El poder de la ex Presidenta Michelle Bachelet se hizo sentir en la casa de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Allí llegó junto a su jefe programático, Alberto Arenas, para poner sobre la mesa de empresariado sus planes para el país.
Lo central, a todas luces fue la reforma tributaria que pretende recaudar US$ 8.200 millones destinados a financiar, principalmente, la educación gratuita universal y el déficit fiscal que dejará el gobierno actual.
Esta reforma implica elevar el impuesto a la renta a las empresas, bajar el de las personas en su tope, pero considera la polémica idea de pasar a una tributación sobre utilidad devengada y no sólo retirada incluyendo la eliminación del FUT, un beneficio tributario que a juicio del empresariado ha sido clave para impulsar la inversión en el país desde que se creó en los ’80.
Bachelet dejó en claro que hubo franqueza y claridad en los planteamientos, pero también puso sobre la mesa la necesidad de dar gobernabilidad al país, para lo cual necesita financiar estas reformas.
“Hemos tenido una reunión muy positiva, porque ha sido una reunión franca, abierta, pero también de intercambio de perspectivas, de opiniones sobre las temáticas que les importan como CPC en general y a los sectores en particular”, dijo de partida Bachelet correspondiendo las buenas formas.
Reveló las ideas centrales de su programa en materia económica, adelantó que enfrentará los temas de energía pendientes que no zanjó Piñera y defendió el plan de 2009 en que aumentó el gasto público para enfrentar la crisis subprime, el que ha sido criticado por la derecha por el déficit fiscal que habría generado y que este gobierno no ha podido corregir por completo.
Pero lo de fondo era la reforma tributaria. En mayo pasado, Arenas estuvo con los empresarios en el Centro de Estudios Públicos (CEP), pero dejó más dudas que certezas.
Esta vez, Bachelet, sin dar detalles, deslizó algunos elementos que revelaron la distancia que hay con los empresarios en este punto, en particular en cuanto al impacto en la inversión de eliminar el FUT.
“…Evidente, así lo hemos planteado también, es que para muchas de estas cosas necesitamos una reforma tributaria, para aumentar los ingresos permanentes del Estado y así financiar en forma fiscalmente responsable la reforma educacional, otras prioridades de la protección social y el déficit estructural que va a heredar la futura administración. Y creemos, y así lo hemos señalado también, que una reforma tributaria bien estructurada, con los incentivos bien puestos y diseñados, con una aplicación paulatina, no es antagónica con mantener el objetivo que compartimos, que es el crecimiento económico.
Hemos manifestado que la reforma tributaria busca que después de aplicar impuesto la distribución de ingreso efectivamente mejore y no como ocurre hoy”, señaló la ex Mandataria.
Además, le tiró la pelota a los empresarios, señalando que si bien ella se comprometió a que en su posible nuevo gobierno será responsable fiscalmente, pero que hoy es un tema el de la gobernabilidad.
“Yo estoy segura, y así lo he sentido después de la reunión, que compartimos con este grupo de empresarios la urgencia y la voluntad de aportar a la construcción de un país con menos desigualdad, que nos parece que no es sólo, como decía al comienzo, lo justo, lo necesario, sino que más indispensable si realmente queremos avanzar a ser un país desarrollado e inclusivo. Y nuestro compromiso es trabajar para mantener el crecimiento, con reglas claras, con responsabilidad fiscal, pero también con gobernabilidad, porque creo que es lo que los chilenos y chilenas y todos los que vivimos en esta patria queremos y esperan de nosotros”, indicó.
Su cierre fue certero para defender su derecho a hacer una reforma tributaria.
“Yo creo que en mi gobierno fue el único en que no hice reforma tributaria, todos los otros hicieron y yo creo que, tal como aquí se ha dicho, lo que importa siempre son las reglas claras… y obviamente las decisiones responsables, las iniciativas que incorporan la mirada de cómo las empresas se pueden ajustar a los cambios necesarios para que cualquier tipo de medidas signifiquen medidas que hay que tomar, pero que a la vez signifiquen que podamos seguir creciendo en la economía, generando empleos mejores y a la vez hacernos cargo de una tarea central que también tiene un factor económico principal, que es derrotar la desigualdad”, indicó.
A su vez, el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, bajó el tono a las críticas que vertió a mediados de mayo pasado, cuando dijo que la propuesta de Bachelet-Arenas genera incertidumbre en las empresas.
“Nosotros lo que le hemos manifestado es lo que siempre hemos dicho: a nosotros nos preocupa sin ninguna duda de evaluar cuáles son las necesidades, cuantificarlas, preocuparnos de la eficiencia en el gasto y que los aumentos, si llega a determinarse que haya aumentos de impuestos, estos aumentos de impuestos tengan oajalá el menor impacto en el crecimiento, que es de lo que hay que preocuparse, y le he manifestado que en el tema relacionado con el FUT, nosotros vemos que ha sido un buen instrumento que ha permitido el ahorro de las empresas, y por lo tanto nuestra opinión al respecto es que es una alternativa que hay que evaluar. Lo que nos hemos comprometido es que aquí lo que debe predominar son las decisiones técnicas, y por lo tanto hay que intentar congeniar los mayores recursos que eventualmente se determinen que hay que ocupar, con medidas que no traigan aparejados problemas con el crecimiento, y por ende todo lo que significa tener un país que crece y que es el círculo virtuoso para que todos vayan teniendo mejores condiciones de vida”, dijo Santa Cruz.
Contrapreguntado por sus críticas pasadas, retrocedió. “Lo que nosotros hemos manifestado es que las reglas claras y estables en el tiempo es lo que nos preocupa, y en la medida que tengamos reglas claras y estables, el empresariado siempre ha sabido y va a saber trabajar con ellas”, indicó.
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