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Opinión: ¿Después de la polémica de la Casen, cómo recuperar la confianza en las estadísticas públicas?

por 19 octubre, 2012

Opinión: ¿Después de la polémica de la Casen, cómo recuperar la confianza en las estadísticas públicas?
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Por Máximo Aguilera, Ex Director Nacional del INE.

Las crisis abren oportunidades, se ha repetido abundantemente. La crisis de credibilidad en las cifras oficiales que se ha generado por la gestión de la Encuesta CASEN abre una excelente oportunidad para reflexionar sobre la institucionalidad estadística del país y para adoptar medidas para su fortalecimiento.

El Gobierno ha informado que en el futuro el INE realizará la Encuesta CASEN y, suponemos, que calculará, a partir de los datos recolectados, el porcentaje de pobreza y los restantes indicadores sociales derivados de la encuesta.  Además, ha anunciado que prontamente presentará un proyecto de Ley para otorgar plena autonomía al INE.

Ahora bien, en cuanto al tema del fortalecimiento del INE,  me parece que es una noticia muy positiva, pues la información estadística es un bien público de elevada importancia por el rol que cumple como instrumento para el mejor diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

En la sociedad moderna actual, la ciudadanía requiere cada vez más, mejor y mayor información sobre lo que hacen sus autoridades para enfrentar los problemas sociales, económicos y ambientales y cuáles son los resultados de las políticas aplicadas. Transparencia y rendición de cuentas son exigencias ciudadanas  centrales   hoy en día y para ellos estadísticas de calidad, oportunas y confiables son una condición esencial.

La pregunta que surge es si la pérdida de confianza en las estadísticas oficiales del país que se ha producido por el tema CASEN y otros eventos recientes, se resuelve adecuadamente otorgando al INE plena autonomía. En mi opinión, el tema de la recuperación de la fe pública en las cifras oficiales depende de más factores que el aseguramiento de la autonomía del Ente Estadístico principal del país.

De partida, se requiere un cambio drástico en la forma en cómo las autoridades difunden las cifras oficiales. De acuerdo a los parámetros internacionales de buenas prácticas se requiere, por una parte, una clara separación entre la mera difusión de los datos por el organismo encargado y los comentarios que la autoridad de Gobierno haga sobre los resultados dados a conocer. Hoy día cada vez la divulgación de las cifras, como el IPC, el IMACEC y otros indicadores oficiales, se realiza a través del sitio web institucional de quien elabora los indicadores, acompañado de alguna nota técnica explicativa.

Obviamente, el gobierno, la oposición y otros actores sociales y políticos tendrán oportunidad, a partir de allí, de hacer las consideraciones que más les parezcan sobre los datos e indicadores dados a conocer en términos de su implicancia y evaluación del desarrollo de tal o cual política pública.

En general, esta separación de la difusión del dato o indicador por parte del productor del dato y los comentarios de la autoridad política sobre los mismos se verifica respecto de las cifras del INE y del Banco Central, no así en el caso del resto de los indicadores estadísticos generados por Ministerio y otras reparticiones públicas. En muchos de estos  casos, el que elabora y difunde el indicador es la misma institución responsable de la política pública que debe ser evaluada en sus resultados por esos indicadores. El caso de la CASEN es paradigmático en este sentido.

Por otra parte, se necesita contar claramente con un calendario dado a conocer anticipadamente sobre las fechas de la publicación, tal como hoy día lo tiene el INE y el Banco Central. Por ejemplo, sobre los resultados de la CASEN nunca se ha dado a conocer previamente la fecha de la difusión de los resultados.

Por otra parte, la experiencia en los países con sistemas estadísticos sólidos, complejos y confiables respecto de  los mecanismos para asegurar la independencia profesional de la principal institución estadística y sustraerla de las influencias políticas  del país señala que no basta con asegurar por ley esa autonomía o independencia.

Es necesario, y a largo plazo más relevante,  el desarrollo en la propia institución de una sólida cultura y ética profesional de parte de sus funcionarios. Esto está ligado a la adopción, implementación y permanente evaluación del cumplimiento de un Código de Conducta  Profesional,  como por ejemplo el que se han dado las oficinas nacionales de estadística de los países de la Unión Europea, el Código Europeo de Buenas Prácticas Estadísticas.

Este Código regula los principios y normas generales de la producción y difusión estadística y establece las buenas prácticas que contribuyen al mejoramiento de la calidad y transparencia de la actividad estadística.  Estos países mantienen un estricto y permanente sistema de evaluación del cumplimiento del Código a través de diversos mecanismos, como los Informes Nacionales de Calidad y los Informe Externo de Pares. La Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL en su última reunión plenaria en noviembre de 2012 acordó adoptar y promover un Código Regional de Buenas Prácticas Estadísticas, basado en la experiencia europea.

Además,  si se otorgaran más y más complejas tareas al INE, como se plantea, a mi juicio, adecuadamente, con la realización de la CASEN y el cálculo de la tasa de pobreza, no bastará con más autonomía. Se requerirá una sustancial mejora en la planta profesional y técnica, tanto en cantidad como sobre todo en condiciones de remuneración y perspectivas de una carrera profesional, que permitan atraer y retener especialistas del más alto nivel. Un punto de comparación a tener en cuenta para diseñar esa planta y carrera profesional tendría que ser las unidades responsables de la generación de las estadísticas en el Banco Central.

Asimismo,  queda pendiente el tema de que sucede con las estadística oficiales que se producen fuera del INE y del Banco Central, especialmente en los Ministerios sectoriales y que son también muy gravitante en términos de diseño monitoreo y evaluación de los resultados de políticas públicas tan relevantes como las de educación, salud y medio ambiente, entre otras.

Aquí una alternativa es otorgar al INE mayores facultades para fortalecer su rol  normativo y coordinador,  a  fin de que en ese ámbito también se opere con transparencia, calidad y con un uso eficaz y eficiente de los recursos. En algunos países esa función de supervigilancia técnica y coordinación del sistema estadístico nacional en su conjunto se ha entregado a un Consejo Superior.

Finalmente, sobre el modelo institucional para asegurar la independencia al INE, es importante tener en cuenta la experiencia internacional, que  muestra una diversidad de modelos y el modelo tipo Banco Central no es el único existente.  Hay variadas experiencias relevantes tanto en los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y en América Latina destaca el caso de México

Por todo los anterior, sugiero que el proyecto de ley que se presentará al Parlamento para su tramitación no  se restringa al tema de la autonomía del INE, sino que sea un proyecto sobre el fortalecimiento del INE y del conjunto del sistema estadístico nacional.

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