Mientras en Chile el Sernac con el Ministerio de Salud destacaban las enormes diferencias de precios entre medicamentos de marcas y genéricos pese a tener iguales efectos terapéuticos; en EE. UU., la empresa farmacéutica británica, GlaxoSmithKline, era castigada con una multa de 3.000 millones de dólares por fraude en la distribución y desarrollo de medicamentos. Ambas situaciones, como se verá, tienen mucho en común.
En efecto, GSK -como se le conoce en el mercado- no pasó la prueba de la transparencia aplicando estrategias con prácticas ilegales y tergiversando la información a los pacientes. Algunos suspicaces creen que la gravedad de la multa se debe a que GSK es la cuarta farmacéutica mundial y empieza a competir con las otras tres mayores, todas norteamericanas (Pfizer, Roche y Johnson and Johnson). No obstante, Pfizer en 2009 pagó una multa de cerca de 2300 millones de dólares tras reconocer que promocionó ilegalmente 13 medicamentos.
El intento de la Administración de Clinton, a finales de los años noventa, para reformar el sistema sanitario norteamericano abrió un intenso debate sobre la influencia de la industria farmacéutica en el alto precio que pagan los ciudadanos por el acceso a la sanidad. No por casualidad, la reforma sanitaria de Obama incluye que las empresas deberán publicar todas las donaciones económicas a profesionales de la medicina. En 2010, sólo 12 empresas, revelaron el pago de 780 millones de dólares a unos 17.000 médicos, indica el diario El País. Esto es motivo de sospechas porque “las relaciones con los profesionales pueden derivar en conflictos de intereses que afecten la toma de decisiones de los médicos” decía un informe oficial.
El problema, sin embargo, no es sólo financiero sino también atenta contra la salud de la población en la medida que se oculta información relevante para los pacientes. Por ejemplo, Glaxo promocionó entre menores de 18 años un medicamento para luchar contra la depresión que solo está autorizado para el consumo en adultos. Una investigación del Departamento de Justicia también acusaba a la compañía de anunciar el fármaco Wellbutrin para ayudar a perder peso o en tratamientos de disfunción sexual, cuando su consumo en Estados Unidos estaba limitado a pacientes con depresión.
Los fiscales del caso también alegaron que Glaxo llegó a publicar un artículo en una revista médica para promover sus marcas, así como hacer compensaciones a médicos —desde costear viajes a conferencias a pagar sus dietas— a cambio de que recetaran sus medicamentos. La tercera acusación reconocida por la farmacéutica es la de no entregar a la Administración de Alimentación y Medicinas —encargada de supervisar y garantizar la seguridad alimentaria en el país— documentos relacionados con los efectos secundarios del medicamento Avandia contra la diabetes.
El Presidente del Colegio Médico chileno, Enrique Paris, en entrevista radial negó estas prácticas en el país y el ministro Mañalich, después de insinuar que existían, prefirió evitar problemas corporativo-gremiales plegándose a la opinión del Dr. Paris.
Medicaid, la agencia pública que proporciona atención médica a indigentes en EE. UU. destacó que “Los médicos mantienen una amplia variedad de relaciones con diferentes hospitales más allá de sus intereses, pero conocemos muy poco sobre la prevalencia de estas relaciones y su impacto en la cantidad, calidad y coste de las medicinas que recetan”. En Chile si estas prácticas existiesen solo serían evaluadas por la comisión de ética del Colegio, es decir, no tienen ningún efecto sobre las ganancias de las empresas y aún menos sirven para proteger el bolsillo de los pacientes.
En suma, si se quiere realmente proteger a los pacientes cabría considerar la legislación norteamericana: el Congreso aprobó que toda farmacéutica que opere dentro de EE UU debe publicar cualquier donación ante el inspector general del Departamento de Salud a fin de detectar si hay relación entre las donaciones (de más de mil empresas del sector) y la frecuencia de los medicamentos que recetan los profesionales o el material que emplean en determinadas intervenciones.
En Chile el propio ministro Jaime Mañalich calificó como “burla” la diferencia de precios (hasta 2.000%) entre medicamentos genéricos y de marca y declaró que “una gran parte de las comisiones que reciben los trabajadores farmacéuticos provienen de la venta de los medicamentos más caros”. Recuérdese que, según el proyecto de Ley de Medicamentos, actualmente en el Congreso, las farmacias estarán obligadas a ofrecer los productos bioequivalentes o genéricos a los consumidores lo cual suele no ocurrir como fue denunciado por el Sernac.
El diputado PPD y miembro de la Comisión de Salud, Enrique Accorsi, consideró que «Esto se debe principalmente a la falta de fiscalización del sistema sanitario, por eso creemos que ahora más que nunca es necesario que se ponga urgencia en el Senado al proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Medicamentos, para que nuestro país cuente con una política pública de medicamentos, y no sigamos a la deriva del libre mercado y el oligopolio de las cadenas de farmacia y los laboratorios. Hay que tener claro que los laboratorios consideran el tema de los medicamentos como un negocio más, no un bien de uso público».
Adicionalmente, algunos profesionales señalan que la propuesta gubernamental es insuficiente porque “el listado contiene unos cuantos medicamentos de uso normal… si se quiere avanzar en bioequivalencia primero debiese hacerse con medicamentos de uso crónico como diabéticos, hipertensos, enfermedades cardiacas…”. En efecto, solo se ha podido evaluar hasta ahora la bioequivalencia en 57 de los 422 medicamentos que se ofrecieron hasta marzo del 2012 según la revista Pulso. «Es cierto que no cumplimos la meta, pero eso no significa que no estemos avanzando», señaló María Teresa Valenzuela, directora del Instituto de Salud Pública a esa publicación esta semana.
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, recordó que, además, el proyecto de ley obligará a los profesionales de la salud a recetar remedios genéricos. Históricamente, el Colegio no ha aceptado esta imposición. La ciudadanía quiere ver la fuerza que pondrá el gobierno para asegurar esta medida que, ciertamente, favorece a las personas. Algunos temen que -como sucede en muchos aspectos de la economía en el país que afectan el comportamiento de las empresas- las leyes para los poderosos sean solo sugerencias y los castigos sean tan irrisorios que pagar las eventuales multas –si no son condonadas- es todavía un gran negocio.
