Una cuidada estrategia llevó a cabo la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Entregó el domingo a El Mercurio los principales planteamientos que los juristas Juan Colombo y Enrique Navarro elaboraron sobre los aspectos de inconstitucionalidad que la Reforma Tributaria tendría, principalmente en lo que respecta a la renta atribuida. Ayer, su presidente, Andrés Santa Cruz, se presentó ante la Comisión de Hacienda del Senado junto a Soledad Recabarren, de Ernst&Young –quien la semana pasada había llamado la atención por su elocuencia y claridad–, para que se refiriera a los principales problemas operativos y describiera los distintos mecanismos tributarios que tienen los países. “No nos asuste otra vez”, le dijo el senador Carlos Montes cuando le tocó tomar la palabra.
Y nuevamente a los funcionarios de gobierno les debieron “haber picado las manos” por contestar los principales argumentos que en esta audiencia se dieron, aunque por formato están conminados a esperar a que les toque el turno para hacerse cargo de todos los “problemas”, “errores”, “omisiones” y “aberraciones” que tanto las auditoras, la semana pasada, como los representantes de los principales gremios de la industria han apuntado en sus críticas al proyecto del Hacienda.
En resumen, Andrés Santa Cruz dijo que la CPC había “detectado 40 errores técnicos serios sólo en lo que dice relación al impuesto a la renta”.
Pero no se quedó en la denuncia, sino que hizo una propuesta concreta al gobierno para salir del impasse: se mostró partidario de adelantar el aumento del impuesto de primera categoría de 20% a 25%, lo que permitiría al gobierno contar con los recursos necesarios para implementar los programas que quiere llevar a cabo, a cambio de que se llame a todos los actores involucrados con el objeto de consensuar un sistema tributario que se implemente el 2018 para recaudar US$ 8.200 millones y que sirva para los próximos 20 o 30 años.
Junto con señalar que la CPC cree que “efectivamente el sistema integrado sobre base percibida debiera mantenerse”, reconoció que aquí nadie es poseedor de la verdad y que se puede optar por distintos mecanismos, ya sea percibido o devengado, o una combinación de opciones.
El SII en entredicho
Las palabras de Santa Cruz fueron tomadas por los senadores. Andrés Zaldívar (DC) destacó el hecho de que los empresarios estén por subir los impuestos para abordar la reforma a la educación.
También dijo: “Es bueno que nos hagan llegar esos 40 casos que tienen que ver con la operatividad de esta reforma. A mí me interesa que el contribuyente se haga cargo de sus impuestos y que esté convencido de que lo que paga es lo correcto”.
En su minuto, el senador Ricardo Lagos (PPD) hizo ver que “una cosa es que el SII pueda hacer el seguimiento de las rentas atribuidas y otra es que los contribuyentes puedan realizar sus propios cálculos. No creo sano que el Servicio sea quien me dicte mi declaración”.
Más adelante, el senador demócrata cristiano reafirmó que a él no le convence la retención del 10%, que es un mecanismo a través del cual la empresa retiene y le paga al fisco a cuenta de la persona-dueña, y luego el fisco se lo devuelve a esa persona. Quizás sería preferible subir el impuesto a las empresas y obligarlas a distribuir el 40% de las utilidades como dividendos, en vez del 30% actual, lo que provocaría un resultado similar y más simple que lo que está contemplado en el proyecto.
A lo largo de las sesiones, los parlamentarios han ido haciendo ver sus obsesiones. Por ejemplo, Zaldívar se muestra inclinado a pensar en un sistema desintegrado, es decir, que los impuestos corporativos y los de las personas corran por carriles distintos, donde haya tasas progresivas para minimizar el impacto sobre las empresas más pequeñas. Santa Cruz también se refirió a esta temática, precisando que este sistema minimiza el impacto, pero no lo elimina.
El senador Carlos Montes, por su parte, pregunta, cada vez que la situación lo amerita, qué opina el interlocutor sobre la mantención del secreto bancario y la necesidad de intercambiar este tipo de información con gobiernos extranjeros. Esta vez le tocó el turno a Soledad Recabarren, quien señaló: “El mundo va hacia allá. Estados Unidos requirió información a Suiza y este país entregó el listado total de sus cuenta correntistas (…). Si hay gente que negrea plata, debe pagar los impuestos que corresponden”.
Pero la discusión no sólo se quedó en los temas globales, sino también se fue a los casos particulares. Ya la semana pasada los socios de las auditoras no dudaron en presentar casos personales para señalar eventuales problemas y esta vez Recabarren volvió a hacerlo. Explicó a los senadores que, durante los últimos 10 años, ella ha tenido que ir al Servicio de Impuestos Internos a demostrar que la rebaja que hace de sus cotizaciones previsionales voluntarias de AFP e Isapres son reales y efectivas. El problema se produce porque ella tiene boletas de honorarios que le reportan un ingreso anual de $ 400 mil por clases que realiza a la Universidad de Chile. Por defecto, para el sistema su tope de cotización es muy inferior al real y eso la lleva a dar todos los años explicaciones al Servicio. La forma en que fue estructurado el sistema computacional del SII genera problemas y si esto no lo han podido arreglar en 10 años, imagínense lo que puede ocurrir con un cambio de sistema general, dejó entrever.
