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MERCADOS

Gemines: la jugada de SQM genera un costo a terceros, y esta firma no se hace cargo de este costo

por 19 junio, 2018

Gemines: la jugada de SQM genera un costo a terceros, y esta firma no se hace cargo de este costo
En su informe mensual, Gemines Consultores repasa la noticia conocida a nivel nacional el 5 de junio de 2018. Julio Ponce Lerou regresaba a SQM en calidad de asesor externo. Y, como era de esperarse, "esto disparó una nueva ola de controversias sobre la posibilidad de que esta jugada de la empresa constituyera una violación del acuerdo con Corfo", señala una de las consultoras económicas más escuchadas y de mayor influencia en el mundo empresarial.
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Parte de las trastienda, tras la polémica decisión, fue que se señalaba que el acuerdo Corfo-SQM no incluía ninguna cláusula específica sobre la inhabilidad de Ponce para actuar como asesor externo de la minera no metálica, "la discusión relevante es moral y política, mas no legal", afirman los socios que mensualmente hacen una radiografía sin censura del escenario político y económico.

"La jugada de SQM genera una externalidad política negativa para muchas empresas chilenas, en términos de degradación de su propia legitimidad. Los gremios empresariales reaccionaron crítica y escépticamente frente a la jugada de SQM porque perciben la relevancia de esta externalidad en el contexto actual, justo cuando Alfonso Swett, desde la CPC, y Bernardo Larraín, desde la Sofofa, están tratando de instalar en la sociedad la visión de una conducta cooperativa, social y ambientalmente sustentable de las empresas".

Conducta empresarial, legalidad y legitimidad

Gemines parte su análisis del caso sobre el tema de la legitimidad empresarial y los desafíos de su construcción y cuidado, señalando que "hay algunos hechos cuyo recuento ayuda a entender la evolución de esta controversia".

El informe toma como antecedente que, en mayo de 2014, Corfo acudió a un procedimiento de arbitraje contra la empresa SQM Salar, pidiendo la caducidad del contrato. El argumento de Corfo era que esta empresa habría pagado entre 8 y 17 millones de dólares por debajo de lo debido, para el período 2009-2013, como consecuencia de la aplicación incorrecta de fórmulas para determinar los pagos de regalías de arrendamiento. En particular, Corfo señaló que el 90,0% de las ventas de litio que realizó SQM Salar iba dirigido a empresas relacionadas del grupo, y a precios 18,0% menores que los de mercado, lo cual podría configurar una estrategia de precios de transferencia para reducir las utilidades reportadas.

Además, otro precedente se marca el 02 de abril de 2015, cuando, como una arista de la investigación del caso Penta, el Servicio de Impuestos Internos (SII) solicitó al Ministerio Público investigar a 172 contribuyentes por haber recibido aportaciones políticas de SQM, camufladas bajo la figura de las facturas "ideológicamente falsas".

Según el análisis, estos pagos no fueron soportados por documentación que corroborara que estos proveedores externos dieron servicios a SQM.

Luego, en enero de 2018, se selló el acuerdo que puso fin a la disputa entre Corfo y SQM, el cual incluyó una cláusula que obligó a Julio Ponce Lerou a perder el control de la empresa, y prohibió que este, o a alguno de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, pudiesen ser gerentes o directores de SQM y sus filiales, hasta la expiración del contrato en 2030.

Gemines menciona que uno de los objetivos de Corfo con este acuerdo era introducir mejoras relevantes en materia del gobierno corporativo de SQM Salar, obligando a que dos de sus cinco directores sean independientes, y a que se incluyera a tres auditores también independientes, uno que monitoreara el cumplimiento del contrato, otro que atendiera los temas ambientales y un tercero, designado por el Departamento de Justicia de los EE.UU., para materias de corrupción.

Finalmente, como se señala al principio, se conoció la noticia del retorno de Julio Ponce Lerou a SQM en calidad de asesor externo.

La legitimidad moral del capitalismo de mercado

Como marco conceptual para esta discusión, Gemines cita el planteado por Rebecca Henderson y Karthik Ramanna, de la Escuela de Negocios de Harvard, en una nota titulada "Los gerentes y el capitalismo de mercado", donde los autores discuten el rol del gerente general y de los directivos.

Los autores observan que, más allá de todo el avance institucional de las más modernas y desarrolladas economías de mercado, hay dos elementos que amenazan la legitimidad misma de todo el modelo:

  • Los gerentes y directivos poseen ventajas informacionales y financieras que facilitan la manipulación de los procesos políticos y regulatorios, para obtener ventajas para sus propios intereses.
  • Varias de las instituciones clave para dotar al sistema de legitimidad tienen características de bienes públicos, en el sentido de que cada firma se beneficia de su existencia, pero ninguna de estas tiene incentivos individuales para crearlas.

"Nótese que mucho del caso SQM tiene derechamente que ver con estos dos elementos", agrega Gemines.

