Encontramos en la palestra pública la discusión sobre la normativa que regula las cuotas de extracción de recursos de nuestro mar, Nueva Ley de Pesca, y que entrega el monopolio de ello al sector industrial, que se encuentra centralizado en 7 grupos económicos, reservando una pequeña parte al sector artesanal, proyecto que de aprobarse, tendrá en el mediano y largo plazo, serias consecuencias para la sustentabilidad de la biodiversidad marina.
En este sentido y justificadamente, el Gobierno ha recibido duras críticas en la forma en que se ha pretendido sacar adelante dicho proyecto, sin considerar las opiniones del sector pesquero artesanal, ni de organizaciones sociales y ambientalistas, que han llegado a la movilización social para que en cierta medida se escuchen sus demandas y críticas al proyecto. Se ha buscado decidida e irresponsablemente su aprobación, sin siquiera haber financiado, ni realizado estudios científicos serios que garanticen esta supuesta protección y sustentabilidad de los recursos marinos que en apariencia pretende la nueva ley.
Al respecto cabe destacar que el Estado de Chile no ha contratado estudio alguno -que por lo menos sea conocido públicamente- sobre la entrega monopólica para la extracción de recursos marinos, la aplicación de cuotas de captura y su relación con la sustentabilidad de estos recursos en el mediano y largo plazo, como asimismo, el efecto de esta en la supuesta protección de la biodiversidad marina, que según sus autores pretendería este proyecto y la cual claramente ha sido postergada en pos de intereses pragmáticos y economicistas.
Por su parte, el sector pesquero Industrial, ha hecho un notorio lobby, para que se eliminen indicaciones como aquella que establece la propiedad inalienable e imprescriptible de Estado sobre los recursos hidrobiológicos de nuestro mar, del mismo modo lograr gratuidad en la extracción del recurso y a perpetuidad que se fijen cuotas de extracción, temas que fueran “latamente discutidos” en la sesiones del senado y de la cámara, tanto así, que aprobaron la idea de legislar sobre el proyecto.
Es sumamente interesante destacar en este sentido, el reparo o reserva de constitucionalidad hecho por la Senadora Rincón, que aboga por la protección de la biodiversidad y los recursos marinos, señalando que este proyecto no garantiza su protección, ni tampoco el bien común, dejando en evidencia claramente la vulneración a principios como el de no discriminación arbitraria y libertad económica, cuestionando duramente a la “mesa negociadora pesquera”, como al sector industrial, el hecho de pretender que se le entreguen a perpetuidad cuotas de extracción. En el mismo sentido los Senadores Lagos y Bianchi, han votado en contra, por lo que han sido injustificadamente criticados.
No se debe olvidar que la normativa interna del Congreso, llámese Ley Orgánica y Reglamento, establecen inhabilidades expresas para diputados y senadores por los conflictos de intereses que los puedan afectar. En efecto estas alcanzan técnicamente al tercer grado de la línea colateral por consanguineidad, y siendo esto un tema transversal, podemos decir, por ejemplo, que Senadores como Andrés Zaldivar L., Andrés García Huidobro, Jovino Novoa, Carlos Larraín, ciertamente poseen vínculos con el sector pesquero industrial, relacionados, respectivamente, a las empresas Corpesca, Sociedad Navarino S.A, Inversiones y Mandatos S.A, Comercial Nahuelbuta ambas en el caso de Novoa y Grupo Orizon (fusión Pesquera Coloso y Lecaros-Mendez), de manera tal que, su votación favorable al proyecto aparece por lo menos como cuestionable y éticamente reprochable.
Ciertamente hay multiplicidad de matices a esta nueva normativa, no desarrollables en detalle en esta opinión y asimismo muchos intereses respecto de ello, claramente unos más nobles que otros. Pero la nobleza y el interés por la protección de nuestro recursos, parece estar fuera de esta discusión, la agenda legislativa se agota y no es bueno legislar sobre aguas turbulentas, sería aconsejable, por ahora, prorrogar la discusión del proyecto y tener un sustento técnico científico respecto del impacto sobre lo que ahora pretenden regalar y de la real sustentabilidad de esto en el mediano y largo plazo, como las consecuencias para la biodiversidad marina y nuestro sector pesquero artesanal, bajo una discusión legislativa verdaderamente responsable.
