Parecía un escenario casi inevitable y ayer terminó por concretarse. La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que dirige Fernando Coloma, decidió congelar el procedimiento sancionatorio contra Julio Ponce Lerou en el marco del caso Cascadas.
La decisión se produce luego que la semana pasada formulara nuevos cargos contra otros involucrados en el caso, como el socio de LarrainVial, Leonidas Vial, los máximos ejecutivos de ésta, la corredora Banchile y su ex gerente de inversiones, entre otros.
Pero también se produce justamente después que el viernes pasado la Contraloría General de la República emitiera su dictamen en el cual rechaza pronunciarse sobre los reclamos de la defensa de Ponce Lerou, respecto del proceso que Coloma lleva en su contra.
La decisión de la Contraloría fue interpretada por la propia SVS como un respaldo a lo obrado por la entidad que dirige, al no manifestarse sobre la legalidad del procedimiento, dado que aún no concluye.
Pese a ello, al día hábil siguiente, la SVS determinó cambiar su decisión que hasta ahora había sido inalterable frente a los requerimientos de los abogados de Ponce –Jorge Bofill, Raimundo Labarca y Alejandro Parodi–, de detener el proceso hasta que cierre la investigación.
Ayer, la SVS suspendió el procedimiento contra Ponce, con el objeto de “mejor resolver” el caso. “Esta Superintendencia estima que en esta etapa procesal y para la acertada resolución de los procedimientos sancionatorios en curso, resulta prudente realizar esta suspensión en virtud que los plazos otorgados en los nuevos cargos se superponen con los plazos que restan para cerrar los procesos de las personas formuladas de cargos el 6 de septiembre, pudiendo resultar estos últimos insuficientes para que éstas puedan analizar los cargos y descargos a los mismos y hacer las presentaciones que en derecho estimen pertinentes”, puntualizó la entidad que dirige Coloma, quien habría salido de vacaciones esta semana.
La noticia confirma que Coloma no resolverá finalmente el proceso contra Ponce Lerou, como los abogados de éste señalaron que aspiraban conseguir. Esto, porque los acusados el pasado 31 de enero podrían recibir diez días de plazo de ampliación para presentar sus descargos, lo cual se sumaría a los 20 días otorgados a Leonidas Vial, Manuel Bulnes, Felipe Errázuriz y Alberto Le Blanc para hacer sus descargos. Sumados, trasladan el procedimiento hasta después del 11 de marzo.
Coloma había dicho a mediados de 2013 que esperaba zanjar el caso él, aunque hace algunos días deslizó el cambio de perspectivas, cuando dijo que esperaba que los que se hicieran cargo de la SVS en el futuro mantengan la línea de trabajo que él ha llevado en el caso.
Para el abogado de Ponce, la noticia es una victoria. “Nos deja muy satisfechos y es un triunfo, pues es lo que hemos buscado desde la formulación de cargos, que ha sido rechazado por la SVS y que la Contraloría, si bien no se pronuncia derechamente, al ordenar aplicar la ley 19.880, hace que esta decisión de la SVS, sea una consecuencia directa del dictamen del Contralor”, señaló Raimundo Labarca.
Según las estimaciones del abogado, el caso para Ponce no se retomará antes de abril próximo, lo que deja sin posibilidades de resolver a Coloma. Esto, si es que no se mantiene en el cargo, como le habrían ofrecido desde el entorno de Bachelet. “Coloma no va a resolver el caso, eso es un hecho cierto en esta investigación”, dijo Labarca.
Una vez que la SVS reciba los descargos de los nuevos imputados, vendrá el período de término probatorio que, en el caso de Ponce, estaba detenido por las alegaciones de su defensa respecto de la forma en que la autoridad llevaba el caso.
Sin embargo, en el entorno de la SVS aseguran que la decisión de Coloma tuvo que ver con otro motivo: el contaminado ambiente de litigación que desarrolló la defensa de Ponce, que obligó a detener el caso para que el mismo se pueda resolver completo, ubicándolos a todos en la misma línea de tiempo.
El riesgo es que, si no se detenía y llegaba un nuevo superintendente en marzo, éste podría encontrar un procedimiento trabado y lleno de alegaciones dilatadoras.
“Lo que hizo la SVS fue acotar la contingencia de litigios en la investigación. Así ordena el caso y puede cerrarlo de una vez”, afirman las fuentes.
Las mismas fuentes aseguran que la Contraloría le dio la razón a Coloma y que por eso la decisión de la SVS de congelar el procedimiento sólo tiene que ver estrictamente con una resolución institucional para ordenar dicho procedimiento.
En la presentación de los abogados de Ponce ante Contraloría, el 19 de noviembre pasado, se pedía explícitamente que el procedimiento contra Ponce “no puede seguir adelante, mientras la SVS no concluya la investigación acerca del supuesto esquema” y de las operaciones cuestionadas y hasta que no haya recabado todos los antecedentes necesarios para acusar a cada uno de los involucrados en el caso.
Luego afirma que la SVS, si decide formular nuevos cargos después de los del 6 de septiembre (la carta es enviada antes de que la SVS acusara a nuevos involucrados), el proceso sancionatorio contra Ponce “sólo podrá ser reanudado una vez que los respectivos descargos sean evacuados, de manera que el término probatorio se abra al mismo tiempo para todos los formulados de cargos”.
La respuesta de la SVS ante Contraloría respecto de la presentación de Ponce Lerou, fue tajante el 29 de diciembre pasado. “No se visualiza la explicación a la alegación de que para comunicar los cargos y dar curso al procedimiento a que cada cargo da inicio, se deba comunicar los mismos a todos y cada uno de sus partícipes”, expresó.
Así, la defensa de Ponce obtuvo un triunfo al lograr que Coloma detuviera el proceso y lo trasladara al próximo gobierno. Probablemente, además, podrá zanjar la discusión sobre la forma en que se definirá el término probatorio del caso, materia que también fue discutida por los abogados del empresario ante el superintendente.
En todo caso, el abogado Luis Cordero, que representó a la SVS ante la Contraloría, asegura que dicha entidad fue clara al señalar que no le era posible intervenir en el caso mientras no termine el procedimiento, lo que, a su juicio, valida lo llevado a cabo por Coloma y no debería provocar que haya cambios en el actuar de la autoridad aunque éste deje la SVS en marzo.
Esto, porque –según Cordero– la Contraloría no puede intervenir en un procedimiento administrativo que aún no concluye, con la excepción de casos en que sea evidente una ilegalidad por parte de la autoridad administrativa, algo que no hizo ver Ramiro Mendoza, titular de la Contraloría.
