MERCADOS
Crédito: ATON
Desde Punta Arenas, el Presidente electo entró al debate y declaró que “no podemos aprobar algo a última hora si es que no vamos a poder financiarlo de aquí en adelante”, Mientras, esta mañana el Gobierno y el oficialismo salieron a rebatir con más fuerza los cuestionamientos y pusieron sobre la mesa otra carta: la pelea de quién le pone la firma al proyecto. En paralelo, en Hacienda se jugaron por dar una respuesta técnica y la directora de Presupuestos, Cristina Torres Delgado, publicó una carta al director titulada “Solución urgente, con financiamiento”, en la que detalla de dónde saldrán los recursos para los 0,9 puntos del PIB que irroga la nueva PGU. Con todo, en el Congreso abren la puerta a conseguir un entendimiento. En El Mostrador en La Clave, el senador PPD Ricardo Lagos Weber dijo ser “partidario de que tenemos que hacer los esfuerzos” por aclarar el financiamiento. Y “creo que hay que empujarlo y hay que aprobarlo”, indicó. Un tono similar empleó la diputada Karol Cariola (PC), quien señaló que “la propuesta que le hacemos al Gobierno concretamente es conversar esto con honestidad y no ‘hacernos trampa en el solitario’”.
La Pensión Garantizada Universal (PGU) sigue marcando tensión entre el Gobierno saliente de Sebastián Piñera y la futura administración de Gabriel Boric, al punto que el propio Presidente electo tomó parte en el debate y golpeó la mesa, señalando que, tal como está, “es pan para hoy y hambre para mañana».
Desde Punta Arenas, el Presidente electo declaró que una iniciativa de este tipo necesita financiarse con «ingresos permanentes». «No podemos aprobar algo a última hora si es que no vamos a poder financiarlo de aquí en adelante; por eso es importante la reforma tributaria», insistió.
Boric reforzó así los cuestionamientos que plantearon ayer reputados economistas (como Eduardo Engel, Andrea Repetto, José De Gregorio y Rodrigo Valdés) y también desde su equipo, luego que su coordinador político Giorgio Jackson acusara que la iniciativa de Piñera está “desfinanciada” y le hereda una “carga” al futuro Gobierno.
Desde el Gobierno, Hacienda respondió ayer señalando que las críticas al financiamiento de la PGU son “más políticas que técnicas”. Pero el justificativo de Teatinos 120 fue desestimado hoy por el exministro Rodrigo Valdés, quien advirtió hoy en Radio Pauta que “si inauguramos esta forma de legislar, que es gastar y después vemos cómo tapamos, cómo buscamos los ingresos, creo que nos vamos a estar haciendo un flaco favor para el futuro”.
Esta mañana, el Gobierno y el oficialismo salieron a rebatir con más fuerza los cuestionamientos de la oposición, y pusieron sobre la mesa otra carta: la pelea de quién le pone la firma al proyecto.
«Pudiese ser que el próximo Gobierno quisiera poner el timbre de esta PGU y que no sea este Gobierno saliente el que lo haga y eso sería una pequeñez política», señaló el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en Tele 13 Radio, una tesis reforzada por el presidente de la UDI, Javier Macaya.
De acuerdo al timonel del gremialismo, existe un «gallito» de Boric contra la PGU: «Es de una pequeñez sin límite (…). Estamos volviendo a la vieja lógica de la política de quién lleva la firma», sostuvo.
En paralelo, en el Gobierno se jugaron por dar una respuesta técnica y la directora de Presupuestos, Cristina Torres Delgado, envió una carta al director en El Mercurio, mismo formato empleado por los economistas que dispararon contra la iniciativa estrella del Presidente Piñera.
En el texto titulado, “Solución urgente, con financiamiento”, la directora de la Dipres señala que “los pensionados no merecen seguir esperando”. “La solución está a la vuelta de la esquina y, dejando de lado la estrechez política, si este proyecto se aprueba, su pago en febrero mejorará la calidad de vida de los adultos mayores”, indica.
