Michelle Bachelet fue elegida por segunda vez para presidir el país, con una contundente mayoría de 3,4 millones de votos (62% de los válidamente emitidos) en la segunda vuelta electoral del pasado 15 de diciembre. Los desafíos que enfrenta para su segundo período, en lo económico y en lo político, son enormes y las expectativas muy altas, cosa que, casi con toda seguridad le jugará tan en contra como al saliente presidente Sebastián Piñera que, independientemente de cómo se evalúe su gestión (algo que haremos en el Panorama General de marzo próximo), siempre quedará por debajo de lo que se esperó de su presidencia al asumir en 2010 y la mayoría que logró en diciembre del año anterior, como los hechos han comprobado posteriormente, no pasó de ser algo fugaz acentuado por las torpezas propias y de la coalición que lo apoyó.
Es evidente que la Nueva Mayoría tiene grandes fortalezas y ventajas respecto de la Alianza en el manejo político y comunicacional y en su capacidad de concordar en un denominador común que les permite mantener una actuación más o menos coherente a pesar de las muy grandes diferencias de los que habitan bajo este paragua, como ocurrió antes con la Concertación, no obstante las crecientes tensiones que se acumularon en su interior a lo largo de los 20 años de gobierno. Por el contrario, en la Alianza, donde las diferencias son tan pequeñas entre ambos partidos hacen absurda su existencia como entidades separadas, reina el caciquismo y el fundamentalismo, histórico por lo demás en este sector, que les ha acarreado varias derrotas electorales perfectamente evitables.
La debilidad de la oposición, paradójicamente, hará más difícil el gobierno de Michelle Bachelet, porque faltará el elemento moderador que habrá de buscar al interior de su propia coalición, lo que exacerbará las tensiones entre los maximalistas, que pretenden refundar el país, apoyados por los anarquistas de la “calle” y los más pragmáticos que tratarán de mantener lo mucho bueno que hay en el país y dejar los cambios solo para aquello (bastante, por lo demás) que funciona más o menos o, derechamente, mal.
Así, entre las expectativas desmedidas, que nunca fueron aplacadas durante la campaña, y la enormidad de los objetivos perseguidos, que exceden lo razonablemente realizable en cuatro años, como ha reconocido la propia presidenta electa, es difícil que el balance que se realice en cuatro años más sea realmente positivo y, probablemente, primará la frustración por reformas que no se han implementado, que se han hecho a medias y, sobre todo, cuyos beneficios no sean aún evidentes. Sólo un notable liderazgo y una gran capacidad política podrían evitar que lo descrito sea el resultado final.
– Los Desafíos Económicos y más
A pesar de que se habló muy poco del tema durante la campaña, preservar un crecimiento económico lo más alto posible será fundamental para financiar los cambios que se pretende hacer pero, también, para evitar el descontento de una población que se ha acostumbrado a gastar cada vez más y que tiene una muy baja tolerancia a la frustración. Es vital, en consecuencia, despejar el grave problema energético que tiene el país a la brevedad, ya que está teniendo un costo evidente y creciente en la competitividad y la inversión. Idealmente, la solución al problema de generación eléctrica insuficiente debería pasar por permitir el aprovechamiento de la abundante capacidad de generación hidroeléctrica disponible y no utilizada, así como de las otras fuentes competitivas.
Tal vez menos evidente que lo anterior es destrabar e impulsar el desarrollo de las concesiones de infraestructura que, en esencia, llevan ocho años virtualmente paralizadas, cosa que debería ser relativamente más sencilla que resolver el problema energético pero no por ello es menos importante. Si se logra avanzar rápidamente en ambos frentes –el energético y el de las concesiones– se dará un paso muy importante en darle un importante impulso al crecimiento y a la mejoría de la productividad desde 2015 en adelante.
En el escenario descrito, el bajo crecimiento potencial actual, en torno a 4% – 4,5%, recibirá un impulso importante y permitirá que la reforma tributaria (falta conocer sus detalles, incluyendo el cronograma de su aplicación en los próximos años) pueda ser absorbida por la economía sin mucho trauma y, muy importante, bajo estas condiciones recaudará algo parecido a lo que se plantea en el programa de gobierno y no menos, como parece probable. El tema tributario es, probablemente, lo menos amenazante para el clima de negocios entre las propuestas del nuevo gobierno, siendo la excepción la eliminación del FUT y como se compensa.
El uso de los recursos que se recauden, por otro lado, es lo que presenta más dudas. El gasto en educación en Chile, principal destino de la reforma tributaria, se ha multiplicado por tres o cuatro, dependiendo de cómo se le mida, desde 1990 y la evidencia indica que la rentabilidad de este mayor gasto público ha sido menos que satisfactoria, de manera que hay un razonable escepticismo respecto los beneficios que producirá aumentarlo más en términos de cantidad y calidad de capital humano disponible. Es cierto que hay problemas de inequidad de acceso a la educación de calidad menos deficiente en el país (la educación buena es realmente muy escasa en Chile), pero también lo es que el desafío de mejorar la calidad de la educación que reciben todos los niños y jóvenes de Chile enfrenta, en el mejor de los casos, un problema de recursos, pero mucho más, entre otras cosas, un problema de escasa valoración de la educación por parte de las familias y, sobre todo, de que es parte integral de todo proceso educacional exitoso, el esfuerzo y el trabajo y no la búsqueda de atajos para obtener una nota o la nivelación hacia abajo por imperar la ley del mínimo esfuerzo. No cabe duda que es esto último lo que explica los éxitos de los sistemas educacionales de algunos países pese a que no se gasta tanto en el sector. Así, existe el riesgo de que se agregue una importante cantidad de recursos a la educación chilena, sin que se obtenga mucho beneficio a cambio. Aparte de lo anterior, los efectos de cambios en el sistema educacional solo se observan a mediano y largo plazo y uno que es particularmente importante, la mejoría en la calidad de los profesores, solo puede realizarse en plazos muy largos.
Por otro lado, si bien los cambios tributarios pueden generar algo de ruido en el medio ambiente, es poco probable que tengan un impacto demasiado importante en las decisiones de inversión, aunque en el margen éste existe, sobre todo si se considera que los empresarios nacionales mantienen inversiones importantes en mercados bastante más complicados que el nacional, como en Argentina o Brasil.
De mucha mayor importancia potencial y, por lo tanto, con mayor impacto en el corto plazo, mientras prevalezca la incertidumbre respecto a la extensión y profundidad de las modificaciones que se van a proponer, es el cambio constitucional y de leyes que regulan mercados importantes, como la salud, pensiones y agua. Dado lo anterior, es deseable que se dé a conocer lo antes posible el cronograma de propuestas legales y su alcance, que afectan a diversos mercados o a todos ellos en el caso de las reformas constitucionales, si es que es el caso. Esto con el propósito de reducir la incertidumbre y, por lo tanto, atenuar la natural reacción de ver y esperar que se puede producir y que tendría un impacto negativo sobre los resultados de la economía en 2014.
Esta columna fue parte del informe de enero de la Consultora Gemines
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