Aquí Magallanes
“No quiero que me regalen nada”: la respuesta de pobladores al desalojo anunciado por Poduje
El Gobierno confirmó el desalojo de las tomas Lautaro y Las Etnias en Punta Arenas antes de fin de año, cerrando una década de ocupaciones marcadas por crisis sanitarias, déficit habitacional e inversiones familiares levantadas sobre terrenos irregulares.
En el sector poniente de la población Silva Henríquez, se ubican dos de las tomas con mayor concentración demográfica en la capital magallánica. A 10 años de su creación, hoy se encuentran en el lugar las tomas “Lautaro” y “Las Etnias”, en cuyos terrenos viven cerca de 120 familias.
- A través de un comunicado titulado “Toma pacífica de terrenos ‘Puño en Alto’” (nombre de la toma inicial), en abril de 2016, un grupo de vecinos daban a conocer públicamente su llegada al lugar junto a una serie de propuestas concretas con el objetivo de influir en el sistema de viviendas del Serviu.
“Considerando que el ser humano tiene el deber de rebelarse contra la tiranía y la opresión (…) que el mercado ejerce en el acceso al derecho a la vivienda”, consignaba parte del escrito.
- A finales de ese año, ya se hablaba públicamente de desalojo, tras lo cual comunicaban nuevamente su postura: “La toma no tiene intenciones de adueñarse del terreno privado, solo establecerse durante el tiempo necesario para la compra de otro terreno y levantar un proyecto pionero de vivienda social sustentable que sirva de ejemplo para el país”.
Lo que ocasionó la constante atención de la opinión pública y de las autoridades sobre estas tomas ilegales de terreno –ubicadas entre vertientes–-, fue el colapso de unas cámaras de alcantarillado y el escurrimiento de aguas servidas provenientes de las ocupaciones irregulares. Las consecuencias más evidentes fueron la clausura del CECOSF Sandra Vargas y el jardín infantil Juan Ruiz Mancilla.
La visita a Magallanes del ministro de Vivienda, Iván Poduje, no dejó espacio a interpretaciones: anunció el fin de la toma de aquí al cierre del año. “Se ejecutará bajo un protocolo que resguarda el Estado de Derecho, protegiendo tanto a residentes como vecinos del sector”, anunciaron desde el Gobierno.
Juan Vera es uno de los miembros fundadores de la toma Puño en Alto (actual Lautaro). Cuenta que, aunque el temor del desalojo se mantuvo durante los primeros años, con el pasar del tiempo la gente comenzó a invertir más en sus casas, pensando en un futuro obtener otro terreno y llevarse sus construcciones a ese lugar. Hasta ahora, eso no ocurrió.
“La toma no es tan humilde. Acá la gente trabaja, casi todos tienen leña y generador. Pero tampoco la idea es que uno invierta su plata para tener su casa bonita y tener que empezar todo de cero, tirar lo que uno ha construido”, comenta Vera.
El vecino fundador apunta a una solución que sea justa y que requiera inversión por parte de quienes habitan la toma. “No quiero que me regalen nada, ni saltarme la fila para que me regalen casa. Muchos vecinos queremos quedarnos en este terreno, pudiendo pagarlo como vecinos a lo largo de los años como se hace con las contribuciones”, afirmó este fundador.
La propuesta del Gobierno contempla comenzar con la realización de un catastro de las familias para luego proceder a dar una solución definitiva, a través de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior. Sin embargo, Poduje fue tajante: “La toma se desaloja”.
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