Chile aumentó los montos del presupuesto público destinado al ámbito social desde el retorno a la democracia. La focalización del gasto social en el período ha permitido aumentar los ingresos reales de las personas especialmente del décimo decil (los más pobres) que perciben ingresos inferiores a dos dólares diarios per cápita. En Chile, la proporción del gasto social sobre el presupuesto público es alta (el gasto público social aumentó de 11,9% en 1990 a 16,5% del Producto Interno Bruto en el 2009). No obstante, pareciera que no existen evaluaciones certeras con respecto al impacto de las transferencias sobre los niveles de pobreza, probablemente, porque las personas fluctúan entre la pobreza y la no pobreza con gran facilidad dependiendo de las vicisitudes de la salud y el trabajo, especialmente.
El programa Chile Solidario cubre a 306,000 hogares (1,3 millones de personas; el 7.6% de la población nacional y el 66% de la población pobre). El gasto en el programa es sólo de 0,11% del PIB. Todo esto es muy inferior a la cobertura y transferencias de programas similares como el Oportunidades (México) y Bolsa Família (Brasil) que son lo suficientemente grandes como para producir una reducción importante en la desigualdad. En cambio, las transferencias de Chile Solidario son tan pequeñas que, incluso con una buena focalización, no logran un impacto en la desigualdad.
No es posible inferir que estas transferencias permiten resolver la pobreza porque la proporción de hogares -según encuestas de panel (seguimiento en el tiempo)- que abandonan la pobreza son casi similares a los hogares que “vuelven” a la pobreza. En definitiva, esta constatación pone en cuestión la eficacia de las políticas focalizadas versus las políticas universales. La idea de paliar riesgos focalizados ha resultado inútil para eliminar siquiera la pobreza extrema lo cual no lograron los gobiernos de la Concertación ni tampoco el gobierno del Presidente Piñera pese a que esto se fijó como meta en la campaña y en los dos primeros discursos a la Nación.
La política neoliberal en general, o de disciplina fiscal imperante en estos años tendió a reducir por diversos medios a los beneficiarios de la políticas sociales a fin de mantener el criterio de superávit fiscal. Al final, los beneficiarios parecen ser sistemáticamente menos que los que se anunciaron en los discursos. Las políticas sociales en el ámbito ideológico neoliberal son por definición: focalizadas (no universales); transitorias (no son derechos permanentes); parciales (contemplan solo un aspecto, en este caso, la pobreza); paliativas (no cubren la totalidad de las necesidades porque se estima que podría incentivar el ocio).
Por lo demás, una tarea pendiente para la gran mayoría de los Programas de transferencias condicionadas al estilo de Chile solidario es contribuir de manera más directa a la superación de la pobreza y no solo a su alivio, para lo que se requiere una complementación eficaz con programas productivos que permitan la autogeneración de ingresos sostenibles. En este ámbito cabe potenciar el Desarrollo Económico Local.
Está comprobado que las coordinaciones horizontales entre organismos públicos pueden tener más eficacia. En general, el ámbito social se ha subordinado a la autoridad del Ministerio de Hacienda pero éste no tiene o no ha tenido capacidades (o decisiones políticas) para definir lineamientos sociales estratégicos que permitan relacionar la asignación de recursos con las metas gubernamentales explícitas de reducción real de la pobreza.
En definitiva, las políticas sociales –como el suministro de antibióticos a un enfermo- pueden ser inútiles o al menos insuficientes para resolver el problema, si se otorgan en dosis inferiores a lo que aconseja la gravedad del problema. El sistema bien focalizado no resuelve el problema (la pobreza) si se restringen los flujos financieros a los beneficiarios y si se desconoce la gravedad de la enfermedad (la profundidad de la desigualdad).
