MERCADOS
Los empresarios la consideran una buena funcionaria política, dicen que tiene buena visión de las políticas macro, de los debates globales sobre medio ambiente y el cambio climático, que es una buena cara internacional para Chile. Pero, a nivel sectorial y regulatorio, hay acuerdo en el sector en que la secretaria de Estado no tiene la estrategia para llevar a cabo los cambios que se requieren. Aseguraron que el «flojo» proyecto del SEA lo demuestra.
Esta mañana la ministra del Medio Ambiente, Carolina Shcmidt, junto al ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Couve, recibirán a distintas autoridades políticas y medios de comunicación para anunciar los lineamientos y desafíos que tiene el Gobierno de Sebastián Piñera de cara a la realización de la COP25.
Es una pauta más bien protocolar, donde Schmidt sin duda se va a lucir. Quienes conocen el estilo de la ministra –una mujer que antes de desenvolvió en el mundo privado con grandes grupos económicos, como Saieh y Luksic– afirmaron que su prestancia y sobre todo su forma de comunicar, le funcionan muy bien en este tipo de instancias.
No son sus únicas fortalezas, es respetada en el circuito internacional, se le conoce por ser buena anfitriona, siempre sale bien «en la foto». Se le considera una excelente «cara» para el periplo internacional, pero a nivel interno su figura no es relevante. Es que carece de una facultad: ser vista como una secretaria de Estado capaz de promover cambios en el sistema regulatorio medioambiental. Los privados no tienen sintonía con ella por la forma en que ha manejado la agenda ministerial, esa que no está relacionada con la COP25 y que para el empresariado es clave para incentivar el crecimiento económico del país.
A inicios de año, una entrevista del presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, desató la molestia del Gobierno, pues en un matutino de fin de semana se refirió –algo temprano– a su evaluación sobre lo que sucedería con el proyecto de reforma al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). Entonces, el dirigente gremial fue específico y dijo que tenían que evitar que el proyecto fuera «una ley para la foto».
[cita tipo=»destaque»]Fuentes gubernamentales agregaron que Schmidt es más «seca» en privado que lo que se ve públicamente y que, en más de una ocasión, sin cámaras, les ha puesto los puntos sobre las íes a los empresarios. Sin embargo, en el mundo empresarial insistieron en sus críticas y advirtieron que no se trata de hacer un gallito al Gobierno, sino que «digan claramente ‘esta es la cancha donde pueden moverse’. El tema de la participación temprana en el proyecto del SEA sí era complejo, sí probablemente debía pasar por una consulta indígena, pero sacarlo y apurar una ley para la COP, no tiene sentido. Va a ser un proyecto a medias».[/cita]
La respuesta en los pasillos del Gobierno no se hizo esperar y se insistió en que en el sector privado estaban siendo impacientes. El tiempo les daría la razón. Esto, porque se optó por «botar» dos de las indicaciones claves de la iniciativa que, inicialmente, prometían un cambio de fondo al servicio: la participación temprana vinculante y las macrozonas. La decisión era un «bálsamo» para el debate parlamentario, pero le hacía perder fuerza.
Sin duda –explicaron empresarios ligados a compañías del rubro–, la participación ciudadana temprana vinculante era el punto que mayor estrés generaba en la negociación política. Y en ese sentido, Schmidt siguió las instrucciones de La Moneda de aprobar lo que resulte más llano de cara a la COP. «En Hacienda, por ejemplo, Larraín ha logrado acuerdos aunque eso signifique que el proyecto no le guste del todo al Gobierno, pero acá la ministra no tiene el mismo carácter», apuntó un cercano.
La urgencia de la COP, sumada a la poca estrategia política de Schmidt, le pasarán la cuenta a algo clave que la titular del Medio Ambiente no ha expresado –a juicio de los empresarios– con toda la fuerza: «Que la regulación ambiental tiene tres ejes: el cuidado ambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico, y sin lo último, lo otro no funciona».
Entre las empresas surge el comentario de que el proyecto de reforma al SEA no es ni la luz de lo que se anunció originalmente hace más de un año en la primera Cuenta Pública de Piñera. «Se ha legislado mal, con una agenda muy mediática, que quede bonita para la foto y no se ha hecho el trabajo en materia regulatoria», cuestionaron en el sector.
La secretaria de Estado ha visitado a gremios asociados a la Sofofa y la CPC y ha tenido una relación cordial con ellos. Allegados al ministerio aseguraron que no es justo plantear que la secretaria de Estado no ha hecho su trabajo, sobre todo cuando el sector privado tendería siempre a resistirse a la adopción de normas más estrictas a nivel medioambiental y, por ende, le cuesta asumir que «las condiciones las pone el Gobierno».
Fuentes gubernamentales agregaron que Schmidt es más «seca» en privado que lo que se ve públicamente y que, en más de una ocasión, sin cámaras, les ha puesto los puntos sobre las íes a los empresarios. Sin embargo, en el mundo empresarial insistieron en sus críticas y advirtieron que no se trata de hacer un gallito al Gobierno, sino que «digan claramente ‘esta es la cancha donde pueden moverse’. El tema de la participación temprana en el proyecto del SEA sí era complejo, sí probablemente debía pasar por una consulta indígena, pero sacarlo y apurar una ley para la COP, no tiene sentido. Va a ser un proyecto a medias».
Otro tema sobre el que abunda la preocupación en el sector privado es el proyecto de delitos ambientales. No es lo único. Un reportaje de El Mercurio relató que son cerca de 40 las modificaciones «verdes» que se debaten en diferentes instancias, lo que provoca incertidumbre en el sector en materia de inversiones.
Particularmente sobre delitos ambientales, las compañías del sector han comenzado a revisar sus contratos. Esto, pues el proyecto contempla bajar en varios escalafones las responsabilidades administrativas ante faltas de las empresas. «Nos han llegado consultas de ajustes de contratos solicitados por gerentes de operaciones, no tiene mucho sentido eso», comentó un abogado.
Al conocerse la primera propuesta del Ejecutivo el torno a la materia, en todos los círculos empresariales manifestaron que el proyecto «era totalmente descabellado» y, ante el ruido que se generó, en Palacio se hizo eco del reclamo y se revisó la iniciativa.
Las versiones sobre dicha revisión son dos: por un lado, que un grupo de abogados y expertos llegó a «salvar» la iniciativa y, la otra –que incluso ha convocado evaluar una presentación por inconstitucionalidad– es que la administración Piñera se dejó «pautear» por el sector privado.
Lo anterior, porque se consideró que el aporte de los asesores reemplazó el trabajo que debe hacer la Biblioteca del Congreso. «De cuándo el Gobierno se deja pautear así», se criticó.
Cercanos al ministerio insistieron en que el grupo de expertos solo entregó a los parlamentarios un documento con una serie de observaciones que sugirieron como posibles indicaciones y que el trabajo final provino de las instancias oficiales y correspondientes.
Pero parte de la molestia también cundió por el hecho de que se le adjudicó gran parte de esas indicaciones al abogado Jean Pierre Matus, quien sería un simpatizante del proyecto que presentó en la materia el senador PPD Guido Girardi.
Así y todo, hay varias empresas en desacuerdo con que asesores parlamentarios hayan –a su juicio– delineado la iniciativa, por lo que están preparándose para una eventual batalla en el Tribunal Constitucional.