Modernización del Estado
Los empresarios también se mostraron partidarios de imponer obligaciones a la administración pública.
Santa Cruz hizo énfasis en que, si el Estado va a recaudar más, también éste debe hacer un uso más eficiente de los recursos, debe dar mayor información sobre el gasto y entregar resultados medibles de su ejecución.
Este punto ha estado hasta ahora fuera de los planteamientos del Gobierno y al interior del sector privado se mira con malos ojos el hecho de que al SII se le otorgue una serie de derechos, pero muy pocas o ninguna obligación.
Pero lo que más preocupa a los empresarios es la renta atribuida. “Nos preocupa, en primer término, el cambio de la tributación desde base retirada a atribuida, terminando con el FUT y, además, denostado. No da lo mismo consumir que ahorrar. Y es lo que por desgracia trae consigo la reforma. Creemos que quienes retiran utilidades para consumir, deben pagar más impuestos que aquellos que reinviertan y crean trabajo. Esto no está presente en la reforma”, afirmó Santa Cruz.
El empresario no trepidó incluso en dar ejemplos que no pasan el test de la blancura y que a todas luces son políticamente incorrectos. Indicó que en este proyecto se confunde a la persona natural con la empresa. “La devolución de impuestos no asegura que este dinero volverá a la empresa”, dijo. Agregó que hay créditos universitarios sin pagar o juicios por pensión de alimentos, por lo tanto, antes de que se produzca la devolución, estos dineros se irán a otros fines. “Esto es un extremo, no nos parece bien, pero son problemas reales”, argumentó.
Todos contra la renta atribuida
La renta atribuida es el nuevo foco de ataque por parte de los técnicos que se oponen a la Reforma Tributaria. Los misiles de los abogados y técnicos de las empresas auditoras apuntaron a esta norma que cruza todo el proyecto de ley.
Al interior del Gobierno insisten en que esta es una forma de atacar el Fondo de Utilidades Tributables (FUT), sin decir que el objetivo final es justamente la principal bandera del programa de la Nueva Mayoría, que es terminar con este registro de utilidades que se quedan en la empresa y cuyos dueños no tributan por ellas hasta que las retiran.
¿Por qué la renta atribuida es el corazón del fin del FUT? Básicamente porque desde el minuto en que los socios o dueños reconocen en su declaración de impuestos las utilidades que se generan cada año en las empresas donde tienen acciones o derechos, deja de existir el FUT.
Como respecto al FUT ha calado hondo en la opinión pública de que es algo negativo y una vía para diferir impuestos de manera infinita por parte de los dueños de las empresas, una forma de mantener el actual sistema sobre base percibida –que se paguen impuestos cuando se produzca el flujo efectivo a la persona natural–, es justamente atacando el concepto de renta atribuida.
El Gobierno deberá demostrar, cuando le llegue el momento, que la renta atribuida es tan difícil o fácil de administrar como la renta percibida. Deberá dar su palabra de que el Servicio de Impuestos Internos está capacitado para transitar por tres sistemas tributarios en cuatro años –el actual, el transitorio y el definitivo– y que no se producirá un atochamiento de devoluciones por incapacidad del sistema de ponerlo en práctica. A lo que se suma que deberá dar a conocer los fundamentos de por qué la atribución de rentas no colisionará con otros regímenes de países con los cuales Chile tiene tratados de doble tributación.
Pero todavía no se ha llegado a ese momento, y en el Ejecutivo aseguran que tienen argumentos “sólidos”. Afirman que no estarían insistiendo en cambiar el sistema de renta percibida a atribuida si pensaran que corren el peligro de ser acusados por inconstitucionalidad. Observan que la declaración que sacó el Colegio de Abogados respecto a la legalidad fue bastante “más ligera “ que lo que su presidenta Olga Feliú había dado a conocer públicamente al inicio de la discusión. No obstante, reconocen que todavía hay mucho por conversar y que es necesario el diálogo.
Desde la perspectiva de un abogado que ha asesorado a Hacienda, lo que está sucediendo es que el sector privado y los grupos de interés “están leyendo la Reforma Tributaria en su peor versión y por esa vía pretenden echarla abajo”.
Aunque esta afirmación tiene su parte de verdad, también es claro que las audiencias en el Senado son la vía de sentar jurisprudencia y de que haya una historia de la ley que permita, cuando afloren los problemas, poder entender cuál fue la intención del legislador.
En tal sentido, el asesor del Gobierno afirma que quizás esta es la primera Reforma Tributaria donde efectivamente los senadores tendrán un papel relevante en sentar la historia de la ley. “Las anteriores reformas, incluida la de Foxley, venían negociadas y no había debate en el Congreso”, declaró.
