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Pescadores artesanales se unen para exigir una “Nueva Constitución para asegurar que los recursos sean de todos los chilenos” MERCADOS Crédito: Agencia UNO

Pescadores artesanales se unen para exigir una “Nueva Constitución para asegurar que los recursos sean de todos los chilenos”

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El Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), la Confederación de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (Confepach), la Coordinadora Nacional de Jibieros y  la Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal de Chile, rechazaron la “Agenda social para los pescadores artesanales” presentada por el Ejecutivo y exigen además la anulación de la Ley Longueira y la creación del Ministerio de Pesca y Acuicultura.


Cuatro organizaciones de pescadores artesanales, que agrupan a 80% del sector, emitieron una declaración en la que rechazan el lanzamiento del Gobierno de una “Agenda social para los pescadores artesanales” y exigieron una “Nueva Constitución para asegurar que los recursos pesqueros sean de todos los chilenos”.

El Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), la Confederación de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (Confepach), la Coordinadora Nacional de Jibieros y  la Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal de Chile, además solicitaron al Ejecutivo la anulación de la Ley Longueira para una nueva Ley de Pesca y la creación del Ministerio de Pesca y Acuicultura.

Las organizaciones que se sumarán a la Huelga General de este martes lamentan que “a pesar de la crisis que vive el país y las claras demandas ciudadanas, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y sus equipos ministeriales, siga equivocándose, generando medidas “parche” que no dan respuesta real a dichas necesidades”.

En este contexto, aseguraron que el lanzamiento de una “Agenda social para los pescadores artesanales” “solo contempla medidas asistencialistas, que no apuntan a los cambios estructurales reales que la pesca ancestral necesita para avanzar hacia un sector pesquero artesanal más justo y equitativo”.

A juicio de las organizaciones, “son medidas inconsultas y que muestran que no existe ningún interés en dar respuesta a las graves consecuencias que ha traído la mala administración de los recursos. Por ejemplo, que el 69% de las principales pesquerías estén en manos de cuatro empresas pertenecientes a 7 familias, y que apenas el 31% de la cuota de pesca esté en manos del sector artesanal, que corresponden a cerca de 100 mil pescadores; y como consecuencia de la depredación industrial, que el 70% de las pesquerías estén sobreexplotadas o colapsadas según los reportes del mismo Gobierno”.

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