Luego, la economista pasa a explicar el financiamiento de los 0,9 puntos del PIB que irroga la nueva PGU. “Primero, se cuenta con 0,35% del PIB que se recaudarán a través de las citadas exenciones tributarias”, parte señalando.
“Segundo, 0,1% del PIB proviene de una modificación al aporte obligatorio que debe realizarse al Fondo de Reserva de Pensiones. Este fue creado con el objeto de complementar el financiamiento de obligaciones fiscales derivadas del pilar solidario. Lo que se hace no es utilizar los más de US$ 7.400 millones ahorrados, sino que se modifica su regla de ahorro, pasando del 0,2% del PIB de aporte obligatorio a un 0,1% para contribuir al financiamiento de la PGU y el otro 0,1% del PIB se seguirá ahorrando”, añade.
“Y, tercero, 0,5% del PIB ya está contemplado en las provisiones comprometidas del Tesoro Público del Presupuesto 2022, que acaba de aprobar el Congreso, donde se encuentran más de $900.000 millones para la Reforma Previsional. Para los años siguientes, en el Programa Financiero de Mediano Plazo 2023-2026, también en los gastos, se considera aproximadamente 0,5% del PIB para dicho fin”, puntualiza.
Finalmente, expresa que “sobre este punto, en la misiva se señala que el financiamiento proviene de ‘holguras’, lo que no es correcto. Parte del financiamiento de la PGU, como se dijo, ya se encuentra en las estimaciones de gastos comprometidos, lo que difiere de las holguras fiscales. Estas corresponden a recursos sin compromiso de gasto, y son aquellas que se presentan al comparar en el programa financiero los gastos comprometidos con el nivel de gasto que es compatible con la meta de balance estructural definida para cada año”.
El problema principal de la PGU –dicen sus detractores– es que el Gobierno decidió separar el proyecto principal, aprobado ya en la Comisión de Hacienda de la Cámara, del que asegura su financiamiento mediante la eliminación, o modificación, de exenciones tributarias, que debe ser votado la próxima semana en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Por eso, en su carta, los economistas Eduardo Engel, Andrea Repetto, José De Gregorio y Rodrigo Valdés llaman a tramitar en conjunto tanto el proyecto central como el que asegura su financiamiento.
En esta línea, el senador PPD Ricardo Lagos Weber recordó en El Mostrador en La Clave que, antes que algunos expertos cuestionaran el proyecto de Pensión Garantizada Universal, “un grupo de senadores ya habíamos planteado que deberíamos conocer el financiamiento”.
“El proyecto como está, está poco claro (…). No veo por qué el Gobierno se puede negar a revisar el financiamiento si hay argumentos sólidos”, añadió.
Pero Lagos Weber además abrió la puerta a destrabar la tramitación, señalando que “soy partidario de que tenemos que hacer los esfuerzos» por aclarar el financiamiento de la PGU. Y «creo que hay que empujarlo y hay que aprobarlo» una vez despejado eso, dijo el senador PPD, quien como integrante de la Comisión de Hacienda es pieza clave en la tramitación de estos proyectos en el Senado.
Un tono similar empleó la diputada comunista Karol Cariola, quien ayer acusó al Gobierno de hacer “trampa” con la señalada iniciativa. Entrevistada en Radio Cooperativa, Cariola recordó que el Ejecutivo no ha puesto urgencia al proyecto de exenciones tributarias: «No le ha puesto urgencia, no se tramita de manera conjunta, no aparece ligado al financiamiento del proyecto», señaló la diputada, asegurando que «cambiaría la cosa» si ambos proyectos se tramitaran en conjunto.
“La propuesta que le hacemos al Gobierno concretamente es conversar esto con honestidad y no ‘hacernos trampa en el solitario’, porque esta es una propuesta de Gobierno que involucra la continuidad del Estado. El próximo Gobierno va a tener que implementar este proyecto de ley», indicó.
