Si había alguna duda que el ex presidente del Banco Central, José de Gregorio, está de vuelta en el mundo de la política, el discurso de ayer ante el Club Monetario de la Universidad Finis Terrae, la disipó.
En una presentación que tituló 'El Modelo neoliberal a 40 años de su implementación. Su legitimidad y ajustes pendientes', el miembro del comando de Michelle Bachelet, y quien fuera triministro durante el mandato del Presidente Ricardo Lagos, hizo una defensa de los logros de los últimos gobiernos, desde el retorno a la democracia, cuestionó que lo que se heredó de la dictadura —y que aún existe— es un modelo neoliberal, advirtiendo que si no se hacen los cambios que la sociedad está pidiendo a gritos, se corren riegos, "uno es el conocido riesgo de las recetas populistas, pero también corremos el riesgo de quedarnos atrapados por la captura de grupos de interés. Ni lo uno ni lo otro es bueno para Chile y por ello tenemos que pensar en el futuro de nuestro país con rigor y con decisión".
Primero quiso dejar un par de puntos en claro: "Nada justifica lo que ocurrió durante la dictadura. Lo único que recordamos es que hace 40 años en Chile se produjo un quiebre institucional que interrumpió la democracia. Podemos tener muchas visiones acerca de dicho quiebre y sus consecuencias. No obstante dicho quiebre, culminó en un golpe de Estado y una dictadura que violó los derechos humanos de forma sistemática y brutal, y suspendió las libertades básicas de los ciudadanos. No hay ninguna reforma económica ni social, por muy buena que esta sea, que justifique lo ocurrido", sentenció.
A paso seguido, argumentó que no por haber nacido en dictadura una reforma es por definición mala. "Una reforma implementada en ausencia de democracia no tiene por qué ser descartada a priori. Ciertamente tiene problemas de legitimidad, que la democracia se debería encargar de validar o cambiar".
Su tercer punto fue defender los logros. Señaló que desde el retorno a la democracia "Chile ha tenido un progreso en materia económica y social como nunca en su historia, sin muchos precedentes en nuestra región y también muy notable desde una perspectiva global de las economías emergentes."
Explicó que las bases de ese progreso han sido el desarrollo institucional, estabilidad macroeconómica con un sistema financiero bien regulado y sólido, apertura al exterior, que la mayoría de las decisiones económicas fueron dejadas a los mercados con el Estado en un importante rol en materia social y regulatoria. Pero cuestiona que eso necesariamente signifique que sea un modelo neoliberal. "No creo que sea así, ni me gustan las etiquetas. Las cosas valen por lo que son, por sus efectos y no por sus etiquetas. Los modelos que yo conozco son abstracciones de la teoría económica, pero es difícil etiquetar las estrategias de desarrollo. Amarrarnos a etiquetas nos quita libertad para pensar y actuar con efectividad".
Y agregó que "desde un punto de vista conceptual, obviamente si por neoliberalismo se entiende laissez-faire, mercados sin ningún tipo de regulación y Estados ausentes, me parece que esa no es la manera de progresar ni tampoco una caracterización apropiada de Chile".
Defendió el uso de la economía para el diseño de políticas públicas. "Esto es central a la hora de tomar en cuenta seriamente propuestas de políticas. De hecho, un gran riesgo es caer en el populismo, que entiendo como un conjunto de políticas que enfatizan la redistribución y el crecimiento de corto plazo, ignorando su sostenibilidad y los incentivos que dichas políticas generan", enfatizó De Gregorio.
Resaltó que el "modelo" está en tela de juicio no porque seamos una sociedad capitalista, "sino que por nuestra persistente desigualdad, el acceso desigual a la educación, a la salud, a buenos barrios, a la justicia y seguridad. La gente protesta y quiere cambios al sentirse pasada a llevar. Y muchos llaman a estas legítimas demandas cambios al “modelo”. Agrega que estamos en una coyuntura en la cual se requieren cambios importantes. Asimismo sostuvo que las reformas que se necesitan implican que el Estado "deba aumentar su rol regulador, promotor de la competencia y deba tener además un rol muy activo en la inclusión social".
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