Compañías de seguro de rentas vitalicias en pie de guerra por retiro del 10%: ¿Quién paga la cuenta?

Un movimiento telúrico experimentan las compañías aseguradoras de rentas vitalicias, tras la reciente reforma constitucional que junto con aprobar el tercer retiro del 10% desde las AFP, permitió, por primera vez, retirar un adelanto hasta por un máximo del 10% del valor de la reserva técnica que mantienen las compañías de seguros de vida, con un tope máximo de 150 UF. Todo indica que los entusiastas parlamentarios esta vez pasaron por alto, no solo los aspectos de constitucionalidad que puede afectar tal decisión política, sino también se metieron derechamente al bolsillo de las compañías, pues en los retiros desde las AFP, lo que se restan son fondos propios de los trabajadores, pero en el caso de las rentas vitalicias los fondos de las rentas son jurídicamente de las compañías, por lo que la normativa derechamente afecta su patrimonio. Por ello y como ya es de público conocimiento, las compañías aseguradoras han reclamado que dicho anticipo afecta su derecho de propiedad y les produce graves perjuicios patrimoniales.

Para comprender como es posible que una reforma constitucional aprobada con una amplia mayoría de votos provoque perjuicios a las aseguradoras, es necesario entender que las personas que eligen pensionarse bajo la modalidad de “Rentas Vitalicias”, optan por transferir todos sus ahorros previsionales desde una AFP a una compañía de seguros de vida, la que la adquiere y entra a su patrimonio. Los fondos, de esta manera, dejan de ser de propiedad de los afiliados, y como contraprestación la compañía de seguros de vida le entrega una renta al pensionado por el resto de su vida, sin importar cuánto viva. Es en este sentido un contrato aleatorio, dicen. En consecuencia, a diferencia de lo que ocurre con los dineros que administran las AFP, empresas de naturaleza muy diferente a las compañías de seguros de vida, cuando la ley le ordena a estas últimas entregar dinero a los pensionados, se trata de dineros que no son de propiedad de los afiliados, sino que es dinero de las compañías de seguros de vida.

De esta forma –afirman las compañías de seguros de vida- disponer que empresas privadas entreguen dinero que es suyo a los pensionados, constituye una alteración de los contratos vigentes suscritos al momento de optar por pensionarse bajo la referida modalidad de renta vitalicias. Esta situación es calificada como una expropiación, por cuanto, altera el patrimonio, y los contratos de las aseguradoras.

Frente a este escenario, las compañías de seguro de vida se han alzado y anuncian guerra. Para ello cuenta con distintas herramientas legales. Algunas de estas compañías, como Principal, Consorcio, Metlife y Ohio, son de propiedad de capitales extranjeros. Esto es relevante porque, en particular, el Tratado de Libre Comercio entre Chile y EEUU les abre la posibilidad de litigios internacionales ante el CIADI (órgano arbitral internacional). Las compañías han anunciado que desplegarán toda la artillería legal en contra del Estado para obtener la reparación patrimonial de estos perjuicios Todas ellas se han reforzado con importantes estudios de abogados litigantes. Será pelea de grandes. Aunque no han existido anuncios oficiales, ha trascendido que Metlife sería representado por Carey, Consorcio por Claro & Cia, la estadounidense Principal estaría siendo asesorada por Gustavo Parraguez de Parraguez & Marin, y El Grupo Ohio por Baker McKenzie, esta última compañía -además- fue la  primera de estos actores en activar el mecanismo de solución de controversias del Tratado Bilateral de Comercio con Estados Unidos.

Según los expertos, cualquiera de estas empresas, así como las que son de capitales chilenos, pueden -además- optar por iniciar ante tribunales chilenos acciones ordinarias de indemnización de perjuicios en contra del Estado de Chile, por haber sufrido una expropiación que no prevé mecanismos adecuados de compensación, grave consecuencia en la que parece no razonaron los legisladores. Bice Seguros, controlada por la familia Matte, contrató los servicios del abogado Pedro Pablo Gutiérrez, y Penta Seguros, controlada por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, contrató a los abogados Alfredo Alcaíno y Arturo Fermandois.

La Superintendencia de Pensiones calcula en US 2600 millones el monto que tendrán que desembolsar las Compañías de Seguros de Vida, costo que, junto a varios otros de este conflicto, los dueños de las compañías de seguros de vida tratarán de traspasar a todos los chilenos.