MERCADOS
Una vez más el empresario se saltó la institucionalidad y aprovechó el vacío que dejó la prohibición de ser ejecutivo o directivo en SQM para regresar en gloria y majestad. La semana pasada el directorio de la minera no metálica aprobó sumarlo a él y a su hermano Eugenio como sus asesores, noticia que se conoció ayer y generó un gran revuelo. Parlamentarios buscan conformar una comisión investigadora, aunque el Gobierno y el jefe de Corfo, Sebastián Sichel, evitaron ahondar en la polémica. Bitran acusó a Rafael Guilisasti de perder “la poca credibilidad que le quedaba”, mientras las AFP –que hace unos días invirtieron casi US$ 450 millones en acciones en dicha empresa– guardaron silencio. La CMF, en tanto, requirió información a la compañía.
“Un poco”, responde en privado, y siempre irónico, Julio Ponce Lerou cuando le preguntan si siente que ha perdido poder en los últimos años de tanta presión que ha vivido para que salga de SQM, según cuentan quienes lo conocen. Y es que el empresario, separado hace años de una hija del fallecido ex general Augusto Pinochet, tiene una capacidad infinita para escabullirse de los que lo intentan cercar.
Así se mostró ayer cuando se supo de un acuerdo unánime del nuevo directorio de la minera no metálica, que preside el ex timonel de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, que lo incorporó junto a su hermano, Luis Eugenio, como “asesores” de la alta gerencia de la firma.
La información, revelada ayer por Pulso, sorprendió a todo el mundo, pues la salida de Ponce fue una exigencia clave de Corfo para aprobar, a comienzos de año, un acuerdo para renovar y ampliar el contrato de concesión en el Salar de Atacama con SQM, elevando sustancialmente su producción. Esto, además, en medio del escándalo que provocó –y aún sigue generando– el caso de financiamiento ilegal a la política de representantes y dirigentes de casi todo el espectro político.
Cabe recordar que SQM fue sancionada con US$ 30 millones por la SEC –símil de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en Estados Unidos–, comprometiendo allá y en Chile un cambio drástico en su gobierno corporativo para evitar más corrupción en su interior. Así, hubo estudios, informes, peritajes, compromisos de los nuevos directores para hacer una nueva SQM. De allí que la movida desconcierte a casi todos.
La jugada desató otro escándalo político que llegó hasta La Moneda. El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, salió cerca de las 10:00 horas a enfrentar el tema, reconociendo “imprudencia” de Ponce, pero adelantando desde ya que no incumplía el acuerdo con la entidad fiscal y que las decisiones de SQM “pertenecen estrictamente al ámbito de sus funciones y no modifica el acuerdo en su ejecución”. De paso, señaló que dicho documento firmado por su antecesor, Eduardo Bitran, los dejó “amarrados”.
La Moneda optó por marginarse, delegando en Sichel la responsabilidad de hacerle frente. Solo el ministro del Interior, Andrés Chadwick, acotó escuetamente durante la tarde que «el Gobierno no se pronuncia por decisiones internas o cambios al interior de empresas privadas».
Esta es la primera vez que públicamente Sichel debe sentar posición en el mercado del litio, sector que conoce bien. En el pasado hizo asesorías a Albemarle, que es socia de Tianqi en Australia. De hecho, fue Bitran quien denunció, ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la concentración que generaría en el mercado el ingreso de la empresa china a SQM.
Sichel es además cercano al presidente de Norte Grande, Rafael Guilisasti, con quien mantiene una amistad desde la militancia en Ciudadanos.
Sin embargo, el tema se instaló con fuerza en la agenda. Y fue el propio Bitran quien lanzó los dardos más duros. Aseguró que la movida es una “burla” de Ponce y SQM a las autoridades chilenas y que el Estado no puede aceptar esta situación, por lo cual llamó a Corfo a actuar y pedir la disolución del acuerdo.
