El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó hoy los argumentos del fondo de inversiones NML Capital y del gobierno de Argentina sobre la identificación de bienes argentinos en todo el mundo por una petición de embargo por bonos impagados por ese país.
La audiencia de se refirió solamente al grado en que pueden buscarse los activos de una nación soberana para reclamar compensaciones, sin tocar el tema de fondo, que es la apelación de Argentina contra un fallo que le ordena pagar 1.400 millones de dólares.
Argentina ha presentado una apelación ante el máximo tribunal de EE.UU. para impedir que la empresa Elliott Management Corp. NML, uno de los acreedores privados calificados como «fondos buitres», acceda a las cuentas que tienen el Gobierno y altos funcionarios argentinos en el Bank of America Corp. y el Banco de la Nación Argentina.
NML ha solicitado estos registros bancarios para conocer cómo mueve Argentina sus activos por todo el mundo e identificar dónde podría buscar compensaciones.
Los fondos de inversión, que reclaman el reembolso íntegro de los bonos soberanos adquiridos a finales de 2001 en medio del desplome de la economía argentina, se negaron a participar en las reestructuraciones de deuda impulsadas por el Gobierno argentino en 2005 y 2010.
El subprocurador general de Estados Unidos, Edwin Kneedler, hizo una presentación de diez minutos como «amicus curiae» en respaldo de la posición de Argentina, que alega que tales pesquisas violan las leyes de inmunidad.
Los inversionistas que buscan cobrarle a Argentina los bonos estuvieron representados por el abogado Theodore Olson, que contó con treinta minutos para presentar sus argumentos.
Las preguntas de los magistrados del Supremo insinuaron una aparente intención de buscar un punto intermedio entre ambas partes, de modo que se pueda exigir a una nación soberana que informe sobre sus activos, pero no así sobre los bienes relacionados con la diplomacia, la seguridad nacional o los servicios militares.
La jueza Sonia Sotomayor, que fue la primera en hacer preguntas, inquirió si los inversionistas tendrían derecho a exigir que el Banco de la Nación de Argentina informe sobre los bienes que la nación tiene en todo el mundo.
Aunque algunos de los magistrados parecieron inclinados a validar el fallo de un tribunal que dejaría expuestos a embargos los bienes comerciales de Argentina fuera de EE.UU., ninguno de los jueces dio indicios de sus opiniones sobre el fallo de compensación.
La controversia se remonta a 1994 y requiere que los tribunales interpreten las promesas hechas por el gobierno de Argentina en su promoción de los bonos en Estados Unidos para la financiación de obras y programas públicos.
Cuando se emitieron aquellos bonos, el Gobierno de Argentina renunció a toda inmunidad contra demandas que pudieran surgir en torno a esos títulos y, para los bonos colocados en los Estados Unidos, aceptó que se llevaran las demandas ante un tribunal federal o estatal en la ciudad de Nueva York.
Pero tras el derrumbe financiero de 2001, el gobierno de Argentina declaró una moratoria de pagos sobre más de 80.000 millones de dólares de sus deudas, y NML, un fondo de especulación financiera con sede en las Islas Caimán, estaba entre los compradores de bonos depreciados.
En las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, el Gobierno de Argentina propuso un canje de bonos e indicó que no haría pagos sobre los bonos no canjeados.
Aproximadamente la mitad de los inversionistas con bonos aceptó una tasa de canje del 25 al 29 por ciento del valor original. E
