MERCADOS
Perseguido penalmente por deudas de casi 15 millones de dólares, el controlador de la corredora Intervalores está contra las cuerdas. De poca relación con sus hermanos, el hijo del ex senador UDI Beltrán Urenda ha enfrentado, en los últimos años, el desplome de su imperio financiero. En la lista de polémicas están los casos Inverlink y Schwager, como también las denuncias laborales de distintos ex ejecutivos de su firma.
Gabriel Urenda Salamanca está contra la pared. Denunciado por distintos clientes que lo acusan de estafa, el controlador de la corredora Intervalores está siendo investigado por el Ministerio Público y, además, le restan sanciones por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). A ello se le suma una verdadera lluvia de demandas a todas sus compañías, y también a nivel personal. Los problemas que atañen al hijo del ex senador Beltrán Urenda Zegers sumarían afectados que le reclaman, por lo bajo, US$ 15 millones, tal como detalló El Mostrador Mercados.
La indagatoria puede tener severas consecuencias para el empresario, uno de los ocho hijos que el 2013 heredaron la fortuna del fallecido senador UDI, quien construyó un conglomerado de empresas, principalmente dedicadas a transporte marítimo y gestión de puertos, el grupo Navieras, en el que se destacaron Beltrán hijo y José Manuel.
Gabriel optó por el camino propio, el mundo financiero, donde tiene problemas desde hace años. En las últimas semanas decenas de personas y sociedades han reclamado la devolución de su dinero invertido en las sociedades de Urenda Salamanca y otros están reclamando el cobro de cheques, incluyendo a BancoEstado, al que le debe 500 millones de pesos.
Además de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, Urenda se enfrenta en la Corte de Apelaciones con la Comisión para el Mercado Financiero, por las multas que aplicó en febrero de 2017 por incumplir reiteradamente índices de patrimonio y, además, por entregar información falsa al mercado. La autoridad sancionó a la corredora con UF 1.200 (unos 31 millones) y a Urenda con UF 600 (16 millones).
Gabriel Urenda creó hace casi dos décadas Intervalores, a la que con el tiempo le sumó una serie de sociedades para complementar su participación en el negocio financiero. Su apuesta ha sido en solitario, sin sus hermanos –los que han estado involucrados en una abierta disputa por el manejo del patrimonio dejado por el patriarca del clan, que quedó zanjada en 2014–, y es que, según comentan allegados a la familia, nunca ha estado muy cerca de ellos, al punto que sus actividades no las relaciona directamente con el apellido familiar. Esto, pese a que la carta de presentación de Urenda ha sido, precisamente, su familia, controladora de la naviera CCNI hasta julio de 2014 (cuando la vendieron).
«Empresario con más de 25 años de experiencia en el mercado y principal accionista del Holding Intervalores. Ha liderado desde el inicio la estrategia de crecimiento y diversificación de la empresa hasta la actualidad. Ha participado como socio y alto ejecutivo en otras corredoras de bolsa y como director de empresas. Actualmente es miembro del directorio de la Bolsa de Valores de Valparaíso, donde ha participado por más de 15 años. Es además, miembro de la familia que participa del Holding Naviera», se lee en la página de Intervalores.
A pesar de esa distancia con su familia, cuyos miembros son influyentes en Viña del Mar y Valparaíso, donde fraguaron sus primeros pasos, algunos cercanos afirmaron que los negocios de Gabriel Urenda les han generado problemas y que incluso han debido apoyarlo en algunos de sus tropiezos, especialmente cuando el patriarca del grupo, Beltrán Urenda, aun vivía. Es que el empresario –alguna vez premiado por Asexma y condecorado en la instancia por el ex ministro de Economía Luis Felipe Céspedes, por su apoyo al atleta paraolímpico Cristián Valenzuela– tuvo problemas desde el comienzo con su corredora.
En el marco del escándalo del caso Inverlink en 2003, Intervalores apareció involucrada, pues adquirió papeles robados por un funcionario de Corfo por más de mil 700 millones de pesos. La entidad estatal se querelló y en julio de 2015 el juzgado acogió dicha demanda, por lo que ordenó a casi 15 empresas –entre ellas la corredora de Urenda– la devolución de los dineros. La causa estuvo suspendida, pero el 2017 se retomó y ahora se encuentra pendiente su trámite.
[cita tipo=»destaque»]Urenda creó hace casi dos décadas Intervalores, a la que con el tiempo le sumó una serie de sociedades para complementar su participación en el negocio financiero. Su apuesta ha sido en solitario, sin sus hermanos –los que han estado involucrados en una abierta disputa por el manejo de patrimonio dejado por el patriarca del clan–, y es que, según comentan allegados a la familia, nunca ha estado muy cerca de ellos, al punto que sus actividades no las relaciona directamente con el apellido familiar.[/cita]
Fue esta sentencia del tribunal civil la que detonó la crisis de Intervalores, puesto que gatilló el incumplimiento de sus indicadores financieros. Para enfrentarlo –de acuerdo a la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)– Urenda Salamanca, junto a sus principales ejecutivos, optaron por no usar más las cuentas corrientes de la corredora, protegiendo así el patrimonio de sus clientes y recurrieron a otras cuentas de sociedades relacionadas, como Intervalores Capital, para lo cual crearon una especial, Banco Capital.