Pese a que el arribo de Ponce y su hermano como asesores de la empresa no vulnera el contrato con la Corfo, según el Código Civil estos se firman de buena fe y no solo se considera lo que está expresamente establecido, por lo que se podría slicitar que quede sin efecto el contrato, explicó Bitran. “El acuerdo implicaba que saliera de la compañía del todo, parientes hasta segundo grado, director y ejecutivo. ¿Me están diciendo acaso que tendríamos que haber escrito todas las cosas que no podía hacer Ponce Lerou? Lo que hay aquí es una empresa privada, que explota el Salar de Atacama, el principal del mundo en el litio para electromovilidad, que fue sancionado por la SEC, que pone a (Laurence) Golborne como director estando formalizado y hoy salen con esta provocación. No entienden nada de lo que está pasando”, recalcó el ex vicepresidente ejecutivo.
Además, recalcó que “hay juicios pendientes con comunidades, temas ambientales delicados no resueltos y se dan el lujo de burlarse de todos los chilenos (…) la verdad es que es una cosa increíble. Viven en el mundo de la impunidad y que las cosas se compran. Si yo hubiera estado en Corfo hubiera sido llamado de inmediato a la resiliación del mismo”, sostuvo.
Bitran no solo apuntó a Corfo, sino también a los personajes privados que participan en la compañía, como Guilisasti, quien no se ha pronunciado al respecto y fue parte de las negociaciones con el ex vicepresidente ejecutivo, al igual que Alberto Salas, que llegó a la presidencia de SQM como director independiente elegido con votos de Calichera –la sociedad que preside Guilisasti– y en acuerdo con la Corfo.
“Es para mí una sorpresa que Alberto Salas haya apoyado esto. Y Guilisasti, que perdió casi toda su credibilidad cuando se da el salto de Corfo a la presidencia de Cascadas, hoy no ha dicho una palabra. Lo poco que le quedaba de credibilidad se le acabó. A menos que tome una decisión radical y renuncie a Pampa”, planteó Bitran, recordando que “él negoció conmigo y la salida de Ponce era condición fundamental clave”.
No solo Bitrán y algunos parlamentarios criticaron esta situación, también lo hizo la propia CPC.“A nosotros no nos corresponde meternos en las decisiones internas de las empresas, pero tenemos que decir categóricamente: no nos gusta”, afirmó su timonel Alfonso Swett, añadiendo que se explica “justamente por todos los impactos que esto tiene y todos los desafíos y complejidades que tiene”.
Su par en la Sofofa, Bernardo Larraín, tampoco le prestó ropa a la jugada. «Me parece que no es una buena práctica empresarial en sociedades anónimas abiertas con accionistas minoritarios, que legítimos derechos de accionistas controladores o relevantes, se ejerzan a través de instancias distintas del directorio, comités de directores o junta de accionistas, salvo que en su condición de director (que no es el caso) asume otros roles en condición de asesor», precisó.
Ayer, al cerrar la jornada, SQM salió a blindar el ingreso de los Ponce como asesores. «Después de un exhaustivo análisis, resolvió contratar la asesoría con exclusividad de los dos profesionales antes referidos, tomando en consideración su amplio conocimiento del negocio, de los procesos productivos, del desarrollo tecnológico y la innovación incorporada, de los clientes y del desarrollo comercial de los productos. Lo anterior, teniendo en cuenta que ambos tienen más de 20 años de experiencia en la industria. Es importante señalar que la contratación de ambos profesionales como consultores no contraviene en ninguna circunstancia los acuerdos entre SQM y Corfo», señalaron, aunque la declaración careció de la misma racionalidad que el nombramiento.
Sin dudarlo, Bitran puntualizó que, en su opinión, Sichel no actuó solo al decir que el acuerdo no se veía afectado por el anuncio. “No me consta, pero creo que viene de más arriba. Sichel no actuó solo en esta declaración. Y probablemente recibió instrucciones de La Moneda. Hay muchos que piensan que poner condiciones a Julio Ponce Lerou era inadecuado”, enfatizó.
