MERCADOS
Crédito: ATON
La iniciativa fue aprobada con 78 votos a favor, 55 en contra y 4 abstenciones. Tres de los votos a favor fueron de diputados de Chile Vamos: Pedro Álvarez-Salamanca (UDI), Ramón Galleguillos (RN) y Leonidas Romero (RN).
Este jueves, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto de royalty minero, que propone una compensación a favor del Estado por la explotación del cobre y el litio a partir de un impuesto al 3% de la venta de los minerales.
La iniciativa fue aprobada con 78 votos a favor, 55 en contra y 4 abstenciones. Tres de los votos a favor fueron de diputados de Chile Vamos: Pedro Álvarez-Salamanca (UDI), Ramón Galleguillos (RN) y Leonidas Romero (RN).
El proyecto aprobado en la Cámara establece además una distribución de los fondos, de los cuales el 25% de lo que se recaude destinaría a un fondo de convergencia regional que busca financiar desarrollos comunales en las zonas de explotación.
Además, la normativa dice que “del monto total recaudado por concepto de royalty, hasta un 3% será destinado a contribuir al financiamiento de proyectos que el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e innovación ejecute en relación al desarrollo científico de investigación aplicada y capacitación de recurso humano avanzado; dando prioridad a la investigación y capacitación que tenga por finalidad aportar al conocimiento y tratamiento del Covid19”.
En el Gobierno, el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, criticó el aumento de la carga impositiva que se cobra a las empresas de cobre, planteando que, en su visión, se trata de una discusión “sin equilibrio ni razonabilidad. Así los países no avanzan”.
“La minería del cobre ha estado estancada por 15 años, y la razón es muy simple: Nuestro yacimientos han ido envejeciendo, las leyes han ido cayendo, y por lo tanto, nuestra minería tiene que trabajar el doble para conseguir los mismos resultados (…) Y lo único que hemos hecho es perder participación en los mercados”, dijo la autoridad.
El ministro Jobet añadió que es necesario lograr un equilibrio razonable entre recaudación e inversión, lo que no se logra en la propuesta, porque “está fuera de la institucionalidad”.
