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Créditos: Agencia Uno
Según Jeannette von Wolfersdorff, directora ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal (entidad a cargo del estudio a nivel nacional) los datos “servirán de insumo fundamental para pavimentar la senda de las necesarias modernizaciones que requiere nuestro sistema presupuestario”.
Chile obtuvo un resultado insuficiente en la nueva Encuesta Global sobre Presupuesto Abierto, realizada por la Alianza Internacional de Presupuesto, y llevada a cabo en el país por el Observatorio del Gasto Fiscal.
El estudio reflejó la poca participación de la ciudadanía en el proceso presupuestario y una transparencia que no alcanza el mínimo para generar un debate público.
En esta línea, la directora ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal, Jeannette von Wolfersdorff, indicó que los datos de este estudio “servirán de insumo fundamental para pavimentar la senda de las necesarias modernizaciones que requiere nuestro sistema presupuestario”.
Esto, sobre todo en un contexto de tensión mundial en torno a demandas sociales de la población hacia sus gobiernos por contener los efectos devastadores que tendrá el Covid-19 en los países, sumado al clima de polarización y convulsión social que vive nuestro país desde octubre del año pasado, creemos que se configura un escenario único para que el gobierno transforme las desconfianzas actuales de la sociedad mediante el impulso de iniciativas de transparencia proactiva, pertinente y útil del gasto público, acotan desde el Observatorio del Gasto Fiscal.
En el ítem de intervención ciudadana, que busca develar si existen oportunidades formales y significativas para que los ciudadanos participen en el proceso presupuestario, Chile obtuvo 9 puntos de un total de 100.
Su resultado lo posiciona por debajo de países como Ecuador, Argentina y Bolivia. Según el investigador encargado de aplicar la encuesta en nuestro país, Manuel Henríquez, es “el talón de Aquiles” más importante de Chile está en este ámbito.
En este aspecto, en los resultados se plantean ciertas recomendaciones que abordan, entre otros, temas como “la puesta en práctica de mecanismos piloto por parte del Ejecutivo para involucrar a la ciudadanía en la formulación del presupuesto y el monitoreo de su ejecución, además que el Congreso promueva la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil durante la etapa de discusión presupuestaria”, sugiere.
En ese sentido agrega que es pertinente que “la Contraloría provea retroalimentación de cómo los aportes de los ciudadanos (principalmente a través del portal Contraloría y Ciudadano)”, además de “la necesidad de que se considere dentro de la calificación el grado de apertura y profundidad de los datos abiertos que publican los gobiernos, pues en la era digital actual, es clave esta temática para un adecuado y expedito monitoreo ciudadano de los presupuestos públicos”.
“Junto con ello, se recomienda evaluar en futuro cómo los gobiernos se relacionan con los usuarios de datos fiscales y datos relacionados con el gasto público, para ir adaptando la transparencia fiscal, de acuerdo a las necesidades de estos”, añade.
Además, otro resultado negativo fue el de transparencia, ya que, si bien Chile se posicionó sobre el umbral del 50 – 55 más precisamente – , no alcanzó el estándar mínimo de 61 puntos establecidos por el estudio para garantizar que se publica “suficiente material para respaldar un debate público e informado sobre el presupuesto”, señala Henríquez.
“La evaluación para 2019 muestra un estancamiento en el índice de transparencia del presupuesto público en el país, evidenciando aún una brecha de al menos 6 puntos para considerarse que la información publicada en Chile es suficiente”, agrega.
Entre los principales puntos que respaldan la aseveración figuran que “no se elaboran ni publican documentos claves como el informe preliminar al Proyecto de Ley de Presupuestos (PLP), ni el informe de auditoría final a los estados financieros del Gobierno, por parte de la Contraloría, a la fecha de corte de la encuesta (31-12-2018), esta entidad no realizaba auditorías financieras». Además, tampoco se vinculan los objetivos y metas de políticas públicas al PLP, ni se incluye detalle del stock, compra y venta de activos no financieros en el PLP, añade.
“Tampoco se publica en el PLP un detalle de los insumos que serán adquiridos para el año presupuestario (como, por ejemplo, número de computadores, nuevos contratos de arriendos de equipos, infraestructura u otros, o en el caso de salud, cuánto equipamiento médico nuevo o ambulancias y, además, se conoce muy poca información sobre el gasto extrapresupuestario”, sostiene el documento.
Cabe destacar que esta parte del estudio mide el acceso a la información por parte del público y la manera en que el gobierno central recauda y gasta los recursos públicos.
Por otro lado, en materias de vigilancia presupuestaria, Chile se ubicó con una puntuación de 56 sobre 100, cuyo puntaje es reflejo de una vigilancia “limitada” del presupuesto por parte de los órganos fiscalizadores en la materia (Contraloría General de la República y el Congreso Nacional.
La encuesta evalúa la disponibilidad en línea, la puntualidad y la exhaustividad de ocho documentos presupuestarios utilizando 109 indicadores a los que se da el mismo peso y puntúa a cada país según una escala de 0 a 100.
