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A pesar de los elogios, el organismo critica los métodos utilizados para solucionar los casos de corrupción y cohecho ocurridos en el último tiempo. La organización plantea la necesidad de establecer mecanismos efectivos de delación compensada en las denuncias, y donde el rol del sector privado es clave. “En el sector privado son fundamentales las líneas de denuncia, los canales de denuncia que aseguren el anonimato”, indica Tamara Agnic.
Un reciente informe elaborado por la OCDE hace un análisis sobre el grado de avance que ha tenido Chile en materias de prevención de la corrupción en el sector público y privado; el cohecho en funcionarios públicos y otros temas sobre transparencia y compliance.
De acuerdo al reporte, la nueva legislación vigente en Chile mejoró significativamente el marco general contra la corrupción, incluido el delito de soborno extranjero, las sanciones y el período de limitación.
La OCDE destaca que el reporte de transacciones sospechosas de lavado de dinero “ha contribuido indirectamente a revelar casos de corrupción». «Se han adoptado medidas para prevenir y detectar la corrupción al entregar ayuda oficial al exterior”, sostiene el estudio.
No obstante, el organismo cuestiona los métodos para solucionar los casos de corrupción que han ocurrido en el país, ya que “son insuficientes para garantizar la transparencia y la responsabilidad adecuadas”.
El organismo internacional recomienda que Chile se asegure de que “estos instrumentos permanezcan disponibles en todos los casos de corrupción, al tiempo que se brinda orientación a los fiscales sobre cuándo y cómo usarlos y en los términos apropiados de una resolución”.
Además, asegura que “de particular preocupación es que algunos fiscales suponen indebidamente que la certificación de un modelo equivale a cumplimiento”.
Para la socia de KPMG y ex directora de la Unidad de Análisis Financiero, Tamara Agnic, la OCDE destaca que exista al menos una condena por cohecho internacional.
Agnic valora el avance que ha tenido Chile en estos aspectos, pese a que se ha mejorado en algunas áreas por sobre otras. “Hay aspectos en los que hemos avanzado mucho más que en otros, pero yo creo que lo relevante es que vamos hacia adelante”, recalca.
En ese sentido, indica que se han ido solucionando aspectos que estaban cuando Chile adhirió en 2001 a la convención de cohecho de la OCDE, la cual fue creada en 1997. “Vamos cerrando las brechas que estuvieron a la vista para Chile al momento de firmar o adherir a la convención de cohecho de la OCDE”, indicó Agnic, quien recordó que a partir de la serie de compromisos que Chile asumió al suscribir a esta convención se promulgó la ley que creó la Unidad de Análisis Financiero en 2003.
Si en 2014, el informe, en su fase 3, con datos de 2013 planteaba que el sector privado aún no asumía los desafíos establecidos en la ley de responsabilidad para personas jurídicas, y que debía tomar un rol más activo, en el reporte de 2018, el organismo reconoce que hay una condena por cohecho internacional y que existan condenas en materia penal para personas jurídicas.
“Creo que durante muchos años estuvimos pensando que éramos una isla, que por estar tan alejados del resto del mundo tal vez íbamos a estar totalmente protegidos de estas malas prácticas, de corrupción, en fin. Hasta que alguien vino y nos corrió el velo”, plantea Agnic.
Respecto a las brechas en esta materia, Tamara Agnic asegura que aún existen y “no son menores”, siendo una de ellas la de avanzar más rápido.
En ese sentido, subraya que “los modelos de prevención de delitos que contempla la ley 20.393 aún no están lo suficientemente estandarizados. Estos modelos pueden ser certificados, por ejemplo, pero no existe una estandarización para esas certificaciones”.