Y es que la investigación penal que lleva el Ministerio Público ha permitido ir descubriendo un largo listado de autoridades y ex autoridades que, directa e indirectamente, recibieron recursos de la minera no metálica, habiendo luego rectificado ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), por no estar justificados los pagos.
[cita tipo=»destaque»]Pese a que el arribo de Ponce y su hermano como asesores de la empresa no vulnera el contrato con la Corfo, según el Código Civil estos se firman de buena fe y no solo se considera lo que está expresamente establecido, por lo que se podría slicitar que quede sin efecto el contrato, explicó Bitran. “El acuerdo implicaba que saliera de la compañía del todo, parientes hasta segundo grado, director y ejecutivo. ¿Me están diciendo acaso que tendríamos que haber escrito todas las cosas que no podía hacer Ponce Lerou? Lo que hay aquí es una empresa privada, que explota el Salar de Atacama, el principal del mundo en el litio para electromovilidad, que fue sancionado por la SEC, que pone a (Laurence) Golborne como director estando formalizado y hoy salen con esta provocación. No entienden nada de lo que está pasando”, recalcó el ex vicepresidente ejecutivo.[/cita]
Ya en 2014, a propósito del caso Cascadas, la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora. Esta vez podría conformarse una segunda instancia, influida por la llegada de nuevos parlamentarios al Congreso, aparentemente sin vinculaciones con SQM.
Ayer Revolución Democrática (RD) y el Partido Comunista anunciaron que reunirán las firmas para pedir la conformación de una comisión investigadora dirigida a abordar el caso. En la sesión de ayer, el diputado Renato Garín (RD) fue duro con SQM: “El señor Ponce Lerou es una suerte de senador designado en este Congreso, un senador por el que nadie ha votado, probablemente el hombre más poderoso de Chile nunca ha sacado un voto, eso demuestra el tipo de democracia y corporativismo que tenemos”.
En tanto, senadores de oposición como Alejandro Guillier, Álvaro Elizalde y Yasna Provoste pidieron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que se involucre en el caso. Fuentes cercanas a la institución aseguraron que ya están recabando información al respecto, para ver si el interés del Estado se ve menoscabado.
Hasta ahora, Ponce Lerou ha controlado indirectamente SQM –una de las mayores del mundo en producción de litio y yodo– por décadas y sin contrapeso. Sin embargo, en el último lustro las cosas cambiaron.
En 2013, quedó públicamente expuesto por primera vez cuando la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) lo acusó y luego, en 2014, lo multó en más de US$ 70 millones –la sanción más alta de la historia– por operaciones bursátiles irregulares con acciones de las llamadas Sociedades Cascada, las que forman parte de la cadena de control de la minera no metálica que él maneja.
En ese momento, con Sebastián Piñera como Presidente, Ponce lo enfrentó públicamente, acusándolo de estar detrás de la investigación de la SVS. Personajes como Darío Calderón (asesor personal de Ponce), Julio Dittborn y Roberto Guzmán Lyon, entre otros, darían pie a una larga historia de rumores y acusaciones sobre los vínculos y desaguisados en negocios entre Ponce y Piñera, pasado que –según el ex yerno de Pinochet–lo tenía expuesto a esta “persecución” política.
Pero 2015 sería el año en que Ponce quedó definitivamente en peligro. Como una hebra del caso de platas políticas Penta, que había estallado en 2014, surgió SQM rápidamente en la primera línea del escándalo por financiamiento ilegal de la política, con evasión tributaria de por medio.
Ahí aparecieron boletas sin trabajos justificados para parlamentarios de casi todo el arco político, pero incluyendo recursos que involucraban potencialmente a las campañas políticas de Piñera y Michelle Bachelet, además de Marco Enríquez-Ominami, a quien la justicia está procesando, pues a los dos primeros la Fiscalía no ha podido acercarse procesalmente.