SQM, juego en el límite de la legalidad y externalidades políticas negativas

Para Gemines, el hecho de que los gerentes y directivos posean ventajas en cuanto a conocimiento del negocio, en términos técnicos y de sus oportunidades, y una visión experta del juego, hace que en su actuación política (lobby, financiamiento electoral) sea muy tenue la frontera entre la contribución a construir instituciones socialmente deseables y la procura oportunista de dotarse de instituciones que les favorezcan.

"Parece haber un nexo entre financiamiento irregular de la política (que fue transversal, en el caso de SQM), compra de acceso para el lobby parlamentario y la incidencia directa y específica de los directivos de las empresas en el texto de las leyes. Los casos de la Ley de Pesca y la última reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, son dos ejemplos elocuentes en este sentido".

En el caso SQM, que –según el análisis– toca el segundo punto planteado por Henderson y Ramanna, resulta aún más estridente, desde el punto de vista de la legitimidad de lo que podemos llamar el "modelo chileno".

"Aun cuando los directivos y accionistas de SQM se benefician de la credibilidad global del sistema (y ello podría explicar su disposición a cooperar, ex post, con las mejoras de gobierno corporativo impuestas por las agencias reguladoras como la SEC y Corfo), tienen muy fuertes incentivos para tomar ventajas ex ante de lo incompleto de los contratos. Esta actitud oportunista, que puede ser perfectamente válida en el mercado, genera amplias externalidades negativas en la esfera micropolítica", sentencian.

Gemines destaca que, por una parte, el juego al borde de la legalidad fortalece el peso político de las visiones antimercado o antiempresariales. "Piense en el auge de quienes piensan que el litio debe nacionalizarse"; y, por otra, que estas acciones individuales elevan los costos reputacionales de otras empresas, "costos que dificultan las gestiones de sus propios desafíos ambientales, laborales o sociales".

Para la consultora, la jugada de SQM genera un costo a terceros, "y esta firma no se hace cargo de este costo". Por ello es que los gremios empresariales (y algunos sectores del Gobierno) reaccionaron críticamente frente a la jugada de SQM. Porque, a juicio de Gemines, "ellos perciben la relevancia de esta externalidad en el contexto actual, justo cuando Alfonso Swett, desde la CPC, y en alguna medida Bernardo Larraín, desde la Sofofa, están tratando de instalar en la sociedad una visión más cooperativa, una visión de que las empresas, los empresarios, han evolucionado hacia conductas social, ambiental y políticamente sustentables".

Cuenta Pública 2018

El informe analiza también la pasada cuenta presidencial del 1 de junio, la que "puede haber sido, según la lectura mezquina de algunos, aburrida, excesivamente larga y sin un hilo conductor. Pero fue un planteamiento sólido y claro de cuáles son los objetivos del Gobierno, de los que legítimamente se puede discrepar, pero que representan la lectura del mandato obtenido en las elecciones pasadas".

Por una parte, Gemines se refiere al objetivo del resultado estructural del presupuesto, cuyo déficit se reducirá en 0,2 puntos porcentuales por año. "Si este objetivo es ambicioso o lo contrario, depende de cómo se muevan los supuestos estructurales (precio del cobre y PIB tendencial) y cómo se apliquen, ya sea revisando la historia, como se ha hecho desde la gestión Valdés, o si se define una nueva metodología. Sin embargo, considerando la pérdida de credibilidad de la regla fiscal en el período de Gobierno anterior, lo más importante es que la meta se cumpla".

La opinión de la consultora plantea que más importante que la regla, mientras no recupere su credibilidad y sentido, es qué sucede con el resultado efectivo del fisco y su impacto sobre la evolución de la deuda pública.

"Desgraciadamente el Gobierno ha descartado unilateralmente la posibilidad de rebajar el impuesto de primera categoría de 27,0% a 25,0%, con el argumento de que los 'números no cuadran', cosa que, probablemente, es cierta, pero debió ser objeto de negociación con la oposición en el Congreso y no una concesión gratuita".

Respecto a los indicadores de actividad agregada (Imacec) y sectoriales, señalan que han ido ratificando el cambio de tendencia en la actividad económica sobre la base exclusiva de la mejoría en las expectativas desde que la probabilidad de cambio de Gobierno se afirmó. "Si bien el dato de Imacec de abril pudo ser algo mejor, dado el mayor número de días hábiles y la baja base de comparación, ello es atribuible exclusivamente al volátil sector minero".

El informa finaliza esta parte diciendo que lo positivo y alentador de este último dato es que la actividad no minera suele mostrar bastante inercia, por lo que se puede anticipar que la tendencia favorable en su crecimiento tenderá a acentuarse el resto del año, no siendo descartable que el PIB crezca 4,0% o algo más este año. "No obstante lo positivo que se percibe el repunte, y considerando las holguras de capacidad existentes, es difícil que el crecimiento se pueda mantener a este ritmo sin avances en la inversión y la productividad".

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