El domingo pasado, el Airbus 320 de LAN Argentina llegó a Río Gallegos una hora tarde. No sorprendió demasiado porque ese día se retrasaron varios vuelos de la empresa. Uno que fue a Córdoba, por ejemplo, 27 minutos. Otro a Salta, más de media hora. Y a Bahía Blanca, Neuquén y Bariloche, alrededor de 25. Son las consecuencias de una contienda que el grupo chileno e Intercargo —la firma estatal de rampas que controla el Gobierno— libran desde hace varias semanas y que, como siempre, sufren los usuarios: en los últimos diez días hubo 103 vuelos demorados y 12.290 pasajeros afectados.
El conflicto es por una deuda y está en la Justicia. Hace más de un mes, la Cámara Civil y Comercial instruyó a Intercargo a restablecer, hasta que se dictara sentencia definitiva, "inmediatamente el servicio" de rampas, que incluye las mangas, que había suspendido como consecuencia del reclamo. La orden pareció caerle del cielo a LAN tras una Semana Santa de reprogramaciones y quejas de turistas: provenía del juez a cargo de la cámara, Francisco de Asís Soto.
Pero se cumplió a medias. Intercargo devolvió las rampas en Ezeiza, no en el aeroparque Jorge Newbery. Volvieron entonces las incomodidades en todas las etapas de arribos y despegues. Valijas remolonas, ómnibus en cámara lenta, equipos que desaparecen y obligan al pasajero a emplear la escalera.
Se debe esperar, a veces, hasta 40 minutos con la puerta cerrada en aeronaves que acaban de aterrizar. Lo peor ocurrió en los últimos días. En la noche del lunes de la semana pasada, quienes llegaban desde Santiago, Chile, a Buenos Aires se demoraron 25 minutos por falta de personal y equipos de descenso y, una vez en la terminal, otros 65 por desajustes en la cinta del equipaje.
Las partes se han reunido ya infinidad de veces y no se ponen de acuerdo. Intercargo, que le reclama a LAN el pago de 18 millones de dólares por el servicio, es una firma monopólica conducida desde el 13 de marzo por María Cecilia García, una contadora de buena relación con el viceministro de Economía, Axel Kicillof. Hace dos semanas, después de que la Justicia la instara a reanudar el servicio porque se estaba perjudicando a los pasajeros, pidió la inhibición de la cautelar en el fuero contencioso administrativo federal. Pero la jueza Rita Ailan, a cargo del juzgado N°4, se lo denegó.
La estatal reconoció el desencuentro en una carta enviada a su personal. "Ante los hechos que son de público conocimiento, nos vemos obligados a dar las siguientes consideraciones: las dificultades económico financieras que sufre Intercargo determinaron la intervención de la empresa por parte del Estado nacional, a través de la cual se pretende regularizar y garantizar el cumplimiento del servicio público de rampa por ser esencial para el sostenimiento del transporte aerocomercial de pasajeros, correos y carga. De este modo, se defiende y garantiza además la fuente de trabajo", dice la compañía en el texto, donde consigna sus augurios de transformarse en "la gran empresa que todos queremos".
Después acusa directamente a la aerolínea. "Sin embargo, éste no parece ser el deseo de todos. Cierto grupo corporativo, apelando a mentiras, mala fe y artilugios judiciales, pretende conseguir, en clara violación a las normas vigentes, privilegios que no le corresponden. El grupo LAN […], incumpliendo la resolución ANAC 945/2012, se niega a pagar el monto correspondiente por la prestación de servicios de Intercargo, ocasionando buena parte de los problemas económicos por los que transita la empresa. Hay que recordar que ninguna compañía aerocomercial fue tan beneficiada en los últimos años como el grupo LAN, que ha obtenido bonificaciones especiales sobre las tarifas que ascienden al orden del 30, 40 y 50 %, significándole una ventaja patrimonial de más de 44 millones de dólares tan solo en los últimos tres años".
LAN no quiso hacer comentarios. El conflicto es, en realidad, uno más de varios otros recientes con el Gobierno. A mediados del año pasado, por ejemplo, la Casa Rosada le rechazó la incorporación de un Airbus 320 para el mercado doméstico y un Boeing 767 con que pretendía aumentar las frecuencias a Miami. La razón nunca fue explicada, pero trascendió a la compañía de manera extraoficial a través de directivos de la ANAC: se pretende reducir la competencia de Aerolíneas Argentinas.
Meses antes, las mismas autoridades le habían quitado al grupo chileno la ruta de Rosario a Lima, Perú, mientras Aerolíneas Argentinas habilitaba el trayecto Rosario-Ezeiza para hacer desde ahí conexión internacional.
LAN también habló del enredo por carta, que entrega en estos días a los pasajeros perjudicados. "En el día de la fecha, los vuelos están sufriendo demoras y cancelaciones como consecuencia de una sorpresiva reducción en las prestaciones que debe brindar el proveedor Intercargo, la compañía que, en virtud de las regulaciones locales, es la única autorizada para la provisión integral de los servicios de rampa en los aeropuertos argentinos. […] Con la intención de brindarle información certera, LAN ratifica que se encuentra al día con sus compromisos contractuales y legales con Intercargo y que cumple íntegramente con todas las regulaciones y disposiciones establecidas por la normativa de la Argentina".
Los 18 millones de dólares en cuestión vienen del año pasado y están sometidos a una mediación que contó, hasta el momento, con varias audiencias. El inicio de la controversia podría ubicarse el 9 de mayo del año pasado, cuando LAN firmó un contrato con vigencia hasta el 31 de marzo de 2014 para servicios de handling (traslado de valijas, prestaciones técnicas a las aeronaves y mangas telescópicas) y se comprometía a pagar por él US$ 32,4 millones anuales.
Pero Intercargo fue intervenida a fines del año pasado y eso cambió todo. Ya dispuesta a diseñar un nuevo plan de negocios, les comunicó a los directivos de LAN que pretendía una mejora cercana a los US$ 18 millones anuales en el contrato. Es decir, un aumento de 55%. La aerolínea se negó y empezaron los encontronazos que, hasta anoche, parecían lejos de atenuarse
