El Eurogrupo aprobará mañana en una teleconferencia definitivamente las condiciones y los términos de la ayuda de hasta 100.000 millones de euros que recibirá España para sanear su banca, dando inicio a un estricto programa de reestructuración y de controles europeos durante dieciocho meses.
El Parlamento holandés y el Bundestag (Cámara Baja alemana) han aprobado ya el préstamo a España y el Congreso finlandés lo someterá a votación el viernes, el mismo día en que los ministros de Finanzas de la zona del euro darán su «sí» final al memorando de entendimiento y al acuerdo marco entre Madrid y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) que detalla los términos financieros.
Uno de los últimos obstáculos fue superado el martes cuando España y Finlandia llegaron a un acuerdo sobre las garantías que exigía Helsinki a cambio de su aportación al préstamo y en virtud del cual recibirá de Madrid un aval máximo de 770 millones de euros.
El primer tramo de ayuda, que ascenderá a 30.000 millones de euros, estará disponible, aunque mantenida en reserva por el FEEF, para casos urgentes de recapitalización, un monto que incluye un «colchón de seguridad a largo plazo» de 10.000 millones.
El préstamo tendrá un vencimiento medio de 12,5 años y un máximo de 15 años y, según el Ministerio de Economía, un periodo de gracia de 10 años y un interés medio ligeramente inferior al 3 %.
Hoy se conoció además el acuerdo marco que firmará España con el FEEF y en él consta que Madrid podría utilizar parte del préstamo que no se haya utilizado para otros fines previstos en los instrumentos del FEEF, como es la compra de deuda, previa autorización del Eurogrupo y tras una nueva solicitud específica.
Eso implicaría una nueva negociación de la necesaria modificación o añadido del memorando de entendimiento con la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) y, si procede, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y además el monto sumado al préstamo para la banca no podría superar los 100.000 millones de euros.
No obstante, tanto el Gobierno español como la Comisión Europea han dejado claro que los 100.000 millones de euros solo se utilizarán para la recapitalización de la banca española.
A cambio de la ayuda, España tendrá que cumplir 32 condiciones, principalmente para la banca que requiera capital y el sector en su conjunto, pero también tendrá que someterse «en paralelo» una vigilancia estrecha de los compromisos macroeconómicos.
Una suerte de «troika» -formada por la Comisión, el BCE y, en este caso, la Autoridad Bancaria Europea (EBA)- verificará cada trimestre el cumplimiento de las condiciones para la banca.
La banca tendrá que llegar al 9 % de capital de máxima calidad y si las entidades resultan no ser viables se liquidarán.
Si tienen todavía futuro tendrán que abandonar actividades secundarias y vender participaciones y activos, reducir el número de oficinas o recortar personal.
La banca socorrida no podrá repartir dividendos y tendrá que limitar la remuneración de los ejecutivos y miembros de los consejos de administración, en tanto que los accionistas y titulares de híbridos y de deuda subordinada -como son las preferentes- tendrán que asumir una parte de las pérdidas.
El segundo tramo, de 45.000 millones de euros (incluidos 20.000 del primer tramo) se desembolsará a mediados de noviembre y servirá para ayudar o liquidar las entidades que se encuentra bajo el control del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -BFA/Bankia, CatalunyaCaixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia-.
El tercer tramo, de 15.000 millones, se desembolsará a finales de diciembre para sanear entidades viables o liquidar las que no lo sean dentro del grupo de las que no han sido intervenidas, así como para cubrir la inyección de bonos convertibles en los bancos que intenten recapitalizarse por sus propios medios.
El cuarto tramo, también de 15.000 millones (incluidos los 10.000 millones del colchón de seguridad) se centrará en socorrer a este último grupo si no logra financiarse.
Hasta 25.000 millones se destinarán a la financiación de los bancos malos que se crearán hasta noviembre para aislar los activos problemáticos.
