de la zona Centro Norte y bajo su mando tiene a un grupo de connotados persecutores: Ximena Chong, Macarena Cañas, Tania Sironvalle y Jaime Retamal.
A este equipo de fiscales se suman otros más como asistentes. Hoy el contingente de fiscales no es menor para este caso, después que en sus primeros tres años descansara en el fiscal José Morales, quien es apuntado, por todos los involucrados, como un persecutor que no avanzó nada en la causa, descartando desde un principio la investigación de la SVS.
En 2015, AFP Habitat había pedido directamente la remoción de Morales del caso, efectuando críticas respecto a que su investigación no había sido minuciosa, más la falta de celeridad de diligencias. En tres años nunca se incautaron correos electrónicos o información contable de las sociedades que participaron en el esquema.
En paralelo, las partes sancionadas avanzaron a paso firme en varias instancias para deslegitimar la tesis del regulador. Acudieron a tribunales civiles y, recientemente, en noviembre del año pasado, el Tribunal Constitucional redujo de manera importante las millonarias multas que había aplicado la SVS.
Aún así, al regulador no le ha ido mal en instancias civiles. Ha tenido fallos favorables en lo que respecta a las reclamaciones hechas por Julio Ponce, Roberto Guzmán, Alberto Le Blanc y Aldo Motta, aunque adversos en lo que respecta al rol de LarrainVial, sus ejecutivos y el ex presidente de la corredora, Leonidas Vial.
En medio de todo lo acontecido, LarrainVial selló su propio acuerdo con las AFP a cambio de US$3,5 millones a favor de las administradoras previsionales, con el compromiso de estas de retirar las demandas civiles contra la corredora.
Con tal escenario, la Fiscalía analizó sus cartas y tomó la estrategia de retroceder un paso para avanzar dos. Renunció a la persecución contra este pequeño grupo conformado por Bulnes, Errázuriz y Corbo, pero pensando en la calidad de testigos que estos tendrían para el juicio que prepara el mismo organismo persecutor contra Aldo Motta, ex gerente general de las cascadas.
El juicio contra Motta, por haber entregado información falsa al mercado y manipulación bursátil mediante operaciones ficticias, está previsto para este 16 de marzo. Las pruebas que prepara el Ministerio Público buscan como primer objetivo una pena de siete años de cárcel contra él, lo cual sería un logro para el organismo en lo que respecta a condenas por delitos en el ámbito del mercado de valores.
Y, además, un objetivo de largo aliento es la persecución contra Ponce, Guzmán y Vial, quienes –según la SVS– se habrían beneficiado directamente transando acciones de la cascada en perjuicio del interés social de estas empresas. Para ello, el juicio contra Motta es clave.
En el marco de la preparación para el juicio oral contra el ex gerente de las cascadas, el mismo Montes dijo, en agosto pasado, que la causa contra Motta “tiene que ver con una serie de operaciones bursátiles que, a juicio del Ministerio Público, infringen lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Mercados de Valores, ya que se trata de operaciones ficticias o fraudulentas, dependiendo de cada uno de los casos, y se sigue recopilando información con el objeto de tomar una definición si existe participación de otras personas».
Un desenlace favorable para la Fiscalía sobre la causa contra Motta sería –según conocedores del caso– un eslabón imprescindible para llegar a Ponce y compañía. Si bien los querellantes reconocen que no será fácil demostrar penalmente las infracciones cursadas por la SVS contra estos peces gordos, es un escenario que no se puede descartar.
“En casos que son complejos, muchas veces se sacrifican ciertas imputaciones para obtener testigos con calidad, que sean creíbles. El juicio oral contra Motta definirá el futuro de esta causa contra el resto de los imputados, ya que se definirán cuestiones de hecho y jurídicas relevantes para definir el destino de los demás involucrados”, sostiene una fuente.
