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Una sentencia de la Corte Suprema anuló el aumento de las primas GES realizadas por las isapres y estableció devoluciones, lo que llevó al Gobierno a incluir medidas en el proyecto de ley corta para regular la situación. Ante esto, se formó un Comité Técnico para analizar los efectos financieros y buscar soluciones. Por su parte, las isapres advirtieron sobre una fuerte caída de ingresos debido al fallo y sugirieron la necesidad de una acción rápida por parte de la Comisión de Salud del Senado o la Superintendencia de Salud para evitar problemas a largo plazo en el sistema. Según las aseguradoras, el impacto se espera en el segundo semestre de 2023.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, asistió este lunes a la Comisión de Salud del Senado junto al ministro de Justicia, Luis Cordero, y el superintendente de Salud, Víctor Torres, para abordar el fallo de la Corte Suprema sobre el sistema de salud privado.
La semana pasada trascendió que la Tercera Sala del máximo tribunal falló respecto al alza de las primas GES realizadas por las isapres en octubre pasado, dejándolas sin efecto y estableciendo las devoluciones respectivas. Al igual que con la sentencia de noviembre, la Superintendencia de Salud sería la encargada de materializar sus alcances.
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La ministra Aguilera reiteró que como Ejecutivo se anticiparon a lo que pudiera ser esta sentencia respecto a prima GES, incluyéndolo en el proyecto de ley corta.
Cabe recordar que la ley corta busca materializar el fallo dictado por la Suprema, que obliga a las aseguradoras -entre otras materias- a devolver excedentes a sus afiliados por la aplicación de la tabla de factores. Al mismo tiempo, la norma pretende evitar la quiebra del sistema. Dada la complejidad de esta tarea, se conformó un Comité Técnico que entregará su informe a la Comisión de Salud, el lunes 21 de agosto. Tras ello, los congresistas deberían revisar la propuesta y proponer indicaciones para votar.
“Nosotros como Ejecutivo quisimos demostrar esta voluntad de regular el elemento de la prima GES, puesto que efectivamente la regulación actual no define una posibilidad de que la Superintendencia diga que es correcta o incorrecta la prima que define las isapres”, explicó la jefa del Minsal. “Y por eso nosotros en el proyecto de ley corta incluimos en el texto el que la Superintendencia tuviera la capacidad de fijar esa prima de manera de acabar con esa fijación unilateral de estos precios”.
La ministra Aguilera destacó que la Comisión de Salud del Senado haya creado un comité técnico para apoyar a los parlamentarios, el que extenderá su funcionamiento para que que pueda analizar el nuevo pronunciamiento del máximo tribunal.
“Me parece que es una situación afortunada el que estemos con un comité técnico que está sesionando en el amparo de esta Comisión de Salud, y de que se haya solicitado un periodo mayor para que se analizaran los efectos, porque ciertamente va a haber una reducción en los ingresos en cuanto prima GES para las isapres, y tenemos que hacernos cargo,puesto que todo el trabajo de la comisión técnica ha sido el modelar cuáles son los efectos financieros que tiene la sentencia de la tabla de factores sobre la estabilidad del sistema”, afirmó la doctora Aguilera.
El objetivo del Ejecutivo será, de acuerdo a la ministra, “primero estabilizar el sistema y después seguir con la discusión, porque también tenemos un plazo perentorio que es noviembre para solucionar el tema de la sentencia respecto a la tabla de factores”.
En cuanto al fallo, la secretaria de Estado indicó que una vez ejecutadas cada una de las sentencias y completados los procesos administrativos correspondientes, debería hacerse el efecto de la reducción del ajuste del precio de la prima y con esto “muchos afiliados van a ver una reducción en el cobro”.
El tema de las devoluciones, se verá caso a caso. “Como Ejecutivo esperamos que se evalúe y que primero la Superintendencia defina cuál es el horizonte de efecto financiero que tiene este ajuste de prima para alimentar al Comité Técnico y que se pueda modelar lo que significa en cuanto a las soluciones que ellos están planteando respecto del efecto futuro de sostenibilidad del sistema”, sostuvo Aguilera sobre este punto.
En la reunión de la Comisión de Salud del Senado, el gremio de las isapres presentó su análisis preliminar sobre el impacto de la sentencia del tribunal supremo. Gonzalo Arriagada, presidente de Nueva Masvida y representante de la industria en el comité técnico, advirtió que las disminuciones en los ingresos podrían ser tan significativas debido a la sentencia que podrían poner a las isapres en una “dificultad definitiva”, incluso en riesgo de quiebra si la situación persiste.
Arriagada ilustró este punto con el ejemplo de aseguradoras que podrían enfrentar una disminución mensual de ingresos de $15 mil millones debido a la sentencia por primas GES. Aunque esta situación podría mantenerse durante algunos meses, planteó, es probable que no sea viable a largo plazo sin afectar la atención y los beneficios de los afiliados.
