MERCADOS
Crédito: Agencia Uno
A través de una medida prejudicial, Metro busca ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que Transbank sea obligada a congelar sus tarifas. Si bien la acción fue desestimada el pasado 18 de noviembre, se espera que la estatal presente un recurso de reposición. En tanto, desde Transbank apuntan que están siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema.
El pasado 18 de noviembre, la Empresa de Transportes de Pasajeros Metro S.A presentó una medida prejudicial ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para buscar detener el alza de tarifas de Transbank.
Según consigna La Tercera, cuatro días después, el tribunal decidió no dar curso a la solicitud, ya que la empresa no presentó los antecedentes suficientes para acreditar los perjuicios, pero se espera que vuelva a la carga con el petitorio.
En dicha acción judicial, Metro solicitó que se ordene a Transbank «no poner término a los contratos con Metro ni a suspender los servicios por no pago del alza de tarifas informadas en su carta del 22 de agosto de 2022, ni de su modificación informada por carta el 2 de noviembre de 2022».
Según la estatal, «las medidas solicitadas son necesarias para impedir eventuales efectos negativos en la competencia y para resguardar el interés común, puesto que es la única forma de asegurar que no se generen efectos ni un perjuicio».
«Las medidas persiguen dar un amparo transitorio de los derechos de mi representada frente a la amenaza inminente de los efectos negativos que tendría, tanto para Metro como para los usuarios de la Red de Metro, la implementación del alza de tarifas, el traspaso de esos mayores costos a los usuarios y/o la suspensión de los servicios que presta Transbank a Metro, de acuerdo a lo establecido en los contratos vigentes entre ambas», agrega Metro en su escrito.
En la misma línea, la empresa de transportes sostiene que el monto promedio de la carga de las tarjetas en las máquina de autoservicio de las líneas automáticas bordea los $4.000 -para tarjetas de débito- y $6.500 -para tarjetas de crédito-.
Esto significa que las nuevas tarifas de Transbank, al corresponder a un monto fijo por transacción, expresado en UF+IVA, se traducen en un importante incremento de las tarifas respecto a las anteriormente aplicadas.
De acuerdo a estimaciones de la estatal, el alza de tarifas representó en promedio un alza de casi el doble de lo facturado a Metro antes del 22 de agosto. No obstante, si bien durante este mes Transbank informó una reducción en sus tarifas, estas representan un alza cercano al 86% de lo pagado en el pagado por Metro.
Por su parte, desde Transbank manifestaron que «el fallo de la Corte Suprema determinó criterios específicos que debe seguir el sistema tarifario, compuesto por tres elementos: marguen adquiriente, tasas de intercambio y costos de marca».
«De estos tres elementos Transbank sólo tiene facultades para fijar el margen adquirente, el que tiene que ser equivalente a sus costos económicos (costos medios de largo plazo) que permitan el autofinanciamiento de la compañía. Es justamente eso lo que se hizo con todos nuestros comercios afiliados, incluido Metro, tan pronto se publicó el cúmplase de la sentencia. Lo contrario hubiese implicado discriminaciones arbitrarias e ilegales y abiertamente contrarias a lo dispuesto por la Corte Suprema», agregaron.
Según la acción judicial de Metro, a la empresa le resultaría difícil traspasar ese mayor costo a los usuarios del transporte público.
«Asumir estos mayores costos para Metro implicará una afectación relevante de los ingresos que percibe por concepto del contrato con el MTT. Lamentablemente, migrar los servicios a otro proveedor, en lo inmediato, tampoco es viable, porque no hay proveedores alternativos que puedan ofrecer el servicio en forma inmediata, además de razones operativas de las máquinas de las que dispone Metro», consigna el escrito.
«Es muy probable que Metro, en caso de no suspenderse la aplicación del alza de tarifas informado por Transbank, se vea en la necesidad de soportar el aumento de los costos con efectos negativos importantes en su ya mermada situación financiera, lo que implicará una afectación relevante de los ingresos que percibe por concepto del contrato con el MTT, en una merma anual que -de acuerdo a estimaciones preliminares de la empresa pública- superaría el 10% del margen que obtiene por dicho contrato», concluye.
