MERCADOS
Crédito: Agencia Uno
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que «esta agenda impulsará la inversión total en por lo menos 5 puntos porcentuales durante el 2023 y su impacto positivo se extendería hasta el año siguiente (2024)».
En el marco del lanzamiento de la agenda «Invirtamos en Chile» del Gobierno del Presidente de la República, Gabriel Boric; el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que «la economía chilena ha estado experimentando un importante ajuste en los últimos meses que se ha traducido en caídas de la actividad y la demanda interna en la comparación mensual desestacionalizada».
Tras el contundente triunfo del Rechazo, el Gobierno anunció que una de las primeras medidas que tomarían sería impulsar una nueva agenda de inversión. En ese sentido, el Ejecutivo indicó que se activarán seis ejes de acción, las que buscan dinamizar y destrabar la inversión en el país.
«Los efectos de esta agenda se verán durante el 2023. Estimamos que esta agenda impulsará la inversión total en por lo menos 5 puntos porcentuales durante el 2023 y su impacto positivo se extendería hasta el año siguiente», detalló el titular de Hacienda.
«Este ajuste es necesario para componer los equilibrios macroeconómicos después de los desajustes del año pasado que contribuyeron al fuerte aumento de la inflación, pero genera preocupación respecto de sus implicancias para la actividad y el empleo en el futuro inmediato», adicionó Marcel.
En esa línea, apuntó que «para recuperar la senda de crecimiento y mejor calidad de vida de todos los chilenos y chilenas, y hacerlo de manera sostenible, es crear condiciones para hacer crecer la inversión».
«Por eso, el Presidente Boric nos ha encomendado impulsar una agenda ambiciosa, que permita dinamizar la inversión, generando empleo, pero que a la vez permita acelerar la transición hacia una economía verde. La inversión privada y pública, nacional y extranjera, grande y pequeña, es indispensable para que nuestro país logre transformar su actual casa matriz productiva, vulnerable a la crisis medioambiental y con bajas tasas de innovación y productividad», agregó.
Dentro de la agenda pro inversión se encuentran los incentivos que se incluirán en la reforma tributaria, los que implicarán un gasto tributario cercano a los US$1.500 millones para las inversiones que se persuadan durante 2023.
Esto implicará un cambio en el mecanismo de compensación por postergación del pago del impuesto a la renta mediante sociedades con rentas pasivas. Asimismo, se incluirá un incentivo tributario a proyectos de inversión con efecto multiplicador verde, por lo que se creará un fondo de US$500 millones de créditos tributarios contra impuesto de primera categoría.
Además, se pondrán a disposición diversos mecanismos transitorios de depreciación semi instantánea durante 2023; símil al de la reforma tributaria de 2020. También, habrá una postergación de la entrada en vigencia de cambios sobre el tratamiento de las pérdidas tributarias.
En la misma línea, habrá una extensión de la reducción en el impuesto de primera categoría para las pymes -por dos años- para converger gradualmente la tasa de primera categoría permanente de 35%. El 2023 obtendrán una tasa de 15% y en 2024 será del 20%.
Otro de los ejes es la mejora en el acceso al financiamiento, por lo que se pondrá a disposición de una garantía estatal para el financiamiento del 10% del pie del crédito hipotecario para la adquisición de la primera vivienda nueva.
Esto permitirá que los bancos otorguen financiamiento de 90% sin costos adicionales por provisiones para cubrir el riesgo del crédito. Esto incluirá menores exigencias de ahorro, mayor dinamismo en el mercado inmobiliario.
También se fortalecerá el programa de créditos de segundo piso Corfo. Para 2022 se contemplan US$ 74 millones para el refinanciamiento de créditos otorgados por la banca e instituciones no financieras a proyectos de pequeñas y medianas empresas.
En cuanto a la inversión pública, el Gobierno busca mantener en un alto nivel la inversión y mejorar los procesos administrativos. El gasto base en inversión pública crecerá 10% para 2023 en comparación con 2022.
Por otro lado, se actualizarán las Normas, Instrucciones y Procedimientos de Inversión Pública (NIP) para disminuir la carga administrativa y facilitar así su ejecución. Para esto, se definirán nuevas normas proporcionales. Esto permitirá disponer de una norma proporcional al tamaño de los proyectos y comenzaría a ser implementada en noviembre de este año.
Para el mismo mes, se firmará un acuerdo de trabajo en conjunto con las autoridades regionales y centrales para planificar la ejecución de inversiones públicas con la finalidad de generar sinergias de recursos y capacidades.
Desde el último trimestre de 2022 se desarrollará una colaboración técnica que buscará evaluar la capacidad de gestión de gobiernos regionales, identificar bravas técnicas para la ejecución de la inversión y fortalecer las competencias de equipos.
Para la inversión extranjera, el Ejecutivo llevará a cabo la apertura de las agregadurías en el exterior -tanto en Europa como América del Norte- y se finalizará el ajuste de la estructura institucional y principales funciones de la agenda durante 2022.
En cuanto las alianzas público-privadas, se convocarán mesas de trabajo para acelerar la inversión a corto plazo, con la finalidad de dinamizar la economía en sectores claves como la construcción, energía, minería y transporte.
También se conformará otra mesa de colaboración entre organismos responsables del orden público y las instituciones productivas.
