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MERCADOS

La jibia desata guerra fría en el sector pesquero: industriales dicen que el rechazo a prorrogar la nueva ley es una “catástrofe”

por 25 julio, 2019

La jibia desata guerra fría en el sector pesquero: industriales dicen que el rechazo a prorrogar la nueva ley es una “catástrofe”
La ley que elimina la pesca de arrastre de la jibia y determina la extracción del recurso de forma artesanal comenzará a regir a partir del 16 de agosto, tras la decisión de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados –con votos oficialistas incluidos- de no prorrogar la entrada en vigencia del nuevo marco legal. Desde el sector de la pesca artesanal, el virtual aplazamiento era visto como un rearme de la “bancada de las 7 familias” y celebraron su rechazo señalando que "las leyes son para cumplirse". En el sector industrial, entidades como Sonapesca, Asipes y empresas como Landes pusieron el grupo en el cielo. Acusaron que “se ha destruido una actividad productiva”, y adelantan que habrá despidos masivos y un fuerte impacto en el mercado nacional e internacional.
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La votación de la Comisión Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, de rechazar una prórroga de 24 meses en la entrada en vigencia de la ley que elimina la pesca de arrastre de la jibia encendió aún más los ánimos en el sector.

La iniciativa patrocinada por el Ejecutivo con suma urgencia sufrió un traspié en la instancia parlamentaria donde fue desestimada por 9 votos en contra (incluido de congresistas de Chile Vamos como Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (UDI) y Pablo Prieto (IND/comité RN), y 4 a favor.

Con esto, la ley comenzará a regir a partir del 16 de agosto, lo que fue celebrado desde el sector de la pesca artesanal. En este segmento, el proyecto que buscaba aplazar la entrada en vigencia era visto como un virtual rearme de la “bancada de las 7 familias” que controlan la pesca industrial y acusaron que el tema fue puesto en tabla por presiones de la industria pesquera, según señalaban en la previa la  Asamblea  Nacional de Jibieros y del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp). “El Presidente Sebastián Piñera no aprendió nada de la Ley Longueira”, decían.

Finalmente, no hubo cambios y esto fue celebrado por Marcelo Castillo, presidente de la Confederación Nacional de Federaciones de  Pescadores Artesanales de Chile. “Las leyes son para cumplirse. Nosotros le dijimos al subsecretario que, si se aprobaba la postergación, nosotros saldríamos a la calle a defender la Ley de la Jibia, porque no estamos de acuerdo con que la industria pesquera, siga siendo la que manda en esta materia en el país”, indicó.

El dirigente agregó que “hoy estamos muy satisfechos, fueron años de discusiones para que el arrastre fuera eliminado por su carácter depredador. A la industria no se le está quitando su porcentaje de Jibia, sino que se le está pidiendo que adecuen sus embarcaciones. No obstante y, en este tiempo en que pudieron adecuarse a las nuevas tecnologías de captura, optan por recurrir a amenazas de despido de sus trabajadores, prácticas que nosotros rechazamos”.

Los dardos del sector industrial

Sin embargo, desde el sector industrial, solo hubo lamentos. Acusaron que con esta decisión “se ha destruido una actividad productiva”, y adelantaron que habrá despidos masivos y un fuerte impacto en el mercado nacional e internacional.

Para el gerente general de Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Héctor Bacigalupo, “se está cometiendo un enorme error, que afectará el empleo directo e indirecto de 4.000 familias y tendrá un enorme impacto en el mercado internacional, y exportadores de otros países estarán tomando ese espacio, lo que es lamentable para Chile y su economía”.

Desde la federación gremial apuntaron también sus dardos a la pesca artesanal, señalando que “un sector minoritario impone sus criterios sobre la base de la violencia y las amenazas”, lo que fue reforzado también desde la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes).

“Hoy ganó la violencia, las malas políticas públicas y no los argumentos.  Condenamos la violencia y las amenazas al gobierno, parlamento y a Chile entero de parte de un sector minoritario de la pesca artesanal”, señaló en una declaración Macarena Cepeda Godoy, presidenta de la Asipes.

La ejecutiva añadió que “se le ha entregado la extracción de un recurso pesquero valioso para Chile en exclusiva a una coordinadora de pescadores artesanales que controlará el precio y el abastecimiento a nivel nacional. Un monopolio por ley, donde unos pocos podrán trabajar y el grueso de la pesca artesanal, industrial y pequeñas empresas no podrán hacerlo”.

Cepeda también extrapoló lo sucedido en este sector con lo sucedido en otras ramas de la economía. “No nos sorprende esta situación, porque lo que está ocurriendo con la pesca industrial se está también replicando en otros sectores productivos y económicos del país, generando incertidumbres sobre las condiciones para invertir y trabajar”, indicó.

Dicho argumento también fue recogido por una de las empresas afectadas, Landes, para quien la jibia representa un tercio de su operación.

Según Andrés Fosk, gerente general de esta empresa, la votación es simplemente una catástrofe. “Teníamos la pequeña esperanza de que el Gobierno atendiera esta grave situación y que mejorara esta mala legislación acorde a la realidad pesquera de nuestro país, sin embargo, no hicieron nada y el resultado que tenemos es este: un mal proyecto de ley, sin sustento técnico ni científico, que va a destruir más de 2 mil empleos sólo en la región del Biobío”.

Fosk lanzó sus críticas directas hacia el Gobierno: “Es francamente sorprendente que un gobierno que insiste en retomar la senda del crecimiento y generar mayor competitividad esté dispuesto a sacrificar una industria que ha tenido grandes avances en materia de sostenibilidad y buenas prácticas corporativas y que paga impuestos como ninguna otra en el país”, indicó.

En concreto, el ejecutivo planteó que producto de la puesta en marcha de la nueva ley la empresa tendrá que cerrar su planta de jibia, paralizar la mitad de los barcos y despedir a alrededor de 250 trabajadores entre planta, flota y áreas de apoyo.

Con todo, anunció “que interpondremos todas las acciones legales y administrativas que tengamos a la mano para defender nuestra compañía, nuestro trabajo y una historia de más de 60 años de antigüedad. Con este proyecto no gana nadie; todo lo contrario, pierde Chile”.

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