El asesinato el 6 de enero de Mónica Spear, una conocida actriz y ex Miss Venezuela, y su esposo atrajo la atención del mundo sobre un problema que hace años afecta a los venezolanos y a la economía del país: la violencia. Cuando su Corolla tuvo un desperfecto, Spear fue asaltada y asesinada ante su hija de cinco años, que sobrevivió a una herida de bala.
Venezuela dice que la tasa de homicidios del país es de 39 por cada 100.000 personas, pero el Observatorio de Violencia de Venezuela, una organización no gubernamental, dice que la cifra oficial es demasiado baja: estima que el año pasado se asesinó a 24.763 personas, lo que equivale a 79 cada 100.000 personas. Junto con secuestros, robos y extorsiones, eso le ha valido a Venezuela el tercer puesto después de Honduras y Guatemala en la lista de economías más perjudicadas por la violencia, según el Informe de Competitividad del Foro Económico Mundial 2013-2014. El país es también el peor del mundo en lo relativo a atraer personas talentosas y el segundo peor después de Burma en lo que respecta a conservarlas, según el estudio, informa Bloomberg Businessweek en su edición del 3 de febrero.
“Las dificultades de operar durante la revolución de Hugo Chávez y su política hostil al sector privado han ocultado el impacto económico de la violencia y el delito”, dice Jorge Restrepo, un profesor de economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Restrepo, que se desempeñó como asesor de estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el costo del crimen en las economías latinoamericanas en 2013, dice que Venezuela “pierde por lo menos el 5 por ciento de su PIB” debido a los asesinatos y otros crímenes. “El costo de la violencia en Venezuela probablemente sea similar al 4,8 por ciento del PIB colombiano perdido a manos del crimen cuando la tasa de homicidios llegó en 1992 a 83 cada 100.000 habitantes”.
El crimen afecta de diversas formas a las economías. “El primer efecto de la violencia en una economía es la forma en que limita los flujos internacionales de capital”, dice Hugo Frühling, profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, que también participó en el estudio del PNUD. “Las elevadas tasas de criminalidad también afectan la confianza de las personas y la posibilidad de emprendimiento”.
Grupos venezolanos extorsionan a compañías constructoras, de servicios petroleros, de desarrollo inmobiliario y otras, dice Frank Holder, presidente de FTI Consulting para América Latina. El ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, dijo el 24 de enero en conferencia de prensa al regresar del estado de Bolívar, en el sudeste del país, que grupos armados que se hacen pasar por sindicalistas “hacen lo que quieren” en el estado y extorsionan a las compañías constructoras. “Siembran el terror, y no sólo entre los propietarios, sino también entre los trabajadores”, dijo.
Jorge Roig, presidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio, dice que el crimen ejerce una influencia directa en las decisiones de las empresas respecto de hacer o no negocios en el país. “Hay ejecutivos que no quieren venir porque tienen miedo”, dice, “y muchos empresarios venezolanos viven en el exterior, por lo que sus compañías producen menos”.
El presidente Nicolás Maduro, el sucesor de Chávez, instó a usar “mano de hierro” contra los criminales luego del asesinato de Spear y su esposo. Holder, de FTI, que basa su estimación en lo que Colombia gastó en la guerra contra los carteles de la droga, dice que Venezuela necesitaría US$170.000 millones para reducir el crimen de forma significativa.