Dichos «ajustes» provocaron el incumplimiento de una serie de normas sobre patrimonio, liquidez, cobertura y endeudamiento.
Desde un tiempo, además, hasta el estallido del escándalo, Urenda Salamanca les comentó a algunos clientes que parte de sus problemas financieros se arrastraban del debate patrimonial con sus hermanos y que, una vez que eso se aclarara, podría responder por sus compromisos. Esto, pese a que ese debate por la herencia de Beltrán Urenda se cerró hace unos años.
Un año después del escándalo de Inverlink, Urenda Salamanca estuvo involucrado en otra polémica, a propósito de la multa de 15 mil UF que le aplicó la entonces SVS al director del diario Estrategia, Victor Manuel Ojeda, por publicar información tendenciosa y obtener con ello ganancias por 183 millones en ese momento. La multa fue ratificada en 2013, cuando el monto superaba los 340 millones de pesos.
En septiembre del 2004, Estrategia entrevistó a Carlos Flores, gerente general de Schwager –una sociedad que prometía gran crecimiento en el mercado de los bonos de carbono–, en la que se anunció que la acción saltaría de 7 a 100 pesos, lo que provocó que el papel se disparara más de 4 veces y se suspendiera su cotización.
En 2005, la SVS informó la sanción, pero continuó investigando a Schwager y, a fines de ese año, aplicó nuevas sanciones a los directores de esta, Enrique Fuentes Durán y Gabriel Urenda Salamanca, además del gerente general, José Kravetz, quien había reemplazado en el cargo a Flores.
La Superintendencia de Valores y Seguros descubrió que, luego de la polémica entrevista de septiembre de 2004, la firma anunció acuerdos para concretar su negocio de bonos. Uno de ellos fue con ENAP, sin embargo, la empresa no lo informó hasta un trimestre después y, en ese lapso, la acción subió considerablemente y los tres multados vendieron y obtuvieron suculentas ganancias.
El dueño de Intervalores vendió papeles en esa pasada por más de 240 millones de pesos. La multa llegó a UF 4 mil, poco más de 100 millones de pesos de hoy, los que –de acuerdo a fuentes cercanas a la familia– fueron cofinanciados por ellos, punto que no se pudo confirmar con el abogado de Urenda, quien no devolvió los llamados de El Mostrador.
Según reveló Ciper en 2013, al año 2004, cuando se publicó la entrevista en Estrategia, Urenda era socio de Ojeda en la sociedad Francorp, con un 8,7%, y por eso ocupaba la vicepresidencia. Esta arista terminó en nada.
Las polémicas no pararon ahí. En 2016, el ejecutivo de origen británico, Alastair Paul Champkins, demandó laboralmente a Intervalores por su despido y, aunque obtuvo poco más de 5 millones de pesos y la sociedad logró confirmar las causas de su salida, el caso dejó varios detalles.
Intervalores acusó a Champkins de hacer negocios a través de una firma propia, lo que el ejecutivo negó tajantemente en primera instancia y, como respuesta, hizo una denuncia aludiendo a operaciones con la empresa Cabo Froward, donde Urenda habría ganado un 25% en movimientos accionarios a espaldas de la SVS. Según él, ese fue el motivo de su despido.
En su relato señaló que, el 4 de marzo de 2016, Urenda le ordenó efectuar una operación de compra de acciones de Portuaria Cabo Froward S.A. –ligada a la familia Urenda– y que se le ordenó hacerla para Inversiones Gama S.A. (de Urenda Salamanca), “porque el real adquirente no quería dar aviso a la Superintendencia de Valores y Seguros”.
Para Champkins, “se advertía el evidente manejo de información privilegiada”, situación que hizo ver a una de las ejecutivas cercanas a Urenda, María Graciela Iturra.
La relación de Urenda Salamanca con sus empleados no ha sido la mejor. Hace pocos días, su mano derecha, Sebastián González, quien justamente lideró la defensa ante Champkins, lo denunció en tribunales laborales requiriendo casi 250 millones de pesos. Lo acusó de traición, a propósito de una negociación que tuvo con Omar Arab para sumarlo como socio a fines de marzo, mientras buscaba un salvavidas a la situación de Intervalores.
Según González, Arab le pidió reunirse por separado y en esa instancia le habría planteado que seguiría en la firma siempre que no estuviera Urenda, lo que fue considerado una traición por el empresario y luego de eso habría comenzado la campaña en su contra.
La versión de Urenda es que González le habría sustraído unos 800 millones de pesos a la compañía, pagándose ilegalmente una serie de bonos y comisiones desde distintas sociedades. Antes, tuvo una disputa laboral con otro ex ejecutivo, Carlos Cardemil, quien fue gerente de operaciones.