Gonzalo Simon, presidente de la Asociación de Isapres, mencionó que a diferencia del fallo anterior por tabla de factores en noviembre pasado, la sentencia actual por primas GES tendrá efectos inmediatos, esperándose en el segundo semestre de 2023. Aunque no se tienen cálculos detallados sobre el impacto, Simon comparó la reducción de ingresos al ajustar el precio GES con la caída mensual equivalente a los resultados anuales de las isapres en condiciones normales.
Simon resaltó la importancia de obtener resultados en la Comisión de Salud del Senado, ya sea a través de una ley corta u otra vía rápida. Además, sugirió que si el proyecto de ley corta no progresa lo suficientemente rápido para resolver el problema, la Superintendencia de Salud debería reconocer las complicaciones en el sistema Isapre, que involucra a millones de personas, empleadores y varios actores.
Por otro lado, Arriagada destacó que el mayor reto para la comisión técnica es agilizar el proceso y aprobar una ley corta de manera oportuna, o buscar soluciones temporales. Los plazos son cruciales en este contexto.
Cabe mencionar que, en la sesión del 8 de agosto, se hicieron presentes el decano de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, Luis Castillo; el presidente de la Asociación Chilena de Instituciones de Salud Domiciliaria y Servicios Afines (ACHISAD), Diego Hurtado; y el presidente de la Comisión de Salud del Instituto Igualdad, Sergio Muñoz.
Todos abordaron la realidad de la industria y las propuestas contempladas en la iniciativa del Ejecutivo. Así el doctor Castillo presentó un análisis asegurando que “nos preocupa el carácter general del fallo y la interpretación que ello genera en la devolución. Creemos que éstas podrían hacerse en prestaciones generándose programas de medicina preventiva en cáncer y salud mental. Otra opción –que sabemos que es expropiatoria- es usar esos fondos para rebajar las listas de espera”.
En cuanto a los cambios de Fonasa que contempla el mensaje, el profesional cuestionó la Modalidad Libre Elección Complementaria planteando que “profundiza las inequidades porque podrán tener acceso a las prestaciones adicionales solo los afiliados que puedan pagarlas (…) Creemos que todo lo relacionado con el seguro público debería discutirse en un proyecto paralelo en su mérito”.
Luego el representante de la ACHISAD describió cómo afectará a los prestadores de servicios de la hospitalización domiciliaria, la crisis de las Isapres. De hecho partió reconociendo que en los últimos años, este tipo de atención se ha triplicado tanto en el sector público como privado.
Hurtado explicó que hoy atienden en sus hogares a 800 pacientes –afiliados a los seguros privados- de alta complejidad, cuyas cuentas promedios mensuales alcanzan los 13 millones de pesos versus 50 millones de pesos que implicaría la atención en una clínica. Además indicó que de las 2700 camas críticas del sistema integrado, sus pacientes representan un 30%, mientras que los pediátricos corresponden a un 55% de las camas críticas infantiles.
En tanto, desde el Instituto Igualdad, el doctor Muñoz puso énfasis en los desafíos que representa este fallo para la Superintendencia de Salud entregando ideas para cumplir con dos metas casi incompatibles: hacer cumplir el fallo y no quebrar el sistema. “Es urgente contar con un mecanismo. Se podría aumentar el cobro de las primas regulándolas de acuerdo el Indicador de Costos en Salud (ICSA), reemplazar el pago de las deudas por servicios o prestaciones, e introducir racionalidad sanitaria a las prestaciones”, graficó.
En cuanto al fallo relativo a las primas GES, el doctor Castillo comentó que “la Corte podría confirmar las sentencias de las Cortes de Apelaciones estableciendo una aplicación general. Por eso proponemos ajustar los precios a la prima universal de 0,3 UF y establecer devoluciones de los cobros en exceso. El fallo tendrá como consecuencia inmediata, el incumplimiento de los indicadores legales de patrimonio y liquidez, es decir la quiebra de al menos tres Isapres”.
El presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro admitió que “ambos fallos nos tienen preocupados pero estamos confiados en el trabajo que ha realizado el Comité Técnico. Entiendo que han llegado a acuerdos que no podemos adelantar. La idea es votar esta ley corta con los aportes que nos harán, lo antes posible y dar certezas que es lo que se necesita”.
Por su parte, el senador Francisco Chahuán consultó por los efectos de ambos fallos en la industria reflexionando sobre “el peso que tendrían cuantiosas devoluciones, por cierto justas, pero complejas de financiar”; mientras que el senador Sergio Gahona cuestionó la idea de utilizar las devoluciones para rebajar las listas de espera argumentando que “esa es labor del Estado”.
En tanto los senadores Ximena Órdenes y Juan Ignacio Latorre apuntaron hacia el futuro, en particular los aspectos que debería considerar una reforma a la salud pensando en un sistema único con lógica de seguridad social.
