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Créditos: Agencia UNO (referencial)
Ayer, la Superintendencia de Salud informó que el monto global que deben devolver las isapres es de $1.121.615 millones, unos US$1.400 millones. Asimismo, se indicó que, en los ingresos futuros del sistema, es probable que las aseguradoras tengan una disminución promedio del 6% en sus ingresos mensuales por concepto del efecto de la aplicación de la tabla de factores vigente desde abril de 2020 a todos los contratos.
Este miércoles el Gobierno ingresó la ley corta de las isapres, en la que buscan facilitar a las entidades con respecto al fallo de la Corte Suprema de devolver los dineros cobrados en exceso a sus afiliados. Hoy, la asociación de isapres le respondió al Ejecutivo, acusando de “engaño” al proyecto y que es difícil que las devoluciones lleguen a concretarse.
Ayer, la Superintendencia de Salud informó que el monto global que deben devolver las isapres es de $1.121.615 millones, unos US$1.400 millones. Asimismo, se indicó que, en los ingresos futuros del sistema, es probable que las aseguradoras tengan una disminución promedio del 6% en sus ingresos mensuales por concepto del efecto de la aplicación de la tabla de factores vigente desde abril de 2020 a todos los contratos.
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Las isapres mediante un comunicado indicaron que la norma “es un engaño: no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos”.
En el documento, resaltan que la propuesta no toma en cuenta a los usuarios del sistema de salud, beneficiarios de isapre y a los enfermos. Además, sostienen que las devoluciones son difíciles de cumplir, “pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión”.
El presidente de la asociación de isapres, Gonzalo Simon, habló con Radio Bío Bío al respecto e indicó que la propuesta del Gobierno no protege a los usuarios del sistema de salud, ni a los enfermos, puesto que promete rebajas de precios y devoluciones absurdas.
Para las aseguradoras, esta ley busca “disfrazar” el cierre por secretaría de las isapres, y, por ende, obligar el traslado hacia Fonasa, “que no da abasto para atenderlas”.
“Creemos que las posturas ideológicas no pueden ser impuestas a expensas de los afiliados y del acceso a la salud. Los pacientes no son herramientas políticas”, agregan las aseguradoras.
Finalmente, las isapres llaman a repetir el trabajo que se realizó durante la pandemia, en donde los privados y el Gobierno llegaron a buen puerto.
“Hemos sobrevivido una cruenta pandemia, combinando los esfuerzos públicos y privados. Esperamos que el Congreso evite una nueva y mayor emergencia sanitaria, y el desmantelamiento del sistema privado de salud”, concluyeron.
