El empresariado nacional debiera tener la sensibilidad suficiente para percibir que los hechos anómalos que han golpeado el sistema financiero nacional el último tiempo constituyen una bomba de tiempo para la credibilidad y legitimidad de todo el sistema financiero. Y entender que entorpecer las investigaciones que, en muchos casos obligada por la evidencia pública de los hechos, lleva adelante la autoridad regulatoria, es literalmente dispararse en los pies.
En un país de mercados estrechos, con aspiración de nicho perfecto y confiable en el mundo internacional, la ejecución de prácticas lesivas al orden público económico, hechas de manera repetitiva y resiliente al control de la autoridad, golpea al conjunto de los empresarios y no sólo a la parte afectada de la industria. Peor aún si esos hechos explotan en medio de una elección presidencial y en el peak de un ciclo de cambios políticos.
Si el funcionamiento del mercado deja en evidencia una concentración de operaciones y actividades al borde de la legalidad, con gran amparo de vínculos familiares o de negocios y una malla de poder con ramificaciones políticas a todas partes, significa que los empresarios están horadando su propia base de poder en un escenario de cambio. Y si estos se sienten capaces de cuestionar la legitimidad de la acción de las autoridades, y dejan entrever una convicción de impunidad, transforman sus conductas en algo incompatible con cualquier democracia o cualquier Estado de Derecho.
Los casos La Polar, Cascadas o SMU, por mencionar aquellos que el último tiempo han resultado más notorios, ejemplifican un abierto daño a la credibilidad política e institucional del país que da sustento al modelo económico. La circunstancia de que ellos hayan puesto en la mira de la opinión pública a empresarios paradigmáticos, en hechos que pudieran incluso tener aristas criminales, hace que a la notoriedad económica, se agregue un abierto repudio social.
Las explicaciones y estrategias de defensa desarrolladas en cada caso, así como los resultados prácticos –al menos hasta ahora– de las investigaciones, hacen más evidente para la ciudadanía la percepción de que en el mundo empresarial predomina la idea de ser una especie de ciudadanos inmunes y libres de toda sospecha o investigación. Incluso de estar por encima de las normas y de la confianza de los mercados. El relativismo de la prensa impresa sobre el tema redunda sobre esa misma apreciación.
Muy poca repercusión ha tenido en el mundo empresarial, a propósito del caso Cascadas, el desarrollo de una estrategia de defensa legal que aspira en esta etapa, casi de manera exclusiva, a cambiar de interlocutor en la SVS a partir del cambio de gobierno. Ello va contra toda lógica, a menos que se tuviere cierta certeza de ser favorecido con el resultado electoral, o no les importara el paso del tiempo, pues ello ayudaría a licuar o enredar la investigación para quedar en nada. Algo de esto se deja entrever cuando un connotado abogado de la defensa dice que, a fin de cuentas, nada es ilegal porque las Cascadas y sus modos financieros es una práctica que todo el mundo hace.
La racionalidad pública, y también la privada cuando se trata de sistemas veraces, indica que cada día que pasa el sistema institucional del país se torna más débil. Es del interés de todos, de la transparencia y de la estabilidad de los sistemas, que las soluciones sean eficientes y rápidas.
Pero no ocurre así, y la lentitud y las trabas se enseñorean en los temas. Parte de ello ocurre con la Bolsa de Comercio, órgano privado pero fundamental en el ejercicio de la fe pública en materia financiera, que designó un comité ad hoc para estudiar la situación de su Vicepresidente y uno de los principales corredores de bolsa del país, fuertemente involucrado en el caso Cascadas. Tal comité ad hoc seguramente demorará meses en dar alguna señal sobre el tema.
La decisión de un Fiscal del Ministerio Público de no perseverar en la investigación para formalizar a miembros del Directorio de La Polar, no se transforma en un hecho reivindicatorio de los gobiernos corporativos de las empresas del país. Ello es sólo un alivio para un grupo de ejecutivos con las más altas responsabilidades en una empresa que se hizo paradigmática del daño a los consumidores y a todo el sistema económico.
