Hernán Frigolett y Rafael Urriola, Grupo Nueva Economía
A fines del siglo XX con el apoyo de varios organismos multinacionales se declaró que las políticas proteccionistas y la participación del estado en la economía eran nocivas. Así, se exageró el rol del mercado y, muy particularmente se aprovechó una coyuntura de retrocesos violentos de la democracia en América Latina para desregular el mercado laboral eliminando —hasta físicamente— a los representantes sindicales. Esta política no pasó la prueba de la práctica.
La década de los 80 fue declarada la década perdida. Gran parte de la recuperación económica obedece a una estrategia extractivista basada en recursos naturales y arrasando con las protecciones ambientales básicas. Así los activos naturales han eliminado los pasivos financieros, con el resultado de la pérdida patrimonial del caso, en la medida que no se capitalizó parte de ello en los mercados de origen de los recursos naturales.
El desarrollo mundial ha sido arrastrado por la demanda de los países emergentes (China, India, Rusia, Brasil, Sudáfrica) y esto ha creado una recuperación de los términos de intercambio por el ascenso en los precios de las materias primas en que el país se ha favorecido enormemente con los precios del cobre. Desde 2004 los excedentes del cobre anuales han superado los 6.000 millones de dólares en promedio, mientras que anteriormente alcanzaron a menos de 1.000 millones. ¿Podrá durar este boom? ¿Cómo nos preparamos hoy para eventos adversos que podrían suceder mañana?
Así, el dualismo estructural productivo entre un sector exportador dinámico y el resto de la economía ha provocado una exacerbación en la concentración de los ingresos con lo cual hay chilenas y chilenos que observan pasar el carro del desarrollo sin poder beneficiarse proporcionalmente de ello.
En este contexto, se ha fortalecido una visión conservadora “oficial” que impide una adecuada elaboración de juicios de hecho sobre la evolución de la economía, la sociedad y el Estado.
El pensamiento conservador soslaya temas fundamentales para la elaboración de las políticas públicas. El debate económico debe incorporar el tema de la calidad de los mercados, los cuales deben ser regulados y guiados (como lo demuestran los casos de La Polar, Farmacias, Cencosud, Banco Estado), y en algunas esferas, especialmente en la provisión de bienes públicos, directamente sustituidos por la acción colectiva gubernamental y social, lo que en sí no es contradictorio con concebir las políticas de desarrollo equitativo y sustentable de un modo amigable con la eficiencia productiva y la estabilidad económica.
El objetivo de una nueva estrategia de desarrollo debe ser mejorar la calidad de vida general, el acceso igualitario a ella y resguardar los derechos de las futuras generaciones, es decir, una visión de una Nueva Economía, capaz de superar el prisma conservador del reduccionismo neoliberal como representación de la verdad absoluta e incontrarrestable.
Es indispensable para diseñar políticas públicas y para entender la esfera económica, reconocer el carácter inseparable de la economía con las dimensiones social y ambiental. Tampoco es posible avanzar si se aplican estrategias que arrasan a su paso con el bienestar de generaciones futuras destruyendo el medio ambiente y descartando tomar acciones frente al cambio climático global.
En el Chile de hoy parece más que nunca necesario cambiar el eje de acción pública desde un contexto financista-consumista a uno desarrollista-productivista en el que el Estado sea un gran articulador del interés común. Así, con los temas planteados por los movimientos sociales, en el debate público los dogmatismos conservadores están en entredicho, reconociéndose nuevos temas como el desequilibrio en la relación entre trabajo y capital, y entre los mercados financieros y la actividad productiva; entre las empresas oferentes de servicios y los consumidores; entre pequeños y grandes empresarios; entre los bienes públicos y los de mercado (el lucro mediante).
El debate postergado por el conservadurismo es que el Estado puede y debe, no solo reparar fallas de mercado, sino también orientar y crear mercados, invertir activamente en nuevas tecnologías y sectores, influir en el crecimiento económico y hacerlo más amplio e inclusivo, estimular las inversiones de alto riesgo (como las que deben hacerse para asegurar una transición hacia energías renovables en las que Chile tiene un potencial privilegiado), permitir una inserción activa antes que pasiva en la economía mundial, inducir diversificaciones productivas y promover sectores generadores de empleo y de equilibrios territoriales.
¿Quién, sino el estado, puede inducir la tarea insustituible de redistribuir ingresos incrementando los de los más pobres con la concurrencia de una carga tributaria proporcionalmente más alta de los grupos de mayores ingresos? ¿Puede aceptarse que, según un estudio de la Universidad de Chile, el 1 % de la población acapara el 30 % de los ingresos? Al mismo tiempo, los gobiernos deben velar por los derechos ciudadanos organizando sistemas públicos de seguridad social en salud, pensiones y desempleo para garantizar coberturas universales. Las empresas privadas proveedoras de servicios sociales no han pasado la prueba de la eficiencia.
Tampoco la política y la economía pueden separarse. El pensamiento económico debe ser inherentemente contextual y sistémico, institucional y político, para estar al servicio de la elaboración de opciones, con la identificación de sus costos y beneficios, que la sociedad resuelva democráticamente. De poco sirve aferrarse a doctrinas económicas rígidas y dogmáticas, por el contrario, lo pertinente es la sisitemática observación de los hechos y el examen riguroso de la variedad de trayectorias exitosas y fracasadas en el mundo contemporáneo.
