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PDI allana empresa de Cristóbal Lira y de Sebastián de Cárcer, en la arista Ditec, por lavado de dinero contra Fuente-Alba

por 30 mayo, 2019

PDI allana empresa de Cristóbal Lira y de Sebastián de Cárcer, en la arista Ditec, por lavado de dinero contra Fuente-Alba
El ambiente durante la medida intrusiva fue totalmente tenso y los funcionarios que llevaron a cabo la diligencia judicial incautaron toda la información contable disponible de la empresa y computadores de diferentes gerentes de área y otros cargos. Han prestado declaraciones ante el fiscal José Morales personeros que están o han estado ligados a la propiedad de la compañía, y ejecutivos de la misma.
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Hoy, a las 9 de la mañana, el fiscal José Morales y el procesado excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, protagonizarán un cara a cara cuando el persecutor formalice al general (r) por lavado de dinero. Todo, después de varios años de surgidas las primeras sospechas de que Fuente-Alba utilizó caudales públicos para abultar su patrimonio personal.

La instancia genera gran expectativa en la opinión pública, toda vez que podría implicarle al exjefe castrense continuar privado de libertad y que, de paso, se conozca el detalle de la arquitectura que utilizaba para desviar platas hacia su patrimonio personal desde diferentes vías, entre ellas, los gastos reservados de la Comandancia en Jefe del Ejército.

A la par, las indagatorias han sumado nuevas aristas. Entre ellas, la que relató El Mostrador en torno a la relación de cercanía entre Fuente-Alba y los socios principales de Ditec, la automotora que maneja en el país marcas como Volvo, Jaguar, Porsche y Land Rover.

La firma está ligada a Cristóbal Lira, asesor del Ministerio del Interior  y exsubsecretario de Prevención del Delito, que ha sido "blindado" por La Moneda para intentar evitar que las esquirlas de la investigación lo salpiquen. La firma sumaba a Eduardo "Guayo" Costabal, que vendió su participación en 2018. Se mantiene en la propiedad su socio mayoritario, Sebastián de Cárcer.

El miércoles pasado, una resolución judicial autorizó el allanamiento de las oficinas centrales de Ditec, en el barrio Vitacura en Santiago, una diligencia muy diferente a la entrega voluntaria de antecedentes que se había hecho un par de semanas atrás.

Esta medida intrusiva fue el resultado de algunas declaraciones que tomó el fiscal José Morales la semana pasada a altos cargos vinculados o que estuvieron vinculados a la compañía, quienes aportaron más antecedentes en el marco de esta arista Ditec.

Las declaratorias, algunas de ellas tomadas el viernes 17 de mayo, abrieron una caja de Pandora que tornó urgente la recolección de más antecedentes investigativos. De ahí la decisión del fiscal Morales de hacerlo mediante un allanamiento e incautación de elementos probatorios, previa orden judicial, la cual le fue otorgada.

El procedimiento sorprendió a los ejecutivos de la firma. El ambiente fue de total tensión y los funcionarios de la PDI que realizaron la diligencia se llevaron la información contable disponible de la empresa y computadores de diferentes gerentes de área y otros cargos.

Al ambiente el interior de Ditec es tenso, pues hasta ahora la estrategia a nivel corporativo había sido darle poca importancia a las diligencias de la Fiscalía, minimizando cualquier efecto en su quehacer. Pero los colaboradores de la firma quedaron inquietos tras el allanamiento, pues este no fue "amistoso" y no saben quiénes han declarado ni qué tipo de indagatorias persiguen.

Las indagatorias habrían entregado antecedentes de la relación entre los socios de Ditec, especialmente De Cárcer y Lira, y el retirado general Fuente-Alba, además de Virgilio Cartoni, quien sería parte de la trama como una especie de "comisionista" en el proceso de compraventa del Ejército de muchas decenas de vehículos Land Rover a la automotora.

Los involucrados, mediante cartas y aclaraciones, han negado los hechos. De paso, a nivel político, Lira ha tratado de contener cualquier daño reputacional planteando que existe una operación política en su contra.

Lira es, además, concejal de la comuna de Lo Barnechea y, hasta abril (la última información actualizada), mantenía su rol como "coordinador de políticas públicas intersectoriales" del Ministerio del Interior, en un acuerdo que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, con un honorario mensual de $ 2.898.000.

A nivel del mercado automotriz existe inquietud, y las grandes marcas que representan –con sede matriz fuera del país– han hecho consultas preliminares respecto al tema, sobre todo por el proceso de compliance que pueda generar la investigación de la Fiscalía.

Según fuentes cercanas a la investigación, el fiscal Morales en esta arista también investiga la existencia en la contabilidad de Ditec de boletas ideológicamente falsas que habría emitido Cristián Neely, integrante del directorio de la empresa, y antecedentes de autos de lujo utilizados por este director durante años sin haberlos pagado y sin que haya sido una prestación o regalía autorizada expresamente por la compañía en beneficio de sus directores.

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