En la investigación penal que se lleva en su contra por el caso Cascadas, apenas han logrado establecer la existencia de un correo donde él habría hecho algunas gestiones con parlamentarios, como el ex diputado DC, Roberto León, aunque lo ha negado. Sin embargo, desde que en 2013 se le acusó por parte de la SVS de liderar un esquema de operaciones bursátiles ilegales, aún no paga nada.
Mientras todo ocurre, Ponce disputa en tribunales civiles la multa de la SVS, que, si se confirma, bajará dramáticamente de más de US$ 70 millones a poco más de US$ 3 millones, gracias a un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).
Ponce Lerou también ha tenido caídas. Justo cuando se conoce la noticia de su regreso como asesor de SQM, las AFP han insistido en los juicios civiles que las enfrentan con el empresario por el caso Cascadas.
Esto, luego que Ponce y su círculo cercano fueran condenados a pagar 5 mil millones de pesos como compensación a Provida por las pérdidas que le generaron las operaciones que lideró el ex yerno de Augusto Pinochet con las sociedades que controlan SQM.
Junto a Ponce, fueron demandados Aldo Motta, Patricio Contesse Fica –hijo del homónimo ex gerente general de SQM y hoy en el directorio–, el abogado Guzmán Lyon y las sociedades ligadas a Ponce, Inversiones SQYA, Inversiones SQ Limitada e Inversiones Jaipur, además de sociedades de Guzmán Lyon.
El fallo provino del 24° Juzgado Civil de Santiago, que determinó que los acusados deben pagar 186.954 UF, unos 5 mil millones de pesos, equivalentes a US$ 8 millones, cifra que, de confirmarse el fallo, ingresaría a los distintos fondos que gestiona Provida y que sufrieron el perjuicio. Ahora restan las apelaciones.
Esta arista del caso suma nuevos y claves antecedentes que tienen al cuestionado empresario otra vez como protagonista.
Los abogados Enrique Alcalde y Benjamín García, realizaron una movida con el fin de que, previo a la ronda de apelaciones, se garantizara en el futuro, y de seguir la línea en la Corte de lo dictado por el tribunal, el pago de la multa. Para ello se rastreó el patrimonio de los involucrados, aunque el resultado no fue del todo positivo: no se encontró casi ningún bien a nombre de los demandados, Ponce inclusive.
Así y todo, las indagatorias dieron con un activo clave: un paquete accionario de Julio Ponce detentado a través de la sociedad SQYA, equivalente a 613.624.271 papeles, de la que esta firma es titular en Norte Grande.
A través de una medida precautoria, los representantes de Provida solicitaron que se prohibiera celebrar actos o contratos sobre el paquete, de modo de garantizar el eventual pago de la deuda.
Dentro de los antecedentes aportados al solicitar la medida, se señaló que ella se justificaba en que el fallo precisamente hacía eco de que Ponce y el resto de los acusados “incurrieron en un actuar ilícito que generó perjuicios para los Fondos de pensiones administrados por AFP Provida”.
Los abogados detallaron que Inversiones SQYA es accionista de Norte Grande y que Ponce Lerou es el controlador de dichas sociedades. Las 613 mil acciones sobre las que se pidió la medida, equivalen a poco más de 4 mil millones de pesos, equivalentes al 80% de la multa. Aportan, además, un antecedente clave: “La investigación que esta parte realizó con anterioridad a promover esta solicitud, dejó en evidencia la enorme cantidad de operaciones realizadas por algunos de los demandados de autos tendientes a vaciar de activos sus respectivos patrimonios, efectuadas con posterioridad a la fecha de dictación de la Resolución Sancionatoria N°223 de la Superintendencia de Valores y Seguros (2 de septiembre de 2014)”.
Y hace solo unos días, la AFP recibió la notificación de que el 4° Juzgado Civil de Santiago aceptó la solicitud, procediendo a indicar el embargo de las acciones, proceso que actualmente se encuentra en notificación.
