Se le viene un poco más complicado el negocio a las empresas que emiten tarjetas de crédito.
El Banco Central publicó nueva regulación que le cambia las reglas de juego.
La nueva regulación les pide más capital y fortalece requisitos de liquidez. También aumenta los requisitos de reporte de información para emisores y operadores
Ademas les permite operar tarjetas de débito.
Entre las otras principales características de la nueva normativa son:
-Suprime el régimen diferenciado aplicable a aquellos emisores que pagan dentro
de tres días de aquellos que lo hacen en un plazo superior.
-Explicita que el universo de emisores fiscalizados corresponde a la totalidad de
entidades que asuman responsabilidades de pagos con comercios afiliados no
relacionados.
– Aumenta la responsabilidad asignada al gobierno corporativo de las entidades
fiscalizadas, especialmente en la formulación de políticas de gestión y control de
riesgos de acuerdo a estándares normativos definidos por la Superintendencia.
En el comunicado el Banco Central informó de los ajustes que incorporó en la normativa luego del proceso de Consulta Pública.
Entre los más relevantes están:
-Se flexibilizó y perfeccionó la regulación aplicable a Operadores de tarjetas de crédito y sistemas similares. Las modificaciones incorporadas tienen el objetivo de facilitar la participación de un mayor número y diversidad de empresas en este mercado. Ello está en línea con algunas de las recomendaciones del
reciente informe sobre Inclusión Financiera y Medios de Pago1.
-Se aumentaron los requisitos de capital aplicables a Operadores que, aún cuando no asuman responsabilidad de pago, canalizan un mayor volumen de operaciones de pago.
-Cabe destacar que la normativa del Banco y la correspondiente fiscalización efectuada por la SBIF, forma parte del marco regulatorio y de supervisión más amplio que rige a los emisores de tarjetas de crédito que incluye la legislación y reglamentos de protección al consumidor (contenida en la Ley N°19.496 y los reglamentos del SERNAC financiero), la legislación sobre operaciones de crédito (que entre otros elementos establece los límites de Tasa Máxima Convencional) y, en la medida que emitan valores de oferta pública, la legislación que rige al mercado de valores y a las sociedades anónimas